La inseguridad en Perú ha llegado a niveles alarmantes, y el gobierno ha respondido declarando el estado de emergencia en ciertos distritos. El lunes 18 de septiembre del 2023, la presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció la declaración del estado de emergencia en los distritos de San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana, como respuesta a la creciente ola de delincuencia y crimen organizado que azota al país. Aunque esta medida se presentó como una solución, ha suscitado interrogantes y controversias en la población.
Y es que, aunque la medida puede servir para combatir la delincuencia en sus diferentes formas en este contexto excepcional, se cuestiona el alcance limitado de la medida, pues la delincuencia se ha reportado en varios puntos de la ciudad.
El estado de emergencia
La presidenta Boluarte, quien se encontraba en la 78 Asamblea General de la ONU en Nueva York al momento del anuncio, justificó la decisión argumentando que era una respuesta a uno de los acuerdos tomados en la sesión del Consejo de Ministros. La medida implica la presencia más cercana de la Policía y el apoyo del Ejército en estos distritos, todo dentro del marco legal correspondiente.
Sin embargo, la incertidumbre en la población se ha mantenido, ya que surgieron dudas tras la razón por la cual se ha declarado únicamente en emergencia estos distritos y no toda la ciudad. El decreto supremo que estableció esta medida se publicó el 19 de septiembre en el diario oficial El Peruano, definiendo una vigencia de 60 días en los distritos mencionados y restringiendo eventos sociales y espectáculos durante ciertas horas.
Pronunciamientos del Ejecutivo
El ministro del Interior, Vicente Romero, ha reiterado que la declaración del estado de emergencia está reservada para situaciones especiales, basándose en las recomendaciones de expertos y la evaluación de la situación. Ha defendido la medida al señalar que distritos como San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres tienen un alto índice de delincuencia y niveles de violencia significativos. Sin embargo, no ha descartado la posibilidad de extender la medida a otros distritos en el futuro.
Romero defendió el estado de emergencia focalizado.
Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, ha enfatizado que se está llevando a cabo una colaboración estrecha para fortalecer las operaciones policiales en el marco del estado de emergencia.
Además, subrayó que no se está descuidando la labor policial en otros distritos que no han sido incluidos en esta medida. En este contexto, el ministro destacó el respaldo del Ejecutivo a la labor de la Policía Nacional del Perú en su lucha contra la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, y ha señalado que se están coordinando esfuerzos para reforzar a los agentes policiales en sus operaciones.
Expansión de la medida
Lo que ha llamado la atención recientemente, es la respuesta de los alcaldes de diferentes distritos de Lima, quienes han expresado su deseo de ser incluidos en la declaración de estado de emergencia. En un comunicado conjunto, instaron al Gobierno a intensificar la estrategia de lucha contra la delincuencia en los distritos con altos índices de criminalidad en Lima Este, argumentando que esta medida sería crucial para devolver la paz a una población de más de 3 millones de habitantes.
En declaraciones para El Reporte, el analista político y exmiembro del GEIN José Luis Gil, destacó que la declaración de emergencia debería de ser generalizada para evitar el efecto “globo”.
“No es una medida popular y a mí en lo personal tampoco me agrada, pero es necesaria para parar el desenfreno criminal”, señaló Gil. “Este se puede controlar con un estado de emergencia, pero siempre y cuando se estén implementando estrategias de inteligencia operativa para capturar, detener y neutralizar. Si solamente se van a enfocar en un distrito, el efecto globo terminará por perjudicar a otros lugares”, comentó.
Gil pide expandir el estado de emergencia.
Por su parte, la congresista Patricia Chirinos, presidenta de la comisión de Defensa del Congreso, ha citado al premier Alberto Otárola para que explique los criterios que se tuvieron en cuenta al declarar el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres. En su opinión, esta medida no es suficiente para combatir la inseguridad ciudadana, que se ha propagado de manera alarmante en todo el país. Chirinos argumenta que la delincuencia, las extorsiones y el sicariato operan impunemente en Lima y el Callao, y que declarar el estado de emergencia en solo dos distritos no aborda el problema de manera integral.
La importancia de los equipos
Gil destaca también la relevancia de los equipos asesores de las autoridades, quienes no estarían actuando de la manera más adecuada.
“Técnicamente son los equipos técnicos del gobierno, de alcaldes y ministros los que tienen una opinión y estos temen a inducir a error por ignorancia o falta de experiencia”, dijo. “La presidenta tomó decisiones políticas importantes en enero respecto de la fuerza de seguridad. Lo que no es correcto es la inducción de los equipos de asesores que no saben de esta materia tan importante y se han puesto conservadores ante estas medidas. Yo no sé si sea por sesgo político o por ignorancia”, concluyó.
Mientras algunos aplauden la declaración de estado de emergencia como un paso en la dirección correcta, otros cuestionan su alcance y eficacia. La controversia persiste, y la población espera respuestas concretas y acciones efectivas para abordar este problema que afecta la calidad de vida de millones de peruanos. La lucha contra la inseguridad ciudadana es un desafío que requiere una estrategia integral y la colaboración de todas las autoridades competentes, así como la participación de la sociedad civil. Queda esperar una respuesta más eficiente de las autoridades, el crimen no espera.