Debemos comenzar con una simple pregunta: ¿Tiene sentido la existencia de un Estado? Algunos politólogos y pensadores aún se lo plantean hoy. Los anarquistas del siglo XIX -los predecesores del terrorismo de hoy- proponían la desaparición del Estado. La Real Academia de la Lengua define anarquía como “ausencia de poder político”, también como “desconcierto, incoherencia, barullo”. Para poder responder a la pregunta inicial, debemos comenzar por preguntarnos, ¿cuál es la finalidad de un Estado, de cualquier Estado en el mundo?
La ciencia política, la teoría del Estado, el Derecho constitucional y muchos especialistas, inclusive filósofos, coinciden en que el fin primordial de todo Estado es el bien común de la sociedad civil. Así de simple y complicado. Para ello debemos tener muy claro qué es lo que entendemos por bien común, lo que en algunos Estados denominan interés social o fin social. Entonces, como mencionamos anteriormente, lo primero que debemos tener claro es que el fin del Estado es el bien común de la sociedad civil. De allí que cuando un Estado pierde de vista este fin último, comienza el camino de su deterioro. En ese momento es cuando se inician los conflictos sociales, violencia, revoluciones, huelgas masivas, marchas de protesta, etc. llegándose inclusive a la desaparición o derrumbamiento del propio Estado, tal como se pudo apreciar hace unas décadas con la desaparición de la Unión Soviética o recientemente con la difícil situación que se vive en países como Venezuela, Cuba y Nicaragua.
Lo segundo es tener claro lo que significa bien común. En general, se define al bien común como aquellas condiciones mínimas objetivas y subjetivas, que todo Estado debe procurar lograr otorgar a la sociedad civil con el objeto que cada individuo logre su realización personal última, esto es, ser feliz como persona, como profesional, etc. De un lado tenemos el denominado bien común objetivo, el cual comprende toda una serie de bienes materiales cuya posesión posibilitará al individuo su realización como persona como es el caso de la salud, educación, vivienda, alimentación, vestido, seguridad, etc. De otro lado tenemos el bien común subjetivo, como el conjunto de bienes intangibles como son el respeto irrestricto a los derechos fundamentales de las personas, las libertades en todas sus acepciones, la dignidad de la familia como lo es el derecho a fundar, mantener y educar una familia, así mismo, todo el conjunto de bienes culturales, el culto religioso, etc.
Cualquier Estado -y el gobierno correspondiente- tiene pues el deber y la obligación de trabajar para el logro de este objetivo primario y fundamental que es el bien común, de acuerdo con sus posibilidades económicas, presupuestarias, tecnológicas, financieras, sociales, etc. Esto es crear las condiciones adecuadas para el logro del bien común, tanto de tipo objetivo como subjetivo. Cada Estado pues -ya sean países ricos, pobres, en desarrollo, etc.- en la medida de sus posibilidades, debe procurar, con los recursos que disponga, hacer todo lo posible por alcanzar las metas de bien común que cada Estado requiera y necesite. Si bien los gobernantes tienen el poder necesario para gobernar bien, lo cual significa el conducir a su propio bien a cada una de las personas que conforman la sociedad civil, ello no significa -como equivocadamente defiende el profesor Vermeule al impulsar el constitucionalismo del bien común- que el Estado también puede legislar sobre asuntos morales, puesto que “toda legislación se basa necesariamente en alguna concepción sustantiva de la moral y la promoción de la moral es una función esencial y legítima de la autoridad”. Todo lo contrario. El Estado, precisamente por el bien común que promociona, debe respetar los derechos y libertades de las personas en el orden moral como el de los padres de familia a educar a sus hijos, la libertad religiosa, política, etc. En esos ámbitos, el Estado no debe intervenir ni influir, como mal sucede en los Estados totalitarios -ya sean de derecha o de izquierda-.
En todo caso, queda claro que la meta del bien común es esencial para todo buen gobierno al constituir la finalidad de todo Estado. Sin embargo, en el caso del actual gobierno peruano, cuando a un gobierno -y a las demás instituciones y poderes del Estado- no le interesa el bien común, sino coloca como fin supremo el bien particular o los intereses personales de los individuos y grupos de poder, que conforman dicho gobierno -y esto debido sobre todo a la corrupción, que atenta contra el bien común- éste pasa a un segundo o tercer lugar, siendo lo prioritario los intereses personales del gobernante de turno, de sus ministros, ciertos congresistas, fiscales, jueces y otros funcionarios públicos, además de ciertos políticos del momento, que actúan de manera corrupta para el logro de sus objetivos y ambiciones personales. Todo esto perjudica a la sociedad civil y a cada uno de sus miembros. Además de la corrupción, también debemos mencionar la imposición de ideologías totalitarias como el castro chavismo y el marxismo leninismo, hoy en América Latina, que lo anteponen al bien común, perjudicando a la sociedad civil, empobreciéndola cada día más y llevándola a una gran miseria física y espiritual, mas no a su realización y felicidad personal.
De allí que cabe preguntarse si en el Perú, el Estado peruano y su gobierno, cumplen con la finalidad primordial y razón de ser del Estado, esto es tener como objetivo de gobierno el logro del bien común de la sociedad civil, o ¿Acaso el gobierno vive más pendiente de proteger sus intereses personales, familiares, tapaderas y corruptelas, dejando para un segundo o tercer plano el bien común, razón de ser de que ese gobernante y demás, se encuentren en el poder, pues para eso están allí y no para otra cosa?
De allí que urge rescatar el bien común del olvido, salvarlo de la miseria de la corrupción de un Estado que ya hizo metástasis y de la ideologización de la sociedad civil. La historia lo demuestra. Si al actual Estado peruano le interesa poco o nada el bien común (promover inversiones, desarrollar la minería, generar confianza, seguridad y trabajo, reducir la pobreza y el costo de vida, dar salud y buena educación, etc.), y más le interesa priorizar sus egoístas intereses personales, robos, corruptelas, licitaciones a dedo, etc., tarde o temprano, ese gobierno caerá y el Estado se derrumbará como ha pasado con tantos Estados en la historia de la humanidad, perjudicando a todos los peruanos. Recordemos que a la anarquía también se la define como “desconcierto, incoherencia, barullo”. ¿Estamos cayendo en esto? Iniciemos, por tanto, una cruzada para rescatar y salvaguardar el bien común, principio y razón de ser de todo Estado, de todo gobierno, y darle sentido al Estado peruano. De lo contrario, tendremos un Estado sin sentido alguno y será cuestión de tiempo que el Estado peruano se derrumbe y se sumerja en una crisis que solo Dios sabe si saldremos adelante. ¡Despierta Perú!