La reciente caducidad de un decreto en Perú, que obligaba a las farmacias a mantener un stock mínimo de medicamentos genéricos, y su posterior renovación con cambios significativos, abre un debate interesante en el ámbito de la salud pública y la economía de mercado. El Decreto de Urgencia Nº 007-2019, caducado el 25 de febrero, buscaba asegurar el acceso a medicamentos esenciales a un costo menor, una medida que enfrentaba a las boticas y farmacias con la obligación de vender genéricos, cuya vigencia no se prorrogó en tiempo, generando un vacío hasta la publicación de un nuevo decreto.
Este interludio regulatorio no es meramente burocrático; refleja las tensiones entre la regulación estatal y la dinámica del mercado, especialmente en un sector tan crucial como el farmacéutico. Desde una perspectiva liberal se puede argumentar que este caso demuestra cómo la intervención estatal, puede llevar a incertidumbres y distorsiones en el mercado, afectando la cadena de suministro de medicamentos esenciales.
Por un lado, la obligatoriedad de stockear medicamentos genéricos se fundamenta en una realidad innegable: estos productos pueden costar hasta 50 veces menos que sus equivalentes de marca, representando una alternativa vital para muchas familias peruanas cuyos recursos son limitados. Sin embargo, el decreto inicial y su sucesor plantean cuestiones sobre la libertad de mercado y la eficiencia económica. Al imponer a las farmacias un stock mínimo de genéricos, el Estado peruano interviene directamente en las decisiones de inventario de los negocios, potencialmente desincentivando la competencia y la innovación.
Se podría argumentar que el mercado, orientado por la demanda de los consumidores, debería ser el principal regulador de la oferta de medicamentos. Las farmacias, en su búsqueda por satisfacer a sus clientes y mantenerse competitivas, tendrían un incentivo natural para ofrecer genéricos asequibles. La competencia entre los productores de genéricos y de marca tendería a reducir los precios y mejorar la calidad, beneficiando al consumidor final.
No obstante, la realidad del mercado farmacéutico no siempre se ajusta a este ideal. La información asimétrica entre consumidores y proveedores, la inelasticidad de la demanda de medicamentos y el poder de mercado de algunas compañías farmacéuticas pueden distorsionar los mecanismos de mercado. En este contexto, el Estado podría tener un rol en asegurar la transparencia, la competencia leal y el acceso a medicamentos esenciales.
El desafío, entonces, es encontrar el equilibrio óptimo entre la intervención estatal y la dinámica de mercado. Una política liberal en el sector farmacéutico podría enfocarse en facilitar la entrada de nuevos competidores al mercado de genéricos, reducir las barreras regulatorias innecesarias y promover la transparencia en precios y calidad. Al mismo tiempo, podría ser prudente mantener ciertas regulaciones que aseguren el acceso a medicamentos esenciales para las poblaciones más vulnerables, pero diseñadas de manera que minimicen las distorsiones en el mercado.
El nuevo decreto que obliga a las farmacias a vender un mínimo del 30% de su stock en medicamentos genéricos representa un paso adelante en términos de acceso a la salud. Sin embargo, es crucial que las políticas públicas en el sector farmacéutico sean diseñadas con un entendimiento claro de las dinámicas de mercado, y que busquen promover la competencia y la innovación, asegurando al mismo tiempo que todos los peruanos tengan acceso a medicamentos seguros, efectivos y asequibles. En este equilibrio reside la clave para un sistema de salud más justo y eficiente.