Esta semana, la agenda política ha dado un "giro inesperado". De pronto, un tema que debería estar en "segundo plano" saltó a las carteleras, porque aparentemente se pueden trastocar algunas cuotas de poder que usualmente pululan entre los círculos "underground" de nuestra esfera cultural. Hablamos, como es evidente, del Proyecto de Ley N° 5903/2023-CR (PL) para la modificación de la Ley del Cine Peruano.
Curiosamente, antes de generar una esfera de discusión razonable y alturada, se ha convertido en una fuente de contradicciones y opiniones desmesuradas u ofensivas, que solo sacan a relucir poca cultura "democrática e histórica", de aquellos que se dicen excelsos representantes de la oposición al PL.
Por supuesto, como el PL ha sido planteado por un partido como Avanza País, la crítica proviene del alineamiento en la prensa "alternativa", unida a los medios de difusión de los principales interesados en que no se produzcan recortes en los presupuestos que se colocan a su disposición. Además, han atacado al PL y sus proponentes incorporando a la crítica un trasfondo de discriminación que no se desprende del texto en evaluación, pero esta falacia siempre ayuda a desprestigiar al grupo parlamentario, en tanto no es de tendencias socialistas.
Evidentemente, el ojo de la tormenta se ha centrado en los planteamientos de reducción presupuestaria de los aportes del estado (porque al final es donde más duele a los involucrados), dejando de mirar los demás aspectos del proyecto. Como si el plantear una reducción presupuestaria involucrara per se que todo lo demás incluido en la propuesta no tuviera ningún tipo de sentido.
Sin perjuicio de todo lo señalado, sería justo que se explicara que la norma que se pretende modificar tiene algunos matices bastante irregulares. Por ejemplo, la Ley que regula al cine peruano es el Decreto de Urgencia 022-2019 (DU), dictado por el controvertido Martín Vizcarra, -luego de efectuada la disolución del congreso en el 2019-, en el marco de una realidad en la que dicho sector no podría requerir una atención prioritaria, frente a la instalación de postas médicas, escuelas, comisarías, programas sociales alimentación en menores u otros servicios de primera necesidad.
Asimismo, si uno revisa los lineamientos del citado DU, la primera impresión que genera dicha norma (repleta de sesgos nacionalistas), es que la misma parece estar destinada más a la producción de documentales que a películas de cine propiamente dichas. De la misma manera, tampoco exige a los productores de las películas que exista algún interés para que se produzca un retorno de la inversión que hace el Estado para la realización de las películas.
En efecto, y aunque tampoco aparece dentro de los planteamientos del PL, lo mínimo que debería exigirse a los proyectos de las películas a ser financiadas por el Ministerio de Cultura, es que las mismas cuenten con un estudio de factibilidad comercial que garantice un porcentaje de retorno respecto de la inversión realizada, habida cuenta de que, como cualquier negocio o puesta en escena, es necesario establecer una línea base que sirva como mecanismo de presión para el sostenimiento e incremento de la calidad de las películas financiadas con impuestos de todos los peruanos.
Por más que para la producción de una película se deba ganar un concurso, la subjetividad en el gusto e ideales de unos cuantos no puede convertirse en la vara de medición que determine el destino de nuestros impuestos, puesto que ello inevitablemente se presta a la sospecha y suspicacia de los amiguismos o el pago de favores. Imagínense, si la ejecución de una obra/proyecto de infraestructura requiere de un estudio de factibilidad (que no se limita al análisis del presupuesto), ¿por qué no puede ocurrir lo mismo con una película? Recordar, asimismo, que para la mayoría de los cineastas, las películas representan más lo que ellos mismos quieren ver en pantalla que lo que el público busca para satisfacer su conocimiento u ocio. ¡Y si no sale de su bolsillo, mejor!
Si vamos a regular el cine, lo mejor es que ello ocurra de manera objetiva y transparente, a través de la discusión abierta y sincera de los parámetros y requerimientos que la industria necesita para su mejor desarrollo en todas sus vertientes, y no a través de un innecesariamente exacerbado debate que, antes de ser técnico, se perfila como un llanto de película, infestado de odios, polarizaciones e ideologías que poco o nada favorecen al desarrollo del séptimo arte en el Perú.