Todo peruano de bien tiene perfectamente claro que el mayor enemigo de nuestra tranquilidad son los delincuentes violentos.
A ninguna persona honesta le hace gracia que ciertos fiscales y jueces actúen protegiendo claramente al enemigo. Sea que lo hagan por razones pecuniarias inconfesables, por identificación ideológica o por temor a represalias, esa conducta es inadmisible y está reñida con la principal razón por la que nacieron y existen los Estados: brindar seguridad a sus ciudadanos honestos.
Como he mencionado en otro artículo, la innegable presencia de individuos corruptos y cómplices del crimen, infiltrados en el sistema de justicia peruano, hacen inaplicable la receta de los jueces sin rostro para proteger a aquellos jueces que no actúen por temor.
Para todos está claro que es indispensable una cirugía extractiva en gran escala en el PJ y el MP, pero esta, en democracia, es necesariamente una tarea larga y compleja.
La situación descrita hace imprescindible generar pronto un marco legislativo que no deje dudas acerca de la obligación de los jueces y fiscales de protegernos a nosotros y no a los delincuentes. Por lo tanto, urge el Congreso promulgue, por insistencia, de una buena vez, el proyecto de Ley que recoge el derecho universal a no ser denunciado por el uso de la fuerza (incluida la fuerza letal) en la defensa propia ejercida dentro del hogar, el vehículo, o el bien inmueble sobre el que se tenga legitima propiedad o posesión. Ese proyecto duerme escandalosamente encarpetado en la Comisión de Justicia tras ser observado por el Poder Ejecutivo en tiempos de Otárola, en inaceptable complacencia (o complicidad) con los criminales que nos atacan, mientras los peruanos nos desangramos a diario por la ofensiva criminal.
Dado que se ha hecho común que la familia de los delincuentes abatidos legítimamente demande además indemnizaciones en el fuero civil a policías y ciudadanos, se hace razonable aprovechar la inconducta del Ejecutivo y añadir al proyecto la ausencia de responsabilidad civil extracontractual por el uso de la fuerza en la legitima defensa.
Cuando el crimen amenaza, toda neutralidad por consignas ideológicas de convierte en complicidad con el enemigo patrio.