Ante la creciente incertidumbre política y judicial dentro del país, la izquierda caviar ha intentado buscar apoyo internacional para que la imagen del Perú se vea a la par de las dictaduras dentro de la región, como Venezuela o Nicaragua. Pese a que la justicia peruana se ha demorado en investigar, tras las acusaciones de Jaime Villanueva, a diversos referentes izquierdistas, como Gustavo Gorriti, José Domingo Pérez o Rafael Vela. Aun así, para los caviares nos encontraríamos en una situación similar a la de regímenes autoritarios americanos.
Según Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), gremios peruanos habrían presentado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas agrupaciones querrían que se coloque al Perú dentro de la lista de países con mayor riesgo en la región, donde se ubican las dictaduras de Nicolás Maduro o Daniel Ortega.
La ofensiva
La abogada de IDL señaló que su comisión habría presentado diversos “problemas” que estarían enfrentando el Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones dentro del sistema de justicia como la Junta Nacional de Justicia, provenientes de organismos del Estado como el Congreso o el Tribunal Constitucional.
“Hemos planteado algunos problemas y acciones graves que vienen del Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo y el Congreso respecto a la Junta Nacional de Justicia, y algunos ataques que han recibido fiscales y el Ministerio Público como institución”, precisó Silva. Asimismo mencionó que las Naciones Unidas estarían “pendientes” de lo que sucede en el Perú.
“Naciones Unidas está prestando atención puntual a lo que sucede en América Latina. Y le hemos hecho llegar a la doctora Satterthwaite las preocupaciones institucionales respecto a lo que pasa en Perú, que en este momento es uno de los países que preocupa casi en el nivel de Venezuela, Guatemala y Nicaragua”, sentenció Silva.
La abogada también señaló al Congreso como una entidad que busca atentar contra la separación de poderes, con la remoción de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, para dificultar que los parlamentarios luego sean investigados. De igual manera, indicó que las mismas motivaciones son las que impulsan al legislativo a proponer la reestructuración del Ministerio Público.
La izquierda nos dice que la remoción de los magistrados de la JNJ significaría el cierre de la institución. El vicepresidente de la institución, Aldo Vasquez incluso mencionó que esta atentaría contra la democracia y generaría más pobreza. No obstante, debemos aclarar que esta narrativa sería una farsa. El reconocido constitucionalista, Humberto Abanto, indicó en exclusiva a El Reporte sobre esta situación, señalando que ese es solo un intento de generar pánico.
“La ley en ese aspecto es previsora. Los accesitarios tienen candidatos en reserva. Si no pueden acceder, se habilita a los que están en reserva para que ocupen su lugar”, expresó.
“El cuento que creó el señor Vázquez de que la remoción de los miembros de la JNJ va a significar la paralización de los trabajos de este órgano constitucionalmente autónomo, no es nada más que una exageración”, agregó Abanto.
Constitucionalista Humberto Abanto niega que la remoción de los magistrados de la JNJ sería el cierre de la institución.
¿Cortina de humo?
IDL pretende lanzar una ofensiva internacionalmente. Quieren evitar la destitución de los miembros de la JNJ como sea. Y mientras intenta despistarnos con este ataque, uno de sus abogados ha confirmado la llamada de Gustavo Gorriti para detener el operativo de la Fiscalía contra la ONG.
Carlos Rivera, abogado de IDL, confirmó la declaración de Rodrigo Rurush, fiscal que dirigía la diligencia contra el local de la ONG de izquierda en el 2018. Recordemos que en sus declaraciones, Rurush señaló que todo el operativo se vio suspendido tras una llamada de Gustavo Gorriti al entonces fiscal de la nación, Pablo Sánchez.
“Nunca hemos negado la existencia de esa comunicación. Siempre he señalado que esa comunicación existió. Inclusive, hay un registro fílmico de la comunicación”, aclaró Rivera.
Tras aquella llamada, Pablo Sánchez, habría llamado a Rurush amenazándolo. “Suspende inmediatamente la diligencia o atente a las consecuencias”, habrían sido las palabras del exfiscal de la nación. Esta habría tenido lugar, minutos después de que el director de IDL- Reporteros, Gustavo Gorriti le advirtiera sobre la misma.
Un operativo de la Fiscalía se cancela por la injerencia del director de IDL Reporteros, sin embargo, para esa misma organización estaríamos cercanos a una dictadura congresal.
Exfiscal de la nación, Pablo Sánchez habría cancelado operativo en local de IDL tras llamada de Gustavo Gorriti.
Justicia tomada
No quieren hacer justicia. El Ministerio Público y el Poder Judicial buscaron evitar a toda costa, que se investigue a Gorriti y a los fiscales mencionados por Villanueva. No obstante, el intento de otorgarle impunidad a Gorriti fracasó. El pasado lunes, el fiscal supremo Alcides Chinchay, habría iniciado diligencias preliminares contra Gustavo Gorriti, así como también contra Rafael Vela y José Domingo Pérez, por su vinculación con las declaraciones del filósofo. Sin duda se ha iniciado tarde la investigación contra Gorriti y compañía, pero mejor tarde que nunca.
Además, la influencia del director de IDL Reporteros sobre diversos fiscales, como Pablo Sánchez, Domingo Pérez, Rafael Vela o Juan Carlos Villena, actual fiscal de la Nación, es notable. Ante ello, la bancada de Fuerza Popular no pretende quedarse de brazos cruzados.
La bancada, liderada por Keiko Fujimori, denunció penalmente tanto a Gorriti, como a Vela, Pérez y Sánchez, tras las declaraciones de Jaime Villanueva que indican que Gorriti habría dirigido la investigación del caso “Los Cócteles” en el cual se investiga a la lideresa del partido fujimorista. La bancada acusa a los mencionados por los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, entre otros.
Ante la denuncia, IDL se lamentó y se pronunció al respecto, precisando que hay un intento de “convertir a los investigadores en investigados y, a los políticos investigados por graves hechos de corrupción, en perseguidos políticos". Una victimización de aquellas.
La Fiscalía, así como del Poder Judicial, actuaron con celeridad cuando se filtraron los audios de Villanueva, sin conocimiento de su veracidad, realizando un operativo contra Patricia Benavides, que culminó con la suspensión de la exfiscal de la Nación por parte de la JNJ. Sin embargo, con todas las declaraciones en contra de Gorriti y de los fiscales, tuvieron que pasar meses para abrir las diligencias preliminares de una investigación en su contra.
El constitucionalista Humberto Abanto analiza esta situación remarcando la parcialización del sistema de justicia.
“El fiscal de la Nación ha demostrado que Villanueva no estaba mintiendo cuando dijo que Gorriti era capaz de extorsionar y decirle que nunca iba a ser fiscal de la Nación sin su autorización”, precisó. Además, Abanto indicó que la Fiscalía y el Poder Judicial no son confiables, y que había que realizar diversos cambios para que eso cambie.
“Se debe cambiar a la Junta Nacional de Justicia y se deben reformar el Ministerio Público y el Poder Judicial. Necesitamos reformar al órgano encargado de perseguir el delito en el Perú y en la Constitución”, sentenció el jurista.
De igual manera, arremetió contra el Poder Judicial, que habría permitido que la Fiscalía no respete el principio de igualdad.
“Nada de lo que la fiscalía se propuso hacer podría haberse hecho sin los jueces. Nada de lo que ha ocurrido en el Perú habría ocurrido sin la complicidad del Poder Judicial”, precisó Abanto.
La coalición “caviar” acude a sus aclamados organismos internacionales para buscar protección. No quieren que la JNJ caiga porque perderían mucho poder. Pretenden que un organismo que actúa inconstitucionalmente sea amparado por la CIDH.
Mientras eso sucede, el tiempo sigue destapando más irregularidades. Y nuestra justicia está evidentemente parcializada a favor de la izquierda. Solo nos queda que el Congreso impida que se sigan cometiendo actos contrarios a la ley. Es necesario que se remuevan a los magistrados de la JNJ, y luego que se reforme este sistema de justicia, claramente tomado.