Se extrañarán quienes me siguen cuando les digo que estoy absolutamente de acuerdo (por primera vez) con Petro sobre que Colombia vive una ruptura institucional. Por este término entiendo cuando la institucionalidad democrática adolece de una de sus tres características fundamentales: 1) legitimidad de origen dado por que este sea a través de unas elecciones plenamente democráticas, 2) Cumplimiento del Estado de Derecho, es decir, que las actuaciones de las instituciones se ciñan estrictamente a la Constitución y las leyes, 3) separación de poderes, que ningún poder coacte la actuación de alguno de los otros dos.
El actual gobierno fue elegido en elecciones libres y transparentes, por lo tanto, no se duda de la legitimidad de origen de Petro. En cuanto a la sujeción al Estado de Derecho, si bien Petro casi que diariamente intenta burlarse de este, aún funciona el equilibrio de poderes, dado que la Corte Constitucional ha fallado en derecho, anulando las más aberrantes infracciones legales de Petro contra el hilo constitucional.
La ruptura institucional proviene, como bien lo apunta Petro, por la inexistencia de la tercera característica apuntada de la institucionalidad democrática, pero no porque como en un ejemplo más de la inversión de la realidad izquierdista de Petro, los otros poderes “no lo dejen gobernar”, sino porque precisamente siguiendo sus instintos comunistas, Petro pretende que el Ejecutivo avasalle a los poderes Legislativo y Judicial.
En cuanto al Legislativo, el avasallamiento de Petro es total, pero no por coacción sino por libre sumisión de los legisladores conservadores, liberales, verdes y de la U, quienes, atraídos como abejas por la miel, se han atosigado de la mermelada gubernamental, para haciendo show de estar ejerciendo límites a Petro, en realidad le están aprobando sus reformas, tendientes a desequilibrar el orden social, de manera de pauperizar a la población y así hacerla dependiente del régimen.
Con quien sí se ha tenido que enfrentar Petro es con el Poder Judicial, especialmente la Fiscalía y la Procuraduría, quienes han puesto límites a la acción criminal del gobierno y este ha respondido con coacción, causando, por lo tanto, la ruptura institucional. Petro poniendo trabas, sea por medio de sus declaraciones públicas, sea por medio del desacato a las órdenes de estos órganos del Estado, está causando el quiebre del Estado de Derecho y, por lo tanto, rompiendo la institucionalidad democrática. Petro abrió un conflicto con la Procuraduría y la Fiscalía a quien acusa de formar parte de una conspiración para sacarlo del poder, una nueva teoría del Lawfare a los que suelen aferrarse los presidentes de izquierda ante investigaciones judiciales que puedan perjudicarlos
El conflicto se dispara por dos situaciones en particular. Por un lado, la decisión de la Procuraduría de suspender por tres meses al canciller Álvaro Leyva Durán por extralimitarse en el cumplimiento de sus funciones al no entregar una licitación que ya había sido adjudicada a una empresa para la elaboración de pasaportes. Que conste que estoy de acuerdo en el fondo del asunto con Petro y Leyva, es inadmisible que el Estado esté prácticamente controlado por una empresa (a propósito muy ligada a Juan Manuel Santos, quien estuvo en su junta directiva hasta que legalmente tuvo que salir de ella por ser presidente, pero quedando en manos de sus testaferros los hermanos Bautista) que controla el otorgamiento de cédulas y pasaportes, el reconocimiento biométrico de los votantes, los software de los procesos electorales y los peajes entre otros negocios y todas estas funciones obtenidas por procesos amañados al estipularse pliegos en las licitaciones que solamente ella puede cumplir, anulando legalmente estas licitaciones. Pero muy distinto es que se trate de corregir esta situación “a la brava” y se imponga una situación ilegal al contravenirse los dispositivos legales, esto es yendo en contra del estado de derecho, luego sin duda, creando una ruptura institucional. Peor aún es que todo esto se haga para cambiar una situación ilegal por otra: pasar de una licitación viciada a favor de la empresa de Santos a otra de igual característica para dársela a una empresa favorecida por el hijo de Leyva.
De acuerdo con la decisión de la Procuraduría, Leyva «habría incurrido en dos faltas disciplinarias, calificadas de manera provisional como gravísimas cometidas a título de dolo». Pero Petro y Leyva deciden desacatar el fallo de la procuraduría causando el rompimiento del Estado de Derecho, repito, situación muy grave porque conlleva a la ruptura institucional.
La otra está relacionada al supuesto financiamiento ilegal de la campaña de Petro que puso en el ojo a Fecode y que muestra palpablemente que se sobrepasó el tope legal de gastos de la campaña además de ser un financiamiento ilegal por provenir de fuentes prohibidas. En paralelo está el dinero para campaña habría sido utilizado por el hijo de Petro que está imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por causa de su propia declaración.
Ante las actuaciones de la Fiscalía en este proceso, Petro pretende desconocer la competencia legal del fiscal “porque él (Petro) es su jefe”, desconociendo toda la normativa legal, y repito, causando la ruptura de la institucionalidad democrática. Se debe destacar que esto no es un caso aislado, sino que un medio independiente (aunque con sesgo izquierdista) como lo es La Silla Vacía, en mayo pasado contaba 7 conflictos entre Petro y estos órganos del Estado (https://www.lasillavacia.com/silla-nacional/siete-choques-de-petro-con-la-justicia-la-fiscalia-y-la-procuraduria/ ), ahora la cuenta debe ir como en el triple, supongo yo.
Ahora bien ¿qué hay detrás de esta ruptura institucional por parte de Petro? Pues simplemente el cumplimiento de su objetivo: Petro utilizó la estrategia del Foro de Sao Paulo de llegar al poder por medio del engaño, ganando unas elecciones democráticas, disfrazado de demócrata, para una vez en el poder, desde él destruir el orden democrático. Petro tiene como objetivo implantar la dictadura del socialismo del siglo XXI, para ello está siguiendo al pie de la letra el libreto chavista, acá más fácil porque tiene el apoyo del establishment, no necesita de una Constituyente, pues ya se acordó en la mesa de diálogo con el ELN “revisar el modelo político y económico”, esto es un eufemismo para destruir la democracia sustituyéndola por la dictadura del socialismo del siglo XXI, y acabar con la economía de mercado, desplazándola por el modelo de economía estatista, y esto con el apoyo del Centro Democrático que tiene a Lafaurie y Valencia Cossio como sus representantes en las mesas con el ELN y las FARC, que repito tienen como objetivo la instauración del socialismo del siglo XXI. Si quienes se suponen deben oponerse con más firmeza a este objetivo están contribuyendo con él (súmese los gremios, la Iglesia y la academia que están acordes con ese objetivo) que se puede esperar del resto de la opinión pública.
No se puede contar pues con el establishment para luchar contra la implantación de la dictadura del socialismo del siglo XXI, es menester que surja un movimiento de resistencia al régimen de fuerza que ya se está gestando (a las Fuerzas Militares y de Policía las están capando, aniquilando sus mandos superiores y prohibiéndoles actuar contra el principal enemigo de la democracia en Colombia, el narcoterrorismo, al ordenársele el cese al fuego unilateral), que tenga un liderazgo firme, el cual puede surgir dentro de los mismos líderes del establishment, pero con una actitud radical de oposición a la ruptura institucional que está haciendo Petro con la sumisión de este.
*Artículo publicado en el diario El Nacional de Venezuela