Los últimos acontecimientos en nuestro país nos demuestran, una vez más, que la división de poderes en el Perú no existe.
Una resolución de la Junta Nacional de Justicia ha comunicado a los magistrados inhabilitados por el Congreso, Inés Tello y Aldo Vásquez, la orden de su reposición inmediata en el cargo. Esto pese a que ambos habrían vulnerado la Constitución, razón por la cual fueron removidos de la institución. Esto después de que un fallo del Primer Juzgado Constitucional de Lima, haya fundado la demanda de amparo presentada por los dos miembros removidos. El Poder Judicial se ha metido en competencias que son únicamente del Poder Legislativo. Y ahora el Congreso, tendrá que hacer la guerra.
El fallo
Aldo Vásquez e Inés Tello se vieron congraciados por el Poder Judicial después de que la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenara su reposición. Pasando por alto, la inhabilitación por 10 años de la función pública impuesta por el Congreso de la República el pasado 8 de marzo. Sanción que era responsabilidad exclusiva del Congreso dado que es la única institución con las facultades de decidir o no si los miembros de la JNJ debían ser inhabilitados y removidos del cargo o no.
Dicho fallo, lejos de no ser polémico, señaló que la decisión del parlamento no habría sido constitucional y que habría sido objeto de arbitrariedad. Según la Corte Superior de Justicia de Lima, la sanción impuesta por los parlamentarios dañaría la “independencia y autonomía” dentro de sus funciones de los magistrados miembros de la JNJ. Esto ya que según dicha corte no se debería imputar una inhabilitación por una discrepancia en las posturas sobre una decisión del organismo de justicia. Al parecer el Congreso, el poder del Estado, que debe hacer un control constitucional a la JNJ, no puede vacar a los miembros de la JNJ si es que los magistrados consideran que no han actuado en contra de la ley de leyes.
Ordenan reposición inmediata de los magistrados Inés Tello y Aldo Vásquez.
La decisión de la JNJ
Tras este fallo, la Junta Nacional de Justicia, el día de ayer, lunes 25 de marzo, decidió pasar por encima del Congreso y suspendió la vacancia de Vásquez y Tello. Tras esto, dicha institución ordenó la reposición inmediata de ambos magistrados. Asimismo, se les comunicó esta medida a ambos magistrados inhabilitados, para que cumplan con la disposición, y se reincorporen a su cargo prontamente.
Una situación que no sorprende, dado que ese mismo día se le comunicó al Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez que suspenda la juramentación del constitucionalista Abraham Siles como miembro de la entidad.
Situación que llamó la atención por parte de Gutiérrez, quien se encontró más que sorprendido por la celeridad por parte del Poder Judicial para resolver la medida cautelar interpuesta por Tello y Vásquez. Asimismo, señaló que usualmente el Poder Judicial no resuelve en tan corto tiempo otras cautelares presentadas.
"Me preocupa que el sistema de justicia, propiamente el Poder Judicial, en algunos casos es muy célere, me gustaría que sea así en todos los casos. Hay medidas cautelares que esperan meses y años, ni siquiera los atienden. ¿Por qué han resuelto a priori? ¿por qué tan rápidamente? es una explicación que se le debe al país", cuestionó el Defensor del Pueblo en RPP.
No obstante, Josué Gutiérrez no se opuso a la decisión tomada por el Poder Judicial.
“Mirémoslo en positivo, Lo que ha resuelto el Poder Judicial, la Corte Superior, está bien, pero quisiéramos que así resuelvan también en los otros casos. No tiene que esperarse mucho tiempo (...) En qué afectaba si se restituía o no. Dejamos de juramentar ¿en qué altera si está la composición de los miembros? No altera en nada", precisó.
Defensor del Pueblo cuestionó la celeridad del Poder Judicial en pronunciarse sobre la cautelar presentada por Inés Tello y Aldo Vásquez.
La guerra
El Congreso, evidentemente, no pretende conformarse con la actuación de la Junta Nacional de Justicia. Por lo que se estaría preparando para combatir con todo lo que tenga frente a este desacato por parte de la Junta Nacional de Justicia y por parte del Poder Judicial, que optó por no respetar la decisión del parlamento ni de la división de poderes.
El procurador del legislativo, Manuel Peña Tavera remitió al Tribunal Constitucional una solicitud para que se pronuncie sobre la situación lo más pronto posible. Pidiéndole al máximo organismo constitucional que anule la medida cautelar otorgada por el Poder Judicial a favor de los dos miembros vacados de la JNJ, tras ser repuestos por la misma institución.
Asimismo, en la solicitud enviada se señala que el Poder Judicial actuó en “manifiesto desacato de la cosa juzgada constitucional” a lo decidido por el Tribunal Constitucional en una sentencia del 23 de febrero del 2023. En dicha sentencia, los magistrados del TC dispusieron que el Poder Judicial no podría ni tendría la autoridad de intervenir mediante medidas cautelares en el ejercicio de las funciones y competencias exclusivas del Congreso según la Constitución.
La ofensiva de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia ha sido más que peligrosa. El Poder Judicial ha demostrado, otra vez, su politización y su ineficacia en hacer justicia. Los miembros de la JNJ han incurrido, notoriamente en una infracción constitucional por la cual fueron justamente vacados. Nuestra Constitución no puede ser interpretada a diestra y siniestra a favor de ciertos grupos políticos para favorecerlos, aun cuando la Carta Magna es clara en el asunto. Todo queda en manos del Tribunal Constitucional, que tiene el deber de pronunciarse de la manera más célere posible sobre esta guerra entre la JNJ y el Congreso, en la cual se juegan muchos factores para el futuro del país. Esperemos que el TC actúe correctamente, no se deje influenciar por el sector caviar, y disponga la nulidad de la reposición de Inés Tello y Aldo Vásquez.