La reciente aprobación, por insistencia, de la ley que le reconoce derechos al concebido, puede ser para gran parte de la derecha una victoria más, que la ve como una forma de salvaguardar y asegurar la vida. Sin embargo, considero que dicha ley solo nos abre las puertas para ulteriores problemas.
Vayamos por el inicio. ¿Era necesaria esta ley? Desde una perspectiva legal, no. Los derechos del concebido eran ya reconocidos por una normativa de rango superior, que es la Constitución. No hay ni que leerla mucho, solo debemos remitirnos al artículo 2 numeral 1 que establece que “El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece”. Por lo que esta ley, no introduce nada nuevo. Y tampoco sirve como un seguro.
Hay una redundancia normativa. La promulgación de esta ley revela la tendencia absurda de la positivización extrema de las normas. Muchos creen que cuantas más normas escritas protejan algo, mejor es. Pero no es así, mucho menos si ya lo indica la Constitución. Esta norma, en vez de ser un garante, confiando en que esa era la voluntad de los legisladores, se ha vuelto un sendero a un debate político potencialmente perjudicial para el concebido.
Como hemos visto en los últimos años, no hay hegemonía en nuestros poderes. Los políticos elegidos para esos cargos salen de la nada, como Pedro Castillo. Entonces, imaginemos el desastroso y no tan disparatado escenario, que la izquierda gane las elecciones congresales en el 2026, pero no la senderista y castillista, sino la “moderada” y “socialdemócrata” izquierda caviar. ¿Y si logran derogar esa ley?
El panorama se tornará oscuro. Habrá quienes alegarán que el concebido no tiene derechos y que por ende el aborto debe ser legal. Mientras también habrá quienes se apegarán debidamente a la Constitución y dirán que no importa si la ley se derogó, dado que nuestra carta magna reconoce dichos derechos de igual manera. Generando así un debate innecesario, que sería, capaz, el impulso necesario para los colectivos abortistas para buscar legalizar el asesinato de bebés, como sucedió en Argentina. Un peligro por una ley que, en realidad, no altera nuestro sistema jurídico.
Y así nos adentramos al mundo de la relatividad.
Y si tenemos un Tribunal Constitucional ambiguo como el actual, que permite que terroristas sean candidatos a presidentes y que uno pueda comprar niños en el extranjero y nacionalizarlos, estamos perdidos. Peor aún si es uno zurdo como el anterior, que declaró constitucional el golpe de Vizcarra.
¿De verdad se protege al concebido?
¿Por qué no mejor los congresistas no promueven una reforma constitucional en la que en el artículo 2 de la Constitución se prohíba explícitamente el aborto (salvo el terapéutico)? ¿No se atreven o solo quieren leyes simplistas? Señores congresistas, si quieren hacer algo por el concebido, ese es el camino.
¿Por qué no mejor modificamos el Código Penal? Ya que según el artículo 114 del mismo la pena a una mujer que abortó no es mayor a 2 años… y el 115 condena con máximo 4 años a quien provoque una aborto con el consentimiento de la madre. El aborto sin consentimiento se condena con máximo 5 años, en el 116. El aborto preterintencional en el 118, 2 años como máximo. Es decir, que las sanciones para los abortistas son insignificantes.
Y es un asesinato, guste o no.
Si lo que quieren es evitar la legalización y ejecución de abortos, deben proponer una reforma constitucional que lo prohíba expresamente. Y aumentemos, las ridículas penas contempladas en el Código Penal, que a homicidas les dan 5 años, como máximo, por asesinar un bebé. Mandemos operativos a los centros con soluciones para los “atrasos menstruales” que se encuentran pegados en las calles y condenemos a los centros abortistas y a quienes lo practican. Pero no hagamos leyes inútiles, por favor.