Recientemente, en el mundo paralelo como diría el conductor Pancho de Piérola, el Proyecto de la Nueva Ley del Cine ha causado controversia, principalmente entre los protagonistas (o mejor llamados, beneficiarios) de la argolla cinematográfica peruana. En las siguientes líneas, una defensa al proyecto de la nueva ley del cine, desde la visión de un capitalista amante del cine.
Primero, no existe una “ley del cine” vigente. La actual normativa del cine peruano se encuentra mal regulada por Decreto de Urgencia y es a todas luces inconstitucional por no cumplir con los requisitos para haber sido emitida mediante esa disposición. Esta norma, además, forma parte de la dictadura/gobierno del hoy inhabilitado Martín Vizcarra, quién “gobernó” el país a punta de decretos de urgencia inconstitucionales durante su gobierno autoritario, sin mayor consulta ni debate con todos los actores involucrados.
Solo esa razón es suficiente para que el Congreso de la República debata y apruebe una Ley del Cine que represente realmente los intereses de la nación, escuche a todos los actores involucrados y tenga por objetivo el desarrollo cultural y económico del país. Pero no va a ser fácil, porque chocar contra una argolla siempre es difícil y más aún cuando la disputa recae sobre fondos públicos.
El Proyecto de la nueva Ley del Cine impulsada por la congresista Adriana Tudela propone, básicamente, abrir el mercado cinematográfico y turístico del Perú a mejores producciones nacionales y extranjeras. La propuesta otorga incentivos tributarios a las producciones nacionales y extranjeras que filmen en las locaciones de territorio nacional, promueve la competencia entre quienes aspiran a los subsidios (fondos públicos) para grabar películas; y, además, simplifica la burocracia estatal para tener reglas claras.
No obstante, la referida propuesta choca directamente con la argolla mercantilista que hoy controla el cine “independiente” peruano, porque propone recortar los subsidios que hoy reciben. En concreto, el proyecto de ley señala que el Estado solamente podrá subsidiar el 50% del proyecto cinematográfico, a diferencia del 100% que pueden obtener hoy.
La lógica detrás de limitar al 50% es simple: tenemos que generar competencia y una industria cinematográfica en el Perú. Tenemos que unir el factor económico a la cultura, porque de lo contrario solo tendremos argollas que viven del Estado para hacer propaganda audiovisual (no cine).
Es inaudito que los impuestos de los peruanos, en lugar de destinarse a salud, educación o seguridad, hayan solventado producciones como “La Revolución y la Tierra”, “Hugo Blanco” o “Mi cuerpa, mis reglas”. No señores, si quieren hacer propaganda de izquierda, háganla con la suya, pero no con dinero ajeno.
Es preciso señalar que esta propuesta tiene una lógica capitalista que debemos apoyar. Si queremos que el verdadero y buen cine regional (Wiñaypacha, Retablo, entre otros) e independiente lidere y compita a nivel mundial, tenemos que aspirar a tener una industria cinematográfica rentable, con coproducciones e inversiones públicas y privadas. La próxima nueva ley del cine tiene que generar competencia, industria y eliminar a toda costa a aquellos que solamente hacen propaganda o películas de mala calidad