Este martes, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sorprendió a la ciudadanía de forma desagradable al inscribir oficialmente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) al partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (ANTAURO), liderado por el condenado etnocacerista Antauro Humala.
Esta agrupación, que lleva el nombre del militar en retiro que protagonizó la sangrienta incursión del "Andahuaylazo" en 2005, logró su inscripción en tiempo récord, tan solo una semana después de que el JNE rechazara una tacha en su contra basada en argumentos “excesivamente legalistas”, según sus críticos. En declaraciones para El Reporte, el abogado Oscar Balladares, quien presentó la tacha contra la inscripción del partido del etnonacionalista.
“Se ha filtrado un partido con claras características fascistas, cuyos planteamientos implican el establecimiento de una dictadura que buscaría refundar el Estado peruano en base a criterios étnicos y fusilar y encarcelar enemigos políticos”, declaró a este medio.
Estratagema
El proceso estuvo lleno de irregularidades. En primer lugar, el polémico partido tiene como presidente a Marco Antonio Vizcarra Alegría, conocido como “Paiche”, otro exmilitar sentenciado por el “Andahuaylazo”. El apoderado es Justo Álvarez Sánchez, sentenciado a 9 años de cárcel por el mismo caso. También destaca la presencia del excongresista etnocacerista Rubén Ramos Zapana como secretario general y representante legal.
Si bien Antauro Humala sólo figura como afiliado, es evidente que se trata de un partido creado a su imagen y semejanza, con un ideario repleto de disparates que ensalza la llamada “raza cobriza”, propone la restauración del servicio militar obligatorio y quiere “subordinar el libre mercado a la Nación”. Una suerte de fascismo andino que a simple vista atenta contra la vigencia del sistema democrático.
El líder etnocacerista listo para competir en las elecciones.
Según resalta Balladares, José Palomino Manchego, uno de los abogados de Pedro Castillo, también formó parte de la defensa del partido A.N.T.A.U.R.O. Además, cuestionó que durante el proceso de tacha, presentó una "opinión jurídica" que sirvió como argumento para la defensa del partido.
En esta intervención, Palomino Manchego admitió que los principales líderes del partido eran "etnocaceristas", lo cual respaldaba la posición contraria. Sin embargo, posteriormente, sostuvo que Antauro Humala era simplemente "un afiliado común", un punto que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aceptó. “Decían que lo que yo sostenía "son interpretaciones" y que por favor les diga en qué documento oficial de ANTAURO decía que no creían en la democracia”, criticó el abogado.
Críticas
Expertos en derecho electoral criticaron con dureza la inscripción de ANTAURO, acusando al JNE de hacer una interpretación sesgada de la Ley de Partidos Políticos, ya que su artículo 2 claramente habla de “asegurar la vigencia y defensa del sistema democrático”.
En declaraciones al diario Expreso, el constitucionalista Domingo García Belaunde señaló que es “sospechoso” que el registro se haya dado “tan rápido” y recordó que personas condenadas por delitos tan graves deberían estar inhabilitadas de por vida para hacer política.
Curiosas alianzas
Salta a la luz vínculos peligrosos, como la reciente revelación del diario El Comercio. En uno de los inmuebles vinculados a Vladimir Cerrón, la Fiscalía halló un recibo donde consta la entrega de S/6.000 a Antauro Humala por parte de Cerrón, durante su primera gestión como gobernador regional en 2013.
Un financista discreto.
El documento al que accedió dicho diario, sugiere que el dinero, proveniente de presuntas redes criminales, fue canalizado a través de Nandino Dennis del Castillo Capacyachi como contribución de Perú Libre. Se sostiene que estos fondos se destinaron al financiamiento de campañas políticas y otros beneficios para la presunta organización criminal.
Según la versión de la abogada de Humala, Carmen Huidobro, su cliente solo recuerda que Cerrón le compró libros. El Ministerio Público argumenta que este dinero podría provenir de redes criminales como Los Dinámicos del Centro o Los Tiranos del Centro y se utilizó para financiar campañas políticas y adquirir bienes. La investigación continúa, pero Cerrón, actualmente prófugo, dificulta las diligencias pendientes, llevando al pedido de prisión preventiva por parte del Ministerio Público.
Dos años después de que Perú Libre se haya inscrito como un partido político y que haya ganado las elecciones, sigue llamando la atención los beneficios que tienen partidos de naturaleza antidemocrática ante los ojos del Jurado Nacional de Elecciones. La ideologización evidente de esta entidad no garantiza procesos limpios. ¿Cómo afrontaremos los siguientes procesos electorales con esta peligrosa parcialización?