Muchos de los que divinizaron al corrupto Lagarto hoy día guardan silencio o, con toda desfachatez, se convierten en críticos de sus fechorías tratando que se olvide que hasta hace muy poco celebraban y respaldaban esas vilezas porque les era útil para sus intereses.
En el 2018 se constituyó la coalición vizcarrista, poco después que el felón dio un nuevo viraje y se asoció con la mafia caviar. Medios de comunicación, ONG, estudios de abogados, políticos y empresarios se confabularon con el moqueguano y sus secuaces.
Una de sus primeras acciones fue crear dos comisiones, designadas a dedo por el Lagarto y controladas por los caviares, para reformar la justicia y el sistema político. Con el masivo apoyo de los medios de comunicación controlados por los caviares, obligaron al Congreso dividido y debilitado a aceptar sus conclusiones. Y mediante un referéndum –mecanismo preferido por gobernantes autoritarios para legitimar sus decisiones en países tercermundistas- impusieron los cambios, que tenían como propósito controlar las instituciones y reforzar el poder de esa coalición.
A principios de 2019 asaltaron la fiscalía forzando la renuncia de Pedro Chávarry y poniendo en su lugar a la impresentable y cuestionada Zoraida Ávalos, un dócil instrumento en sus manos. Allí también inauguraron la práctica funesta de que fiscales politizados declararan públicamente contra sus superiores, incluyendo al fiscal de la Nación. Eso nunca había ocurrido en una institución jerarquizada como el Ministerio Público.
Antes, en 2018, habían estrenado la nociva costumbre de filtrar ilegalmente información, generalmente manipulada, proveniente de fiscales y esbirros policiales alineados con los caviares, a ONG y medios de comunicación para desacreditar a magistrados y políticos, preparando el terreno para luego destituirlos o encarcelarlos. Eso ya se ha convertido en un procedimiento habitual de esa gavilla y lo acaban de usar otra vez, con toda impunidad, para defenestrar a la fiscal Patricia Benavides.
En 2019 el Lagarto y la coalición vizcarrista cerraron ilegalmente el Congreso para evitar que se elija a un miembro del Tribunal Constitucional que no era de su agrado y que podía hacerles perder el control de ese organismo. Fue un auténtico golpe de Estado que les permitió librarse de una oposición débil, pero molesta.
El 2020 el Lagarto cometió un crimen masivo con una desastrosa política que costó 200,000 muertos y, además, arruinó la economía y empobreció a millones de peruanos con un absurdo encierro. Todo celebrado hasta el paroxismo por los caviares, sus ONG, sus medios de comunicación y sus políticos.
Realizaron su propósito de demoler los partidos políticos de sus adversarios, controlar instituciones y propiciar, aupando en el gobierno a Francisco Sagasti, la elección de un delincuente, ignorante y prosenderista el 2021.
Ahora cínicamente celebran la captura de dos peones del Lagarto –una cortina de humo- como si fuera un gran triunfo.
A pesar de todo, hoy día algunos ingenuos se sobresaltan porque se denuncia con persistencia a la nefasta pandilla caviar y, los más incautos, pretenden aliarse con algunos de ellos.