En medio de la vorágine económica y las múltiples demandas que enfrenta el país como el fenómeno del Niño, surge una solicitud que levanta cejas y enciende las alarmas: Petroperú, la empresa estatal de petróleo, busca un nuevo rescate financiero del Estado, esta vez por la no despreciable suma de S/ 6,685 millones, elevando a más de S/ 15,950 millones el monto total despilfarrado en esta entidad.
El despilfarro del pasado
Para entender el contexto, es necesario remontarnos al año 2022, cuando el gobierno de Pedro Castillo aprobó un decreto de urgencia destinado a rescatar a Petroperú de sus apuros financieros. En total, se desembolsaron más de S/ 9,000 millones, incluyendo un apoyo financiero y una línea de crédito, pasando por alto los riesgos y compromisos que ello implicaba.
En mayo de ese mismo año, se aprobó un decreto que exoneraba a la estatal de pagos de impuestos asociados a las compras de crudo, sumando US$750 millones y S/500 millones, respectivamente. Posteriormente, en octubre, se sumó otro decreto que inyectó S/4,000 millones y US$500 millones mediante una línea de crédito con el Banco de la Nación. Así, Petroperú se convirtió en receptor de S/ 9,268 millones en total.
Una empresa colapsada.
La nueva petición y conflictos
Ahora, el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, vuelve a la carga con una nueva solicitud de rescate para Petroperú. Esta vez, la propuesta incluye un aporte de capital por US$1,150 millones y una línea de crédito garantizada por el Estado de US$650 millones, alcanzando un total de S/ 6,685 millones. Es importante destacar que Vera, quien previamente ha sido criticado desde El Reporte, es un funcionario de Petroperú con licencia, por lo que el conflicto de interés es evidente.
La petición no se detiene ahí; Petroperú también busca capitalizar los US$750 millones recibidos en el primer rescate de 2022, evitando así cumplir con su compromiso de devolución. De aprobarse esta nueva solicitud, el despilfarro acumulado en la estatal petrolera superaría los S/ 15,950 millones, en un momento en que las finanzas públicas enfrentan presiones por la recesión, las decisiones populistas del Congreso y los efectos del fenómeno del Niño, según un informe de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico.
Un ministro con conflicto de intereses.
El fantasma de la insolvencia
Mientras se discute la nueva solicitud, expertos del sector energético consultados por el diario Expreso advierten sobre la situación de insolvencia que atraviesa Petroperú. La empresa estatal enfrenta una deuda monumental de 8 mil millones de dólares, y la nueva refinería de Talara, que costó 6,200 millones de dólares, plantea incógnitas sobre el destino de 1,800 millones de dólares restantes.
César Gutiérrez, expresidente de Petroperú, propone una solución drástica pero realista: llevar a la empresa a un proceso de insolvencia, donde el Estado participe como acreedor. Considera que es la opción más sensata para sincerar cifras y afrontar la cruda realidad financiera de Petroperú.
El dilema del financiamiento y las alternativas ignoradas
En medio de la crisis financiera de Petroperú, la nueva solicitud de rescate plantea un dilema ético y económico. La empresa está catalogada como "bonos basura", y su capacidad para obtener financiamiento externo está prácticamente agotada, por rlo que resulta urgente considerar alternativas realistas y sostenibles.
En declaraciones para Expreso, el economista Jorge Baca Campodónico describe la situación de Petroperú como un "agujero negro" que el Gobierno intenta tapar con más dinero, incrementando así la deuda nacional. Plantea tres opciones para el futuro cercano de la empresa: una venta total de activos mediante privatización, la búsqueda de un socio estratégico, o seguir inyectando capital, opción que considera insostenible.
Diversos actores políticos y especialistas expresan opiniones divergentes sobre el futuro de Petroperú. El legislador Alejandro Cavero aboga por la privatización de la entidad, argumentando que es una empresa inútil y quebrada que debería pasar a manos del sector privado. Richard Arce, excongresista, comparte la misma postura, destacando la importancia de que las empresas sean económicamente rentables.
En un escenario económico complicado, la solicitud de un nuevo rescate financiero resulta un disparate por donde se le vea. Privatización, búsqueda de socios estratégicos y medidas de transparencia son alternativas que deben ser consideradas con seriedad.
Mientras la atención se centra en la lucha contra la recesión, las demandas sociales y los desafíos medioambientales, destinar más recursos a una empresa zombi como Petroperú parece un lujo que la economía del país no puede permitirse. La transparencia, la responsabilidad fiscal y decisiones basadas en la sostenibilidad deben guiar las acciones del Gobierno ante la encrucijada que representa el futuro de Petroperú.