El 31 de enero pasado, a nuestro brillante gobierno no se le ocurrió una mejor idea que publicar una norma, aumentando el impuesto selectivo al consumo (ISC) a las cervezas, al pisco, así como a los cigarrillos y tabaco (Resolución Ministerial No. 030-2024-EF/15). Esta medida aumentaba, por ejemplo, el ISC a las cervezas a S/ 2.51 soles por litro y el pisco a S/ 2.48 soles por litro. La medida entraría a regir a partir del 1 de marzo del presente año 2024. Como bien supondrán, las reacciones en contra no se hicieron esperar. Solo a este gobierno en donde el desatino es su regla general (repartir caramelos a gente necesitada, etc.) se le puede ocurrir en pleno verano, con corriente del Niño en curso y con récords de calor a diario, aumentar el precio -porque finalmente es el consumidor el que va a soportar este aumento del ISC- a una bebida tan popular como la cerveza, por no mencionar el pisco. Como siempre, el pueblo es el que soporta todo. Antes de este aumento, el impuesto gravaba a las cervezas con el monto fijo de S/ 2.31 soles. El alza era de S/ 0.20 soles.
Diversos gremios se quejaron de tan inoportuna medida y solicitaron su derogación. Esto originó que el pasado 20 de febrero se publicase el Decreto Supremo No.014-2024-EF, mediante el cual el aumento -solo a las cervezas, los demás aumentos se mantienen- quedaba en S/ 2.41 soles y a partir del 1 de julio de 2024. Efectivamente, los gremios cerveceros y bodegueros -la Asociación de Bodegueros del Perú-, habían mostrado con toda razón su rechazo a la medida, señalando que ello tendría un impacto negativo en su recuperación económica, más aún tras un año en que la economía había caído un 0,55%, teniendo en cuenta que la cerveza abarca un 30% de las ventas totales de las bodegas y que el verano es la temporada en la que más se incrementa el consumo de este producto. De otro lado, la Cámara de Comercio de Lima señaló y alertó, que los montos fijos por concepto del ISC aplicados a las bebidas alcohólicas, las cervezas y los cigarrillos que son comercializados en bodegas, podrían reducir en 4,5% las ventas de estos negocios. Así mismo, la Cámara Cervecera del Perú solicitó, en todo caso, la aplicación gradual de estas medidas e inclusive que se aplace hasta el último trimestre del año. Finalmente, tenemos lo que tenemos y la medida en relación a la cerveza quedó con un alza de S/ 2.41 soles por litro de cerveza a partir del 1 de julio como ya se indicó.
Cabe recordar que los impuestos al consumo -como el IGV y el ISC- son los que más gustan a los gobiernos en general, pues son de fácil recaudación y cuantiosos pero, sin embargo, son tributos “ciegos”, ya que son impuestos injustos por naturaleza al no contemplar ni respetar la capacidad contributiva del consumidor, más aún, cuando el impuesto se le traslada al consumidor, e irónicamente, el consumidor no es el contribuyente del impuesto, pero es quien lo soporta y lo paga, sin importar su condición económica y social.
Lo interesante del caso, al margen de la cuantía del alza, son las curiosas “justificaciones” del gobierno para establecer estas alzas. Van desde las razones técnicas, como la de actualizar la recaudación de este tributo desfasado por la inflación actual, recuperar la carga tributaria perdida por el aumento de precios de los productos, así como -y esto es lo mejor del caso- destacar el “rol disuasivo” del ISC en la conducta del consumidor. Esto quiere decir que, además del objetivo de recaudación tributaria, se busca la “disuasión” en la conducta de los peruanos, en el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente de la cerveza y el pisco.
Cabe preguntarse, entonces, si bien el derecho a la salud de las personas es un derecho fundamental, constitucional (artículos 2, numeral 1 y 7 de la Constitución), ¿Tiene acaso derecho el Estado a decirnos qué debemos comer, beber o cómo alimentarnos, utilizando la tributación como medida “disuasiva” para no consumir ciertos alimentos y bebidas, en pro de nuestra salud? ¿Quién es el Estado y menos el gobierno de turno, para decirme qué debo comer y qué puedo beber? Recordemos cómo hace unos años se debatió la posibilidad de imponer impuestos a las gaseosas y a la denominada “comida chatarra”, con miras a salvaguardar la “buena salud” de la población. Solo en definir “comida chatarra” se armó un debate que nunca llegó a una conclusión satisfactoria. Algunos hasta quisieron incluir como comida chatarra al “pollo a la brasa” y a los “anticuchos”. ¡Grave sacrilegio a nuestra maravillosa comida peruana! De allí que, repito, ¿Tiene el Estado derecho a imponernos mediante tributos, unos determinados hábitos de comida y bebida? Recordemos cuando en los años 90, un congresista amante de las corridas de toros logró que se aprobara en el Congreso el desgravarlas de IGV e imponer dicho IGV a los cines, encareciendo tremendamente por tanto las entradas a un cine -pues el Estado no pierde y lo que a uno quita grava a otro-, originando la quiebra de muchos locales de cine. Y más recientemente, el gran debate surgido por la “obligación” ordenada por el Estado de vacunarse contra el Covid19, con pseudo vacunas que no habían cumplido con las cinco fases para su correcta conformación, para salvaguardar nuestra salud.
En fin, cada persona en virtud de su libertad, tiene derecho a decidir si se toma una cerveza o dos o seis, y de allí a que el Estado quiera imponernos una “conducta disuasiva” respecto a una comida o una bebida, es muy discutible puesto que cada persona es dueña de su vida, de su estómago, de su hígado y de su conducta. Lamentablemente, en el país de la informalidad instituida, este tipo de medidas lo único que origina es más informalidad, ventas informales de bebidas alcohólicas sin garantía alguna de calidad, daño al comercio formal, por solo mencionar algunas consecuencias. De allí que como diría mi abuela, amante de la cerveza por naturaleza, ¡con mi chela no te metas! Y si al gobierno no le gusta la cerveza o nuestro buen pisco, pues que se tome un buen purgante y ahí nos vimos. ¡Salud por eso!