Durante las últimas semanas, ha rodado una pelota que expide un humo con el que se ocultan los graves problemas de inseguridad en la provincia de La Libertad, cuyo gobernador es César Acuña.
La pelota se llama “Paolo Guerrero” y el humo se llama “negociaciones de contrato con el club de la Universidad César Vallejo (UCV)”, ubicada en la ciudad de Trujillo y cuyo presidente es Richard Acuña, hermano de César Acuña.
Guerrero había querido romper el contrato que firmó para la temporada 2024 con la UCV debido a las amenazas que recibió su madre, “Doña Peta”, en las que un presunto grupo criminal trujillano, que se adjudicaba los mayores actos de criminalidad en la zona; le pedía pagar una suerte de “cuota” para vivir tranquilo en Trujillo o de lo contraria secuestrarían a uno de sus seres queridos y pedirían un jugoso rescate.
Estas extorsiones movilizaron hasta la Policía Nacional para asegurar la protección del delantero, quien había amenazado con retirarse del fútbol si no se llegaba a una solución a su “problema”. Tras 20 días de negociaciones e incertidumbre, Paolo Guerrero llegó a Trujillo, acompañado por Richard Acuña para incorporarse como nuevo jugador de la UCV.
Mientras que la opinión pública estaba preocupada por la seguridad de Paolo, se olvidaron de la creciente delincuencia que afecta a los ciudadanos de a pie de la provincia de La Libertad. Según cifras proporcionadas por el presidente del Consejo de Ministros de Perú, Alberto Otálora, durante el 2023, se registraron en Trujillo 30 mil delitos y 11 mil robos. Desde inicios del año 2024, se estima que hubo en promedio una muerte por cada día.
Por esta situación crítica, el gobierno declaró el estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz. La Policía Nacional ha enviado 100 efectivos de la Unidad de Servicios Especiales, 40 del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) y 100 del Escuadrón Verde. Además, el ministro de Defensa, Walter Astudillo, aseguró que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas está desarrollando labores de planeamiento y coordinación en Pataz.
Sin embargo, resulta extraño que todos estos sucesos ocurran durante el mandato regional de César Acuña y lo que es aún más extraño es que el presunto extorsionador de Paolo Guerrero, identificado como Edwin Moya Salazar, registra una afiliación al partido de Acuña, Alianza para el Progreso (APP), desde el 27 de febrero de 2014. Óscar Acuña, coordinador regional de APP, expresó su sorpresa por esta revelación y anunció que van a expulsar al sujeto del partido.
Pero ¿qué podría tapar con humo esta situación?
Dos cosas: la pésima administración de César Acuña en La Libertad respecto a la inseguridad y la crisis agravante en el Ministerio Público y organismos como la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Cada día hay nuevas revelaciones que salpican a fiscales, políticos, periodistas y otros personajes. Cada día se va descubriendo que la corrupción ha infectado seriamente a las instituciones del Estado en las que los peruanos deberían confiar.
Pero el amor por el fútbol y la devoción hacia un jugador pueden distraer a la población de los verdaderos problemas del país. Además, resulta inaudito que se despliegue una gran operación para proteger a un futbolista, mientras que la región donde jugará sufre por una creciente criminalidad.
Quizás el caso de Paolo realmente haya sido verdad, pero tampoco deberíamos descartar que pudo ser una cortina de humo bien planeada para distraer a la población. En Perú todo es posible. Debemos estar atentos.