Como se ha revelado hace unos días en el programa Panorama, la presidenta de la República, Dina Boluarte, ha demandado al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil por la suma de casi medio millón de soles, S/.428,905 siendo exactos.
Según nuestra mandataria, dicho monto sería por conceptos laborales del periodo en el que trabajó en la Reniec. Sin embargo, hay diversas controversias respecto a ciertos conceptos de pago que Boluarte estaría solicitando.
Antecedentes
Como se sabe, Dina Boluarte fue trabajadora en la Reniec desde el año 2007. Solicitó una licencia sin goce de haber en el 2021 mientras era candidata a la vicepresidencia de la República con Perú Libre, en las pasadas elecciones generales.
No obstante, su demanda data de una fecha previa a su licencia, remontándose al año 2020. En enero de dicho año, Boluarte perdió las elecciones complementarias, tras el golpe de Vizcarra. Fue entonces cuando la mandataria presentó una demanda contra de la Reniec por concepto de beneficios sociales, los cuales se elevaban a un monto de cerca medio millón de soles.
La Corte Superior de Justicia de Lima favoreció la postura de Boluarte en una sentencia en la cual establecía que la actual presidenta del Perú debía recibir un monto de S/. 300,000 soles por parte de la Reniec. La institución estatal apeló dicha sentencia, sin embargo, esta fue ratificada por el Poder Judicial, estableciendo que a Boluarte le corresponde un pago de S/.239,674 soles. Al igual que con la sentencia en primera instancia, la Reniec apeló dicha medida.
Dina Boluarte demanda por cerca de medio millón de soles a la Reniec por pagos controvertidos
Controversias
Resulta alarmante que Boluarte habría solicitado, dentro de todos los conceptos de pago en su demanda, beneficios sindicalistas. Lo llamativo es que, la presidenta, durante su periodo como trabajadora en la Reniec no solo nunca participó en un sindicato formalmente, sino que legalmente tampoco habría podido.
En primera instancia, la Sala dispuso que la mandataria debía recibir un monto de S/. 84,151 soles como beneficios sindicales, a pesar de que era una trabajadora de confianza.
El problema se remite a que los trabajadores de confianza, según nuestra legislación, no pueden ser parte de las organizaciones sindicales, como lo establece el artículo 42 de la Constitución que señala que “Se reconocen los derechos de sindicación y de huelga de los servidores públicos. No están comprendidos los funcionarios de Estado con poder de decisión y los que desempeñan cargos de confianza o de dirección, así como los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”.
De igual manera, el Tribunal Constitucional ha ratificado la congruencia de la restricción del derecho de sindicación a los funcionarios con poder tanto de dirección como de decisión y trabajadores de confianza, según lo establece dicho artículo de la Constitución como también de las disposiciones normativas internacionales como es el artículo 1.2 del convenio 151 de la Organización Internacional de Trabajo.
Por lo que es llamativo, y más que cuestionable, que Dina Boluarte, habiendo sido una trabajadora de confianza, demande por conceptos sindicales cuando la normativa prohíbe a estos trabajadores participar en sindicatos. Más aún cuando nuestra mandataria ni siquiera ha formado parte de algún sindicato formal durante su periodo como trabajadora en la Reniec.
Posiciones
Esta demanda ha llamado la atención de diversos políticos que se han manifestado al respecto, tanto a favor como en contra de la posición de Dina Boluarte. Incluso se ha cuestionado si es que la mandataria estaría ejerciendo presión desde su cargo para ganar el caso.
Flavio Cruz cuestiona la ética de Boluarte tras demanda.
El congresista Flavio Cruz de Perú Libre cuestionó que ““Ella (Boluarte) en este momento debería guardar alguna compostura ética, por ser la mandataria, y me parece que está usando su poder para presionar a una entidad subalterna a su condición y eso lo hace vergonzoso”.
Por su parte, Norma Yarrow, legisladora de la bancada de Avanza País indicó que “son cosas que sacan de estructura a una persona que es la máxima autoridad del Estado. Debería darle vergüenza ser una persona con tan pocos escrúpulos, sabiendo que estamos viviendo una recesión”.
Por otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, salió a la defensa de la jefa de Estado y señaló que “En el Ejecutivo siempre hemos expresado nuestro respeto por la separación de poderes, no van a encontrar a un solo funcionario, llámese presidenta, primer ministro, ministro, que vaya a presionar a ningún magistrado, fiscal, persona o funcionario que tenga que tomar decisiones”.
Es inexorable cuestionar la ética de la presidenta de la República, que ocupando el cargo que tiene, ha presentado una demanda más que cuestionable, con argumentos que van fuera del marco de la ley. Deslegitimizando, aún más, su posición como jefa de Estado.