Durante las últimas semanas ha estado circulando por los medios de comunicación la supuesta corrupción que existiría en la compra de diez mil fusiles para el Ejército Peruano. Sin embargo, es conveniente tener claro que la mayor corrupción en el país tiene su origen en la clase política de los gobiernos de turno, que con el transcurso de los años y de manera acelerada ha ido creciendo. La razón es la falta de justicia, que ha creado escenarios de perfecta impunidad. Esta realidad se convierte en un incentivo para participar sin ningún temor en la corrupción; y lo más peligroso, empiezan a utilizar la corrupción como un medio para debilitar las instituciones del Estado y con ello destruir el sistema democrático y restar libertades a los ciudadanos peruanos, como ya lo hicieron en otros países de la región.
Las Fuerzas Armadas, y en especial el Ejército Peruano, se ven forzados a formar parte de la corrupción de origen político, con culpa o sin ella, con el afán de cumplir su misión como lo establece la Constitución Política de nuestro país, a pesar de que el presupuesto que le asigna el poder ejecutivo cada año es menor. De esta manera, se va deteriorando cada vez más su imagen, prestigio y disminuyendo la moral de su personal. Lo peor de todo es que no tienen libertad para deslindar con argumentos y hacer conocer a la población que es una institución inocente de las acusaciones que se les imputan de esa clase política corrupta que origina este escenario con la finalidad de mantener distraída a la sociedad con este tipo de noticias dirigidas en contra del Ejército. Así mismo, si fuera afirmativo que existe corrupción en el Ejército, ¿no tendría culpa la Presidencia de la República? Ya que, por mandato constitucional, Artículo Nro. 167, el presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Los hechos anteriores me permiten afirmar que algunos casos de corrupción debidamente comprobados existentes en las fuerzas armadas, y en especial en el Ejército, tendrían origen en el más alto nivel de los gobiernos de turno; caso contrario, por la naturaleza de su formación, no existiría corrupción, y sería investigada y sancionada rápidamente y de manera drástica.
En las compras militares y apelando a hechos concretos y específicos de la compra de diez mil fusiles, el primer lote será entregado en abril del presente año y además tiene el respaldo de la ley N° 31684 promulgada el 15 de febrero del 2023, la cual es de obligatorio cumplimiento por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros organismos del Estado. Sin embargo, de existir corrupción, el origen y responsabilidad se determinaría en los más altos niveles de los gobiernos, y las evidencias y hechos que nos lleven a la verdad los encontraríamos al tratar de explicar cuál fue la razón de por qué los gobiernos de turno tienen mucho interés en controlar las Fuerzas Armadas; para lo cual, emplean una serie de artificios que comienzan por invitaciones al retiro injustas, cambios de colocación convenidos, ascensos comprados o a dedo; legalizar lo ilegal mediante leyes convenidas o con nombre propio, o como hemos sido testigos en los últimos días, intromisión y pases al retiro inexplicables e ilegales.
Probablemente existirá gente que perciba que estoy equivocado o que trato de justificar la corrupción comprobada en las Fuerzas Armadas. Ojalá así fuera; sin embargo, las evidencias y hechos existentes me otorgan innegablemente la razón. ¿Por qué un presidente, un ministro del Interior o de Defensa podría cometer actos injustos en las Fuerzas Armadas? La respuesta, atendiendo a lo manifestado, cae por su propio peso; y es importante que se tome conciencia de que desde el 2014 hasta la fecha, estos hechos no solo responderían a términos de corrupción pura y dura, sino que se trataría de un modus operandi que tendría como finalidad conseguir el control de las Fuerzas Armadas para una vez alcanzado este objetivo, no permitirles cumplir con su sagrada misión de defender el sistema democrático y la libertad de sus ciudadanos. Debemos tener cuidado y reconocer claramente quienes nos gobiernan y, sobre todo, descubrir qué intenciones esconden. Soy insistente, modelos ya empleados y a los que quieren conducirnos, en la región existen de sobra.
Es una necesidad urgente a nivel nacional que el Poder Judicial entre en reorganización, una reorganización que le permita traer verdadera justicia a la nación peruana lo antes posible; que el Ministerio Público rompa el evidente statu quo que mantiene con los políticos que se encuentran inmersos en corrupción; que la Contraloría General de la República inicie sus pesquisas en las altas esferas de los gobiernos, auditando y denunciando las malas prácticas y decisiones de los presidentes de la república y de sus ministros, en especial del Interior y Defensa; que los peruanos despertemos y elijamos un gobierno que limpie la sangre política y no permita que funcionarios de alto nivel, no de conocimientos sino de corrupción, sigan destruyendo nuestra nación. Siempre vemos a los mismos, van de gobierno en gobierno, de presidente en presidente, de ministerio en ministerio; se manifiestan como técnicos sin ética ni moral; los culpables de nuestros problemas actuales, los que decidieron mal en el pasado, los que permitieron y fueron parte de la corrupción, siguen decidiendo en el presente y nos están dejando problemas para nuestro futuro. Cambiemos esta realidad, ya es hora de demostrar que el Perú es más grande que sus problemas.