El enfoque multidimensional de la seguridad nacional que rige actualmente tiene tres ámbitos: el externo, el interno y el de desarrollo humano. Es dentro del ámbito interno que se califica en:
Sin embargo, estamos obviando los otros temas de seguridad nacional y confundiendo todo. Debemos ser conscientes de que existen otros estadios de la seguridad y que nuestras FFAA y otros pocos sectores del Estado ayudan a mantener. Tenemos, por ejemplo, la seguridad territorial, seguridad diplomática, seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, seguridad de las personas, seguridad de la información, seguridad energética, seguridad de la educación, seguridad política y jurídica, seguridad económica, seguridad de la comunidad y seguridad alimentaria, cada una de ellas con su propio desarrollo de escenarios, planes y conducción, como podrán apreciar en la figura. La seguridad ciudadana es quizá la que más nos preocupa porque es la que nos impacta de forma directa a nosotros y a nuestro entorno más cercano (familia, amistades, trabajo).
Entendemos perfectamente que el actual gobierno tiene ya una mochila muy pesada con los fallecidos en las protestas, que, podamos o no estar de acuerdo, acompañarán a las autoridades involucradas durante largos años de investigación fiscal. Y quizá el problema estriba ahí, ya que hay disposiciones evidentes de prohibición del empleo del uso de la fuerza con armas letales; lo que desemboca en el sufrimiento inexorable de nuestra policía al recibir insultos, palos y piedras sin poder imponer el imperio de la autoridad. De esta manera, se entiende que en Puno no hayan actuado como saben y debieron actuar nuestros soldados. A esto sumémosle que se encarcelan efectivos por abatir hampones que, en estricta flagrancia, los estaban cogoteando. Ejemplos sobran.
No sabemos si el concepto de seguridad ciudadana para el actual régimen se ha convertido en un agujero negro, o una caja de Pandora o un tablero de Jumanji, lugares donde todo o nada puede suceder. Vemos autoridades policiales de amplia y reconocida experiencia sin poder dar soluciones efectivas, ya que encima tienen un techo político no técnico que les impide emplear la fuerza que requiere una república para hacer prevalecer el orden y la ley.
El filósofo inglés Thomas Hobbes (1588-1679) decía que, para evitar la anarquía y la guerra civil, las naciones requieren la presencia de un Estado robusto y autoritario. Este objetivo se alcanza al establecer soberanía y subordinación entre las personas. Es en el Estado donde priman las leyes morales por encima de las leyes naturales, donde prevalecen los deseos colectivos versus los deseos pasionales de los hombres. Para Hobbes, la principal función del gobierno es asegurar la paz y la estabilidad. Es así como se explica la imposición de restricciones plasmadas en la Constitución peruana, al establecer los estados de excepción y restricción de libertades. Más recientemente, el sociólogo y economista político Max Weber (1864 - 1920) argumentó que las restricciones impuestas por el Estado deben ser aceptadas por la sociedad, en el estricto entendimiento y reconocimiento del Estado como poseedor del monopolio de la violencia legítima, o conocido ahora con un título menos agresivo como: el empleo de la fuerza.
Estas imposiciones y restricciones son afines a los Estados en todo el mundo, el no imponerlas nos conduce directo a una anomia o estado de desorganización social. Pues en esa dirección vamos. En la primera semana de noviembre de 2023 y de forma unánime, la comisión de Defensa del Congreso rechazó la propuesta legislativa del Gobierno que buscaba establecer la "Policía de Orden y Seguridad" con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana. A pesar de la designación prioritaria por parte del Ejecutivo, la iniciativa fue archivada. Este proyecto era considerado por el ejecutivo como la "solución inmediata" para abordar la inseguridad, ya que posibilitaría una mayor presencia policial en las calles. Sabemos que eso no se ajusta a la verdad.
Existen formas de enfrentar la inseguridad ciudadana y eso pasa por permitir que las fuerzas armadas reciban algunas de las misiones que tienen actualmente la policía a fin de llevar más efectivos policiales a las calles (si eso es lo que pretendía el gobierno). Funciones como control de todos los puestos fronterizos, las unidades de salvataje en mar y cordillera, unidades de desactivación de explosivos y rescate de rehenes, control de aeropuertos, solo por citar algunas misiones. Eso permitiría volcar a las calles una gran cantidad de efectivos. Si a esto le sumamos el contrato de policías retirados – previamente evaluados y poligrafiados- para realizar las actividades diarias en las comisarías y los de actividad -que estaban en ellas- también a las calles, esto generaría mucha más efectividad de nuestra policía. Esta última actividad sería más productiva y menos costosa que generar una nueva policía del orden y seguridad, a todas luces.
Hay muchas disposiciones que se deben implementar ya mismo, por ejemplo: