Ha salido a la luz el video completo de la Torre de Control del Jorge Chávez en el momento del fatídico accidente ocurrido el año pasado, y amén de lo cuestionable que puede ser el hecho de que los implicados decidan alinearse criminalmente para guardar silencio y no verse personalmente implicados; lo que verdaderamente considero salió a la luz, es la complicidad institucional que adoptaron los representantes de CORPAC para no solo negar los hechos, sino culpar a otros, cerrando filas para que la empresa estatal NO asuma los pagos de las indemnizaciones por la responsabilidad que legalmente le corresponde.
Si bien el hecho es vergonzoso en si mismo, lamento decir que en realidad lo que estamos viendo en “pantallas” más parece responder a un estándar o política no escrita, sobre la forma de actuar del Estado y sus funcionarios, cada vez que tiene que asumir una responsabilidad evidente que no desea ser asumida por nadie y por ende se intenta endosar a la subsiguiente gestión/responsable. Para materializar esta política, se instruye a los procuradores actuar y activar los más bajos artilugios orientados a negarse o dilatar sistemáticamente el cumplimiento de dichas obligaciones, sobre todo cuando los acreedores de dichos pagos son inversionistas o personas debidamente inscritas en los registros nacionales.
Si tienen dudas, basta con recordar la cantidad de argumentos y justificativas que ha dado el Estado para no pagar los Bonos de la Reforma Agraria. Han transcurrido prácticamente 50 años desde aquel vergonzoso evento, y el resultado real es que el Estado robó las tierras y equipos a los empresarios agrícolas de aquellos tiempos, para entregarles a cambio papeles que hasta la fecha no pueden ser cobrados y que parecen imposibles de volver a convertir en dinero hasta el día de hoy. Lo mismo pasó con la devolución de los aportes al Fonavi,prácticamente han sido pospuestos hasta conseguir que la mayoría de los aportantes e interesados en el cobro desaparezca por efecto del tiempo, pues al final dichos acreedores ni siquiera tienen un bono o título que los pueda reconocer como tales.
Pero si alguien cree que exagero, y piensa que esta política no ocurre en estos días; puedo comentarles que cuando los empresarios ganan los arbitrajes a las entidades estatales, estas no hacen otra cosa que mostrar los más bajos galardones de mal perdedor y solicitan la anulación del laudo por la vía judicial -aun cuando legalmente no hay argumentos para ello-, sólo para retardar el pago de las obligaciones, forzando a los empresarios a recurrir a las instancias judiciales que demorarán años en resolver y con ello finalmente hacerse de sus cobros con tasas de intereses que no compensan la demora, sin que nadie logre entender por qué les cuesta proponer alternativas de pagos más eficientes. Esta es, entre otras tantas, una de las razones por las que una concesión como Rutas de Lima, no esta dispuesta a ceder fácilmente el contrato ante la MML, pues muy probablemente el tiempo que le tome cobrar su indemnización sea mayor a la propia ejecución del contrato.
¿Más ejemplos? El Estado es el más grande deudor de Essalud, lo que no solo significa que les quita a sus trabajadores el derecho de atención, pues en paralelo se perjudica la calidad de los aportantes privados que se ven afectados por la reducción del ingreso a la Entidad. Sé de una empresa de servicios de saneamiento (esas que los socialistas defienden como supuestamente eficientes e imposibles de privatizar), que tiene adeudos por suministro de luz y habida cuenta que se trata de un servicio esencial, no les cortan el correspondiente servicio, pero se sigue generando deuda. Acaba de empezar una huelga de trabajadores de SUNAFIL por la falta de reconocimiento de derechos laborales; es decir, son el ejemplo perfecto de la casa del herrero, y tienen el descaro de ir a pedir a los empresarios que cumplan con aquello que ellos no gozan ¡Y bajo pena de multa! ¡Obvio pues! ¡si multan al MTPE nunca va a pagar!
En resumidas cuentas, el Estado peruano actúa prácticamente igual que un chofer de combi o un repartidor en moto. No importa cuántas veces se pasen la luz roja, se metan en contra o se suban a la vereda, aunque les pongan todas las multas posibles ellos actuarán igual porque nunca la van a pagar. En el caso del aeropuerto, la opinión pública se solidariza con justa razón con los bomberos que perdieron la vida (al final eran los más débiles de la cadena, e incluso fueron injustamente responsabilizados del evento); sin recordar que los efectos de aquella negligencia dejaron todo el transporte aéreo nacional paralizado por al menos 3 días, con pérdidas millonarias en muchos sectores económicos que de alguna manera también deberían ser indemnizados por CORPAC.
Definitivamente, resulta imperioso que la “política nacional del perro muerto” termine de una vez, pues de continuar con la misma posición sólo ahuyentaremos a las inversiones nacionales y extranjeras, con las consecuentes contracciones de crecimiento económico.
Nótese que para pagar en lo que respecta a bonos u órdenes de pago por laudos arbitrales, no necesariamente se tiene que entregar el dinero en efectivo (aunque evidentemente sería lo más adecuado); pues podríamos empezar a reconocer que los correspondientes derechos de pago, pueden convertirse en vales de descuento para el pago del impuesto a renta -con límites máximos de aplicación por cada pago-, y con ello los tenedores del crédito por parte del Estado pueden finalmente materializar el recupero de su dinero endosando sus bonos en el mercado privado. En el caso de los bonos de reforma agraria, incluso podrían pagarse (a valor actualizado/indexado) con la entrega de terrenos por áreas equivalentes en nuevos proyectos de irrigación, de esta manera se incentiva la generación de mayores inversiones que involucran la generación de nuevos puestos de trabajo.
Ojalá y algún congresista pueda parar esta política del perro muerto, pues 50 años son demasiados para asumir una responsabilidad o para pagar algunas deudas.