Parece que se acerca el inicio del fin del lagarto Vizcarra, pues desde esta madrugada, la Fiscalía de la Nación realiza un allanamiento e incautación de bienes y documentos en el domicilio del expresidente, como parte del caso 'Los intocables de la corrupción'.
Vizcarra durante el allanamiento de su domicilio este lunes 18 de marzo.
El Ministerio Público anunció a través de sus redes sociales que desde aproximadamente las 4:00 a.m., el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales realiza esta operación en las viviendas de Vizcarra y del ex ministro de Transportes, Edmer Trujillo; ubicadas en los distritos de San Isidro y Surquillo en Lima, y en la provincia de Mariscal Nieto en Moquegua.
Vizcarra aseguró en su cuenta de X que el allanamiento realizado por la Fiscalía fue con su consentimiento: “Soy el primer interesado en colaborar con la Justicia, por ello solicité voluntariamente al MP la inspección de mi domicilio, que se realiza hoy. Ya firmé el acta oficial del levantamiento de mi secreto bancario y de comunicaciones.¡Se predica con el ejemplo!”, escribió.
Sin embargo, la entidad lanzó un comunicado donde señalan que estos allanamientos responden a un requerimiento efectuado por el Ministerio Público y no producto de la carta notarial publicada por el exmandatario.
La Fiscalía desmintió al lagarto sobre un supuesto permiso que él había concedido para el allanamiento.
El lagarto ya no es intocable
Quien antes fue la persona a la que “La Generación del Bicentenario” (que se creyó el cuento de la victimización vizcarrista) defendió tras haber sido vacado del cargo presidencial por incapacidad moral en noviembre de 2020, ahora está acorralada y ya no es tan intocable como antes se creía.
Según el Ministerio Público, el expresidentese encuentra implicado en el caso “Los Intocables de la Corrupción”, liderando presuntamente una organización criminal que operaba en Provias Descentralizado durante su mandato presidencial (entre marzo del 2018 y noviembre del 2020), no descartándose "su continuidad de operación".
El lagarto es investigado por ser el presunto autor del delito de organización criminal e instigador del delito de colusión, mientras que a Edmer Trujillo Mori, lo investigan por los presuntos delitos de organización criminal y colusión. Los dos ex funcionarios públicos están bajo escrutinio de la justicia debido a presuntas contrataciones irregulares en Provías Descentralizado, por las obras de Tintay, Pampas, Samegua, entre otras.
El Ministerio Público ha presentado pruebas que incluyen el testimonio de uno de los investigados, quien afirma haber entregado maletines deportivos en el Palacio de Gobierno, y que Karem Roca, exsecretaria de confianza del entonces presidente Vizcarra, encontró fajos de dinero cuando revisó uno de estos maletines.
Por este caso, la justicia peruana dictó 36 meses de prisión preventiva contra Carlos Revilla y Alcides Villafuerte, el primero se desempeñaba como jefe de Provías, mientras que el segundo era exgerente de Provías. Ambos fueron detenidos el pasado 30 de enero.
Según la Fiscalía, Carlos Revilla, quien fue subgerente de obras de Vizcarra, cuando era presidente regional de Moquegua (2014); era el "principal concentrador de las coimas que recibía producto de los acuerdos colusorios, y el dinero recaudado (...) habría entregado porcentajes a Edmer Trujillo, Carlos Estremadoyro (viceministro de Transportes), Hugo Missad Trabucco (asesor de Carlos Revilla), Elizabeth Ugarte Manrique (coordinador de abastecimiento), Juan José Enciso (miembro de comités de selección), entre otros en proceso de identificación".
Las pesquisas del Ministerio Público también revelaron que cuando el lagarto fue el vicepresidente del Perú, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pidió que Revilla fuera nombrado asesor del gabinete de asesores del MTC. Cuando asumió la presidencia, Vizcarra habría utilizado sus influencias para que el investigado asumiera como director ejecutivo de Provías Descentralizado.
Intento de escurrirse
El lagarto habría realizado una presunta maniobra para evitar ser investigado, pues la semana pasada, el fiscal de la nación interino, Juan Carlos Villena, ordenó retirar al fiscal José Luis Quispe Changanaqui del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Efficop). Quispe había logrado obtener prisión preventiva para Carlos Revilla y Alcides Villafuerte. Desde febrero de 2024, este fiscal venía investigando a Vizcarra y había incorporado en la carpeta unos audios que probarían cómo el expresidente habría violado la comparecencia con restricciones que la justicia peruana le impuso.
Sin embargo, el lagarto recibió un golpe. Esa misma semana el Pleno del Congreso aprobó el informe final de la denuncia constitucional en su contra por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias, peculado doloso y negociación incompatible. Ello, por la irregular contratación del músico Richard Cisneros, mejor conocido como 'Richard Swing', en el Ministerio de Cultura. Cisneros fue contratado de manera irregular en el Mincul entre los años 2018 y 2020, recibiendo pagos que ascendieron hasta los S/175,400.
Además, el Poder Judicial rechazó el pedido de Vizcarra para que se archive el proceso penal que afronta por presuntos actos de corrupción cuando este fue presidente regional de Moquegua. La jueza Margarita Salcedo declaró infundado este recurso el pasado 5 de marzo y el ex presidente de Perú realizó una apelación el 14 de marzo, la cual fue remitida a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que deberá convocar una audiencia virtual para evaluarlo.
Este proceso penal relacionado al caso “Club de la Construcción”, inició en marzo de 2021, tras las declaraciones de colaboradores eficaces ante el fiscal Germán Juárez Atoche sobre presuntos sobornos recibidos por Vizcarra cuando este era presidente regional de Moquegua.
Cuanto más trata de victimizarse y aparentar inocencia, el lagarto Vizcarra se ve envuelto en más escándalos de presuntos actos de corrupción, mal que durante su mandato presidencial solía jactarse de combatir. Aún hay más casos en su historial (como el Vacunagate), pero depende de la justicia peruana investigarlos. Cada vez parece que el “héroe de muchos de los peruanos” resultó ser todo lo opuesto. Esperemos que la Fiscalía cumpla con su labor y pruebe sus acusaciones contra el exmandatario, para que así el lagarto pague por todo el mal que le ha hecho a Perú.