En medio de una gran conmoción en el Ministerio Público, siguen saliendo nuevos elementos al descubierto. Como se recuerda, la mañana del lunes se tornó intensa, marcada por una serie de enfrentamientos verbales entre la Fiscalía de la Nación y el Ejecutivo. En el epicentro de esta controversia, figuraban Patricia Benavides, fiscal de la Nación, y la presidenta Dina Boluarte, junto al primer ministro Alberto Otárola.
Luego de su primer pronunciamiento después del operativo realizado contra sus asesores, Benavides anunció de manera sorpresiva la presentación de una denuncia constitucional contra la presidencia Boluarte, el premier Otárola y exministros del Interior.
Pero, ¿qué acontecimientos desencadenaron la ruptura de la cordialidad entre Benavides y Boluarte? Fuentes del diario Expreso revelaron detalles reveladores que podrían arrojar luz sobre esta tensa relación.
Enfrentamiento
El diario indica que desde el inicio, el Gobierno buscó obstaculizar los intentos de la fiscal de la Nación de presentar una denuncia constitucional contra Boluarte y Otárola. Estos altos funcionarios están bajo investigación por presuntas violaciones a los derechos humanos por el fallecimiento de personas durante las protestas sociales de diciembre de 2022 y marzo de 2023. Fuentes del medio indican que para llevar a cabo esta estrategia, se habría reclutado a Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder (Eficcop), designada por la propia Benavides. También, se menciona la participación del suspendido coordinador del Equipo Lava Jato, Rafael Vela, y del fiscal provincial José Domingo Pérez.
Los informantes sugieren que estos actores buscaban impedir investigaciones que involucraban a poderosos sectores políticos y económicos. Al parecer, su objetivo final era remover a la fiscal Benavides para actuar con impunidad y poner fin a las investigaciones en curso.
El intermediario
En esta trama, el coronel PNP Havey Colchado también emerge como un personaje clave. Como bien se recuerda, el coronel fue clave en la captura del expresidente Pedro Castillo luego de su fallido golpe de Estado realizado el pasado 7 de diciembre.
Se alega que Colchado, solicitó al premier Alberto Otárola su ascenso al rango de General de la Policía. A cambio, se habría comprometido a mediar, a través de Barreto, para generar una crisis institucional que condujera al cese de la fiscal de la Nación, siguiendo el modelo aplicado con Pedro Chávarry en el pasado. Este plan, denominado Operativo Valkiria V, tenía como premisa asegurar el anhelado ascenso de Colchado, quien se comprometía a remover a Benavides a cambio de su beneficio personal.
Colchado buscaba ascender a general.
Es crucial destacar que este modus operandi no es nuevo para Colchado, ya que, según las fuentes, utilizó tácticas similares durante el gobierno de Ollanta Humala, ofreciendo destruir los audios del caso Madre Mía a cambio de ser nombrado coronel PNP, una oferta que fue rechazada por el exmandatario nacionalista.
Conexiones
Como se recuerda, este último domingo Panorama reveló una foto en donde aparece el premier Otárola con una de sus supuestas amigas que ganaron contratos con el Estado luego de reunirse con él. Esta confirmaría una relación de amistad, la cual previamente habría sido negada por Otárola.
Pero la conexión de esta revelación con este supuesto conflicto entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, radicaría en la respuesta del premier al ser consultado por un reportero del dominical. "Dile al filósofo que todo está bien. Que todo está tranquilo", declaró.
Evidentemente, estas declaraciones en su momento dejaron incertidumbre. Y, de hecho, se barajaron varias posibilidades, como que se refería a Nicanor Boluarte, hermano mayor de la presidenta. Sin embargo, luego se conoció que este comentario aludía al operativo secreto Valkiria V contra Villanueva, sugiriendo que Otárola estaba al tanto de la situación.
La persona mencionada por Otárola era Jaime Villanueva.
Resulta relevante mencionar que la esposa de Colchado, Marcelita Gutiérrez, es una persona de confianza cercana a Zoraida Ávalos. Antes fiscal para casos de terrorismo y derechos humanos, Gutiérrez fue ascendida al pool de fiscales de Ávalos y posteriormente removida por Benavides.
El archivo de la investigación contra 37 congresistas, acusados de recibir dinero para no votar a favor de la censura del exministro Juan Silva durante el gobierno de Pedro Castillo, ha suscitado interrogantes. Según las fuentes, dicho archivo se basó en un informe emitido por la fiscal superior provisional Marita Barreto, quien entonces coordinaba el Eficcop. Este hecho, sumado a declaraciones del premier Otárola, refuerza las sospechas de intentos de obstrucción y señala la necesidad de esclarecer los hechos para que el país recupere su rumbo.
En última instancia, se revela que el ascenso del oficial Colchado se habría visto afectado por la Ley 31873, que prohíbe ascender a los mejores oficiales de la PNP que luchan contra organizaciones criminales y la delincuencia. Nuevamente las pugnas por el poder afectan a la estabilidad del país.