Este último viernes 19 de enero marcó el cierre de un capítulo que, para muchos, no resultó ser la epopeya que se esperaba. El Estado de Emergencia decretado por el gobierno de Dina Boluarte para los martirizados distritos de San Juan de Lurigancho (SJL) y San Martín de Porres (SMP) y otras regiones en Piura puso fin a sus 120 días de medidas restrictivas, dejando tras de sí una estela de incertidumbre y cifras preocupantes.
Desde el inicio, la promesa de una mayor presencia policial, respaldada por las Fuerzas Armadas, alimentó las expectativas de una ciudadanía hastiada por la creciente ola delictiva que asolaba estas comunas. Sin embargo, el balance que nos regala este experimento de orden y control no resulta tan alentador como se esperaba.
El Reporte contactó al exministro del Interior General (r) Gastón Rodríguez para consultarle sobre el balance del finalizado Estado de Emergencia.
“El balance no es positivo en la medida de que esta disposición se ha dado como un paliativo para poder generar satisfacción en la clase política por parte de los alcaldes que han solicitado estas medidas”, sugirió. “Lo positivo es que esto le permite a la Policía Nacional poder incursionar en lugares plagados de delincuencia por acciones de inteligencia donde se puedan identificar elementos que actúan fuera de la ley”, agregó el exministro a este medio.
El exministro da un balance de cosas positivas y negativas de la medida.
Promesas incumplidas
Los primeros síntomas de la desilusión emergieron cuando los residentes de SJL y SMP observaron con escepticismo la falta de cumplimiento de las promesas gubernamentales. Aunque se anunció mayor efectividad en la lucha contra el crimen, en la práctica, esta fue solo un eco lejano.
Las quejas se multiplicaron en ambos distritos, donde los ciudadanos alegan haber visto escasos efectivos policiales y prácticamente ninguna presencia militar. La pregunta recurrente en los pasillos de la ciudad se tornó inevitable: ¿Realmente funcionó el Estado de Emergencia?
Asimismo, el general cuestionó el desempeño de otras autoridades judiciales para procesar a los criminales, tomando el ejemplo de la liberación de los nueve delincuentes involucrados en el búnker de Pachacamac.
“Que esos delincuentes sean puestos en libertad de la forma tan fácil en la que los vemos es una burla al trabajo de la policía, desgasta los recursos y lo más grave, seguimos apostando por un tema netamente preventivo de reacción frente a la flagrancia de un delito”, criticó.
Un frío recuento
Para entender el impacto de estos 120 días de excepción, debemos enfocarnos en las crudas cifras que revelan la trágica realidad que vive la población. En SJL, al menos 51 vidas fueron segadas por el sicariato durante este periodo, según estimaciones del diario El Comercio. Una cifra que, aunque inferior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, sigue siendo desgarradora.
San Martín de Porres, por su parte, no escapa de la sombra de la violencia. Con 22 muertes, la suma de ambos distritos alcanza la escalofriante cifra de al menos 73 personas asesinadas por sicarios. Un saldo funesto que pone en tela de juicio la efectividad de las medidas adoptadas.
Lo que parece no ser comprendido por las autoridades es que el crimen tiene sangrando a todo Lima y no distingue distritos. Prueba de ello es el sanguinario crimen ocurrido hace unos días en Chorrillos, en el que un joven de 18 años fue secuestrado y luego asesinado, para que luego su cuerpo fuera abandonado cerca de una cancha de fútbol.
Entre la resistencia y el escepticismo
Las autoridades directamente involucradas, como el alcalde de SJL, Jesús Maldonado, no están dispuestos a dar por cerrado este capítulo. Maldonado ha sostenido conversaciones con el ministro Víctor Torres, abogando por una extensión del Estado de Emergencia. Según él, la declaratoria permitió multiplicar los grupos de inteligencia, resultando en la desarticulación de al menos 300 bandas criminales.
En el lado de SMP, el alcalde Hernán Sifuentes reconoce que los resultados no han sido los esperados, pero destaca el impulso que ha dado al trabajo de la PNP. Sin embargo, hace hincapié en que combatir la criminalidad no es un sprint de tres meses y sugiere un enfoque integral por parte del Gobierno central.
Los alcaldes de SJL y SMP se pronunciaron por el Estado de Emergencia.
Las estadísticas oficiales, aunque impresionantes en términos de números, dejan un amargo regusto de incertidumbre. Más de 3,000 detenidos, 213 bandas criminales desarticuladas, 101 armas de fuego incautadas, junto con droga y vehículos recuperados. Sin embargo, el informe omite deliberadamente el número de homicidios cometidos por organizaciones criminales, un vacío que no deja de inquietar a la opinión pública.
El plan
Por otro lado, sale a la luz la figura del ministro del Interior, próximo a cumplir dos meses en el cargo y que aún no ha logrado proyectar solidez pragmática en el actuar de la PNP. Sin embargo, el plan de seguridad trabajado desde el ejecutivo podría significar un cambio de rumbo.
“El ministro debe ejecutar el plan de seguridad Perú Seguro que ha presentado hace una semana el cual contempla cuatro ejes de acción que son importantes, ya que, si se ponen en ejecución, sería el inicio de una estrategia operacional importante”, resaltó Rodríguez.
Los puntos mencionados en el plan incluyen la prevención integral del delito, control territorial estratégico, la lucha frontal contra el crimen organizado y trasnacional y el fortalecimiento de la PNP.
Lo único claro en este escenario es que, más allá de las cifras y las estadísticas, la población espera soluciones reales y palpables. La lucha contra la delincuencia no puede ser un esfuerzo aislado ni un acto puntual; requiere una estrategia a largo plazo y, sobre todo, que sea real. ¿Al fin la ciudadanía tendrá resultados con este plan? (Marcelo Rosales)