En una jornada histórica y extensa para España, el Congreso de los Diputados reeligió a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Francina Armengol, presidenta de la cámara, anunció el veredicto que otorga a Sánchez la confianza de la mayoría, pero no sin controversias y desafíos que perfilan el futuro político del país. Esto se da, además, en un contexto bastante delicado, ya que el socialista Sánchez tuvo que pactar con cuestionados grupos separatistas de España con tal de mantenerse en el poder, incluso si esto implica darle amnistía a independentistas que afrontan juicios.
Polémica
La investidura de Pedro Sánchez estuvo marcada por una ajustada mayoría: 179 votos a favor y 171 en contra. El respaldo de los siete diputados liderados por Carles Puigdemont, secesionista catalán que impulsó un referéndum inconstitucional para la independencia de Cataluña el 2017, se reveló como la pieza clave en la configuración de la reelección de Sánchez. Este apoyo no fue gratuito, sino resultado de un polémico acuerdo que incluye la amnistía para los independentistas procesados, un tema que despierta fuertes rechazos y tensiones.
El infame presidente del Gobierno, en su segundo mandato, tendrá la tarea de formar un nuevo gabinete en los próximos días, poniendo fin a casi cuatro meses de bloqueo político tras las elecciones legislativas de julio. Pero incluso después de esta investidura, las cosas siguen sin estar claras.
En su camino hacia la investidura, Pedro Sánchez negoció con diversos grupos regionalistas para consolidar su apoyo parlamentario. Uno de los acuerdos más controvertidos fue con Juntos por Cataluña, liderado por Puigdemont, quien vive en Bélgica para evitar su procesamiento por el intento de secesión de Cataluña en 2017. Este pacto implica el compromiso de los socialistas con la aprobación de una ley de amnistía, una medida que Sánchez defiende como necesaria para "cerrar heridas" originadas durante la crisis de 2017.
Amnistía
La propuesta de amnistía ha desatado una ola de críticas, especialmente provenientes del Partido Popular del excandidato Alberto Núñez Feijóo. El PP acusa al Partido Socialista de buscar mantenerse en el poder a toda costa, advirtiendo sobre posibles consecuencias en la Unión Europea. La medida, rechazada por la mayoría de los españoles según sondeos de opinión, provocó manifestaciones masivas en toda España y tensiones que llevaron a disturbios y detenciones. Las calles hacen sentir a las autoridades su rechazo al cuestionado pacto entre el presidente reelecto y los separatistas.
Las tensiones en torno a la investidura se tradujeron en un despliegue masivo de fuerzas policiales. Más de 1,600 policías se desplegaron en Madrid para garantizar la seguridad alrededor del Congreso de los Diputados, completamente acordonado desde el miércoles. Este ambiente de alta tensión llevó a Pedro Sánchez a hacer un llamado a la oposición para que actúe con responsabilidad y evite provocar tensiones en las calles.
“No se la juegue”
La configuración parlamentaria que rodea al líder socialista se presenta como heterogénea e inestable. Mertxe Aizpurua, portavoz de Bildu, advierte que el apoyo de su formación, heredera de la organización separatista vasca ETA, no es un "cheque en blanco". Feijóo, líder del PP, augura un gobierno que se prorrogará mes a mes, insinuando que el presidente Sánchez no será quien realmente mande.
En este contexto, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), destaca la capacidad de su formación para influir en las decisiones de Sánchez. Rufián advierte sobre la necesidad de ERC para que el presidente se mantenga en La Moncloa, señalando que ya no podrá contar con el apoyo de Ciudadanos.
“Mire este hemiciclo, mírelo. ¿Ve alguna alternativa a nosotros? ¿Ve aquí a Albert Rivera, a Inés Arrimadas? ¿Los ve? No. No se la juegue. No se la juegue, créame”, le advirtió seriamente.
Además, resalta la importancia de no subestimar la fuerza de ERC, ofreciendo incluso ayuda a Junts per Catalunya (JxCat) para evitar que el PSOE les "engañe" con los pactos de investidura.
La reciente investidura de Pedro Sánchez refleja una España dividida y enfrentada a desafíos políticos y sociales significativos. La polémica amnistía, las tensiones en las calles y las advertencias de partidos políticos dibujan un horizonte complejo para el nuevo gobierno. El presidente, en medio de una mayoría parlamentaria inestable, deberá demostrar habilidad política para gestionar las tensiones internas, pero como ya se ha demostrado, alguien del talante de Sánchez buscará soluciones que le permitan extenderse en el poder, a costa del bienestar de los ciudadanos españoles.