La Junta Nacional de Justicia (JNJ) enfrenta un momento crítico, desencadenado por la suspensión temporal de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La polémica ha alcanzado nuevas alturas, con la respuesta del Congreso al admitir a debate una moción para la remoción inmediata de sus miembros.
La moción, respaldada mayoritariamente por votos de Fuerza Popular, Perú Libre, APP, Avanza País y Renovación Popular, plantea la "falta grave" de los magistrados al suspender a Benavides. La votación, con 69 votos a favor, 30 en contra y 17 abstenciones, marcó el inicio de una fase crucial en este enfrentamiento político.
Reclamos
Aldo Vásquez, vicepresidente de la JNJ, repitió la estrategia que maneja a la perfección: pasearse por los medios de comunicación para victimizar a su institución. De hecho, alzó la voz en su defensa, cuestionando la legitimidad de la moción. Sostuvo que el "acoso" del Congreso ha sido persistente durante un año y denunció la ausencia de un procedimiento o causa grave predeterminada en la ley que sustente la moción. Sus declaraciones apuntan a la preocupación por la falta de un debido proceso y resaltan la tensión entre ambas instituciones.
Pero esto estaría lejos de la realidad. Una fuente de El Reporte, reveló que el simple hecho de que la JNJ haya suspendido a la fiscal, ya es una falta grave.
Vásquez, al explicar que la moción se centra en la falta de inhibición de los miembros de la JNJ y en un procedimiento disciplinario inmediato que llevó a la suspensión de Benavides, subrayó que no fueron convocados para la sesión del Congreso, lo cual interpreta como un intento de removerlos sin escuchar sus argumentos y sin establecer un procedimiento justo.
Vásquez criticó el proceso.
No obstante, su argumento no tuvo sustento, ya que luego Alejandro Soto, presidente del Congreso, los invitó a brindar sus descargos para el viernes a las 3:00 p.m. Hasta el cierre de esta nota, Vásquez sigue sin confirmar su asistencia a este espacio.
En medio de esta situación, el abogado constitucionalista Natale Amprimo, en declaraciones a Canal N, cuestionó la suspensión de Patricia Benavides, argumentando que no existe evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular.
"Más allá del texto de la moción, el actuar de los miembros de la Junta es indebido. Y la moción se refiere únicamente sobre la suspensión, y creo que hay más cosas para señalar. Por ejemplo, sin perjuicio de las faltas graves que conocemos, el Reglamento Disciplinario de la JNJ dispone lo siguiente: 'Procedimiento disciplinario inmediato (...) para los casos en los que exista una conducta notoriamente irregular'”, declaró.
Cuestionamientos a la JNJ
Según la JNJ la celeridad del proceso disciplinario en contra de la fiscal Benavides se debe “al existir evidencia suficiente de una conducta notoriamente irregular o se haya cometido una falta disciplinaria con carácter flagrante”. Sin embargo, las capturas de los chats de Villanueva no pueden configurar nada más que un posible indicio de una conducta irregular. Por lo que, lo que plantean los miembros de la JNJ de que existía evidencia suficiente contra Benavides, es más que reprochable. Los plazos no fueron respetados.
Los magistrados no se pronunciaron en contra de los recursos ni de inhibición ni de anulación planteados por Benavides. Incluso, pese a que sí existiría un conflicto de intereses, dado que algunos miembros de la entidad han sido investigados por la fiscal e incluso otros tienen un proceso judicial en curso. Lo que habría correspondido es que los magistrados se hubieran inhibido del proceso tras las investigaciones por presiones al presidente del Poder Judicial.
Es por dichas causales que, según los parlamentarios Muñante y Montoya de Renovación Popular, que en su moción se señala que “ Este hecho (la suspensión de Benavides) constituye una flagrante violación a lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, puesto que la referida suspensión se ha producido a pesar de existir un manifiesto conflicto de intereses entre Patricia Benavides y los integrantes de la Junta Nacional de Justicia”. Por lo que, según lo dispuesto por el artículo 41 literal j) de la Ley Orgánica de la JNJ, los magistrados habrían incurrido en una causal de destitución.
¿Riesgo democrático?
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) emitió un comunicado en el que rechaza de manera contundente la moción presentada en el Congreso de la República con el objetivo de destituir a todos sus miembros. Lo que destaca del documento es que tiene como título “Riesgo de afectación del orden democrático”. Además, destaca por su cuestionamiento al trabajo que le corresponde constitucionalmente al Congreso.
Un comunicado polémico.
Estas perspectivas sugieren que la decisión de la JNJ ha sido arbitraria y genera dudas sobre la transparencia del proceso. De hecho, el esfuerzo que tienen por alcanzar respaldo mediático y la celeridad que demandan para este proceso, refleja su desesperación.