General de división EP 

Leonardo Longa

Durante las últimas semanas ha estado circulando por los medios de comunicación la supuesta corrupción que existiría en la compra de diez mil fusiles para el Ejército Peruano. Sin embargo, es conveniente tener claro que la mayor corrupción en el país tiene su origen en la clase política de los gobiernos de turno, que con el transcurso de los años y de manera acelerada ha ido creciendo. La razón es la falta de justicia, que ha creado escenarios de perfecta impunidad. Esta realidad se convierte en un incentivo para participar sin ningún temor en la corrupción; y lo más peligroso, empiezan a utilizar la corrupción como un medio para debilitar las instituciones del Estado y con ello destruir el sistema democrático y restar libertades a los ciudadanos peruanos, como ya lo hicieron en otros países de la región.

Las Fuerzas Armadas, y en especial el Ejército Peruano, se ven forzados a formar parte de la corrupción de origen político, con culpa o sin ella, con el afán de cumplir su misión como lo establece la Constitución Política de nuestro país, a pesar de que el presupuesto que le asigna el poder ejecutivo cada año es menor. De esta manera, se va deteriorando cada vez más su imagen, prestigio y disminuyendo la moral de su personal. Lo peor de todo es que no tienen libertad para deslindar con argumentos y hacer conocer a la población que es una institución inocente de las acusaciones que se les imputan de esa clase política corrupta que origina este escenario con la finalidad de mantener distraída a la sociedad con este tipo de noticias dirigidas en contra del Ejército. Así mismo, si fuera afirmativo que existe corrupción en el Ejército, ¿no tendría culpa la Presidencia de la República? Ya que, por mandato constitucional, Artículo Nro. 167, el presidente de la República es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Los hechos anteriores me permiten afirmar que algunos casos de corrupción debidamente comprobados existentes en las fuerzas armadas, y en especial en el Ejército, tendrían origen en el más alto nivel de los gobiernos de turno; caso contrario, por la naturaleza de su formación, no existiría corrupción, y sería investigada y sancionada rápidamente y de manera drástica.

En las compras militares y apelando a hechos concretos y específicos de la compra de diez mil fusiles, el primer lote será entregado en abril del presente año y además tiene el respaldo de la ley N° 31684 promulgada el 15 de febrero del 2023, la cual es de obligatorio cumplimiento por las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y otros organismos del Estado. Sin embargo, de existir corrupción, el origen y responsabilidad se determinaría en los más altos niveles de los gobiernos, y las evidencias y hechos que nos lleven a la verdad los encontraríamos al tratar de explicar cuál fue la razón de por qué los gobiernos de turno tienen mucho interés en controlar las Fuerzas Armadas; para lo cual, emplean una serie de artificios que comienzan por invitaciones al retiro injustas, cambios de colocación convenidos, ascensos comprados o a dedo; legalizar lo ilegal mediante leyes convenidas o con nombre propio, o como hemos sido testigos en los últimos días, intromisión y pases al retiro inexplicables e ilegales. 

Probablemente existirá gente que perciba que estoy equivocado o que trato de justificar la corrupción comprobada en las Fuerzas Armadas. Ojalá así fuera; sin embargo, las evidencias y hechos existentes me otorgan innegablemente la razón. ¿Por qué un presidente, un ministro del Interior o de Defensa podría cometer actos injustos en las Fuerzas Armadas? La respuesta, atendiendo a lo manifestado, cae por su propio peso; y es importante que se tome conciencia de que desde el 2014 hasta la fecha, estos hechos no solo responderían a términos de corrupción pura y dura, sino que se trataría de un modus operandi que tendría como finalidad conseguir el control de las Fuerzas Armadas para una vez alcanzado este objetivo, no permitirles cumplir con su sagrada misión de defender el sistema democrático y la libertad de sus ciudadanos. Debemos tener cuidado y reconocer claramente quienes nos gobiernan y, sobre todo, descubrir qué intenciones esconden. Soy insistente, modelos ya empleados y a los que quieren conducirnos, en la región existen de sobra.

Es una necesidad urgente a nivel nacional que el Poder Judicial entre en reorganización, una reorganización que le permita traer verdadera justicia a la nación peruana lo antes posible; que el Ministerio Público rompa el evidente statu quo que mantiene con los políticos que se encuentran inmersos en corrupción; que la Contraloría General de la República inicie sus pesquisas en las altas esferas de los gobiernos, auditando y denunciando las malas prácticas y decisiones de los presidentes de la república y de sus ministros, en especial del Interior y Defensa; que los peruanos despertemos y elijamos un gobierno que limpie la sangre política y no permita que funcionarios de alto nivel, no de conocimientos sino de corrupción, sigan destruyendo nuestra nación. Siempre vemos a los mismos, van de gobierno en gobierno, de presidente en presidente, de ministerio en ministerio; se manifiestan como técnicos sin ética ni moral; los culpables de nuestros problemas actuales, los que decidieron mal en el pasado, los que permitieron y fueron parte de la corrupción, siguen decidiendo en el presente y nos están dejando problemas para nuestro futuro. Cambiemos esta realidad, ya es hora de demostrar que el Perú es más grande que sus problemas.

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La compra de fusiles: ¿Corrupción política o militar?, por Leonardo Longa

La actual realidad que enfrenta el hemisferio occidental en las regiones central y sur es muy preocupante. El avance del crimen organizado internacional traspasa las fronteras, incentivado por el crecimiento económico basado en una economía ilegal del narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal, pesca ilegal, contrabando, entre otros y su exitosa incursión en política; este hecho comprobable, está poniendo en jaque a varios gobiernos de turno, que demuestran incapacidad y falta de conocimiento para poder enfrentar y controlar estas amenazas.

Es indispensable tener presente como primera consideración que estas amenazas son inteligentes, mutan, se comunican entre sí, hacen alianzas estratégicas y lo más saltante, reaccionan ante los imprevistos y adversidad más rápido que los gobiernos, motivo por el cual se podría definir un escenario peligroso para nuestra seguridad y defensa: crimen organizado vs gobiernos desorganizados.

Las evidencias y los hechos como los ocurridos en el país vecino de Ecuador, exigen que los gobiernos pongan especial atención a la vigilancia y control de sus fronteras, las cuales no son respetadas y son penetradas por el crimen organizado y han puesto en evidencia la necesidad urgente de contar con “Sistemas de Vigilancia y Control” que neutralicen o por lo menos resten la iniciativa que favorece, en estos momentos, a estas amenazas.

Segunda consideración, los gobiernos para enfrentar efectivamente a estas amenazas deberán orientar sus esfuerzos en determinar el “punto estratégico de apoyo” que les servirá para apalancar sus decisiones y acciones estratégicas; en el entendido que no solamente es un esfuerzo nacional sino internacional y que no bastara llegar a niveles de coordinación sino que, los niveles de sincronización de acciones estratégicas, cobran vital importancia; debiendo iniciar el proceso, determinando necesidades estratégicas de éxito, que serán prerrequisitos propios y diferenciados de cada estado nación.

Al realizar un análisis sumario de la realidad peruana, identificamos de manera inequívoca que actualmente no contamos con un sistema de vigilancia y control de fronteras que responda a las necesidades de seguridad y defensa nacional; hecho muy preocupante, que conforme vamos profundizando en el problema se identifican serias debilidades que ponen en peligro nuestra viabilidad y estabilidad como nación. Es importante observar la acción deficiente de migraciones, la misma que se muestra incapaz de realizar un registro de los migrantes que ingresan y salen por nuestras fronteras, agravándose el problema por la extensión territorial de las fronteras, que hacen difícil su vigilancia y control. Esta realidad obliga a que la policía tenga que efectuar obligatoriamente un control territorial, el cual, en el pasado, lo realizaba la Guardia Republicana.

Tercera consideración, la Constitución política del Perú, en su artículo 137, menciona que el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, puede decretar, por plazo determinado, en todo el territorio nacional, o en parte de él, y dando cuenta al Congreso o a la Comisión Permanente, los estados de excepción, hecho que no se ajusta a nuestra realidad, especialmente al sistema de vigilancia y control de fronteras; en vista que ante una amenaza de nuestras fronteras, la reacción deberá ser inmediata, sin la necesidad de esperar se decrete el Estado de Excepción; además en sus artículos 165 y 166 establece la base para enfocar y visualizar un sistema de vigilancia y control de fronteras que responda a las necesidades de seguridad y defensa nacional. Las Fuerzas Armadas garantizan la integridad territorial de la República y la Policía Nacional, vigila y controla las fronteras; sin embargo, los demás sectores, cada uno, debería contribuir con su mejor esfuerzo en participar para conformar un sistema idóneo. Los entes que deberían estar comprometidos como germen serian el CEPLAN, la DINI, Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial, MININTER, MINDEF y la secretaria de Defensa Nacional (SEDENA) que, dicho sea de paso, solo existe en una ley que no se da cumplimiento; siendo los entes rectores que orienten y verifiquen el funcionamiento de los demás sectores del Estado.

Como se puede deducir, se trata de un esfuerzo multisectorial de todo el estado, que empieza por definir, corregir y operativizar los términos que emplea la Constitución Política, como son: Vigilar y Controlar; definir quien liderará el sistema, definir una franja de seguridad fronteriza, definir qué hará cada sector, entre otros.

Fronteras: ¿Responsabilidad absolutamente policial y militar?, por Leonardo Longa

Los hechos ocurridos en Ayacucho durante la última visita de la presidenta Dina Boluarte son sumamente preocupantes, especialmente si consideramos la realidad actual del Perú. La crisis y el caos de origen político nos están conduciendo rápidamente hacia un "Totalitarismo oculto", que muchos peruanos, lamentablemente, no percibimos o, peor aún, no nos interesa.

En este contexto, deberíamos empezar a preguntarnos: ¿Está en peligro la democracia peruana? Desafortunadamente, considero que la respuesta es sí. Nuestra democracia, débil e imperfecta, está en peligro debido a una guerra política, jurídica y económica que nos lleva rápidamente hacia el totalitarismo, el autoritarismo y un gobierno dictatorial. Ejemplos de esto existen en buena cantidad en otros países.

Por esta razón, la negativa reacción política del gobierno ante los hechos ocurridos contra la presidenta adquiere una vital y trascendental importancia para la estabilidad y viabilidad de la nación. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son el bastión que sostiene y protege nuestra democracia, y la necesidad política de controlarlas solo es aceptable e indispensable por razones de cumplimiento de estos propósitos. Por lo tanto, el pueblo peruano debe hacer todo lo humanamente posible para evitar que estas fuerzas sean controladas por un régimen ilegítimo y no democrático.

Se puede especular una teoría conspirativa basada en los indicios, evidencias y hechos analizados hasta la fecha. Podría explicar, desde un enfoque hipotético, que lo ocurrido en Ayacucho no se trata de un hecho casual, sino de una acción provocada que ha servido de "pretexto perfecto" para justificar decisiones políticas, como relevar al jefe de la inteligencia nacional y a comandos de la policía nacional. Esto se haría con la única finalidad de controlar o someter inicialmente a la Policía y, en un futuro no lejano, hacer algo similar con las Fuerzas Armadas. Por esta razón, nuestra sociedad debería permanecer vigilante y no permitir el debilitamiento de la moral e institucionalidad de estas fuerzas de la nación, que vigilan, protegen y garantizan la libertad y la democracia en el Perú.

Es conveniente resaltar, para dar mayor seriedad a lo afirmado hipotéticamente, que la seguridad de cualquier presidente de la república está diseñada y dispuesta en tres anillos de protección:

Primer anillo: a cargo de la Casa Militar, quien designa un jefe de seguridad responsable de la protección presidencial. Al menor indicio de riesgo o amenaza, se accionan los planes previstos. ¿La Casa Militar detectó con anterioridad riesgo en la visita de la presidenta a Ayacucho? Y si fue así, ¿se lo comunicó? Si no lo hizo, ¿podría tener responsabilidad y ser sometida a reparos políticos? Si lo hizo, ¿existe responsabilidad de la presidenta o de la persona que la instó a asistir?

Segundo anillo: a cargo de Seguridad del Estado y otros elementos afines, con razonamientos de responsabilidad similares al primer anillo.

Tercer anillo: a cargo de las fuerzas del orden locales que coordinan con el primer y segundo anillo y son suplementarias. Si tienen responsabilidad, se debe razonar de manera similar a los otros anillos.

Es importante mencionar que la inteligencia nacional (DINI) juega un rol importante en el momento de decidir si la presidenta va o no al evento. ¿Alertó la DINI de algún riesgo o amenaza? ¿Le hicieron caso? Estas respuestas deberían ser de conocimiento público y dar legitimidad y legalidad a las decisiones políticas que el gobierno ha adoptado como respuesta a un incidente que, como se podría especular, fue creado convenientemente para justificar futuras disposiciones políticas que la actual ley de la policía nacional no permite a este gobierno realizar.

Si se consolidaran estos hechos como ciertos, dejarían de ser una especulación, pero se podría notar que se viene resquebrajando la moral y debilitando la institucionalidad de la policía nacional del Perú. Esta institución merece respeto y todos los peruanos debemos cuidarla y protegerla, ya que defiende nuestra libertad y democracia. Esto podría ser una alerta para tener cuidado, ya que se podría haber facilitado el camino para, posteriormente, continuar con el resquebrajamiento de la moral y debilitamiento de la institucionalidad de nuestras Fuerzas Armadas, en especial de nuestro glorioso Ejército Peruano.

La sociedad peruana debería permanecer alerta, atenta y dispuesta a defender nuestra libertad y democracia, así como a las fuerzas que las protegen.