En un giro inesperado y acelerado, la Comisión de Justicia del Congreso de la República revisó y cambió sustancialmente las conclusiones de su informe inicial que inicialmente desestimaba todas las imputaciones presentadas contra los magistrados de la Junta Nacional de Justicia.
Cambio radical
Este primer informe no encontraba "causa grave" en las acusaciones formuladas. Sin embargo, después de un proceso de revisión y debate, un nuevo informe fue aprobado con 15 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones. El nuevo documento será debatido en el Pleno del Congreso, y las implicaciones de esta decisión son de gran relevancia.
Como se recuerda, la congresista Chirinos planteó en su moción que se produjo una "intromisión ante la Sala Plena de la Corte Suprema" por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), con el propósito de obtener un pronunciamiento favorable en apoyo a Zoraida Ávalos, exfiscal de la Nación.
Por otro lado, la congresista Ruth Luque, perteneciente a Cambio Democrático - Juntos por el Perú, anunció su intención de presentar un informe en minoría. La legisladora izquierdista expresó sus dudas acerca de la falta de defensa por parte de la presidenta de la comisión del informe original elaborado por la secretaría técnica.
Las claves
Uno de los puntos clave que llevaron a esta recomendación de destitución es la interpretación del límite de edad para ser miembro de la JNJ. La Constitución establece que los miembros de la JNJ deben tener entre 45 y 75 años. La controversia surgió cuando se cuestionó si Inés Tello Valcárcel, uno de los miembros de la JNJ, podía permanecer en su cargo a pesar de haber superado los 75 años.
El informe inicial argumentó que esta cuestión no constituía "causa grave", ya que se trataba de una interpretación de una norma constitucional. Sin embargo, el nuevo documento llegó a la conclusión de que los miembros de la JNJ habían incurrido en "causa grave" al no cumplir con este requisito constitucional.
Otro aspecto destacado es el deber de la JNJ de presentar un informe anual al Congreso de manera oportuna. Se argumentó que la JNJ no cumplió con su deber constitucional y su propia ley orgánica al no presentarlo en los años 2021 y 2022, como lo exige la Constitución.
Este incumplimiento se consideró una "causa grave" en el nuevo informe y se sumó a las razones para recomendar la destitución de los miembros de la JNJ. La falta de presentación de reportes anuales se considera una violación de los procedimientos establecidos y una falta de transparencia en el funcionamiento de la JNJ.
Sin embargo, es importante destacar que no todas las acusaciones formuladas contra la JNJ fueron respaldadas en el nuevo informe. Por ejemplo, se desestimaron acusaciones relacionadas con la supuesta presión ejercida por los miembros de la JNJ sobre el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que emitiera un pronunciamiento a favor de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos. En este caso, se concluyó que no había evidencia sólida de tal presión.
Asimismo, no se respaldó la acusación de filtración a IDL Reporteros de un procedimiento disciplinario que sigue la JNJ contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
La decisión de la Comisión de Justicia ha desatado un debate intenso y polarizado en el Congreso y en la opinión pública de Perú. La recomendación de destitución será sometida a votación en el Pleno del Congreso, donde se necesitarán 87 votos para que sea aprobada. ¿Será este el fin de los miembros de la Junta Nacional de Justicia?