La presidente Dina Boluarte está otra vez al borde del abismo, a punto de descalabrarse con consecuencias fatales para ella porque, como es obvio, si es derrocada, sus posibilidades de pasar de Palacio a la cárcel son altísimas.
El hecho que las mociones de vacancia hayan sido rechazadas por el Congreso no significa mucho. La experiencia del Perú de los últimos años muestra que el humor es cambiante. Tres presidentes superaron intentos de defenestración para caer inmediatamente.
Casi desde el comienzo de su gobierno, mi opinión fue que sus posibilidades de llegar al final de su mandato constitucional eran escasas, aunque no imposibles. (Ver en esta página “25% y 75%”, 27/11/23).
En los últimos meses sus oportunidades mejoraron. No se produjo el temido fenómeno de El Niño que hubiera puesto en evidencia la ineptitud del Gobierno. Y hubo algunos nombramientos ministeriales positivos.
Pero el problema originado por la frivolidad de Boluarte y sus oscuros tratos con cuestionados personajes, la han conducido a otra crisis.
Aunque la coartada que ha presentado puede ser defendible legalmente, políticamente ha quedado agotada.
Los caviares, que han retomado el control de la Fiscalía, la están usando para precipitar un desenlace. Ellos han perdido casi todas sus posiciones en el gobierno y el Congreso, y utilizan el sistema judicial como una herramienta para tratar de crear el caos y pescar a río revuelto, como ha ocurrido antes.
En síntesis, Boluarte parece no aprender, su gestión sigue siendo deficiente y la inestabilidad va a continuar. Otrosí digo. Una empresa ineficiente y cuestionada por operaciones más que dudosas, FAME (Fabrica de Armas y Municiones del Ejército), pretende tener el monopolio de la compra de armas y pertrechos de las FFAA y PNP. Está avalada por una ley infame aprobada en el Congreso en febrero del año pasado.
Una de las consecuencias de esta situación ha sido la cuestionable adquisición de 10,000 fusiles para el Ejército, sin licitación ni concurso. (“¿Una compra infame?”, 29/1/24)
La Agencia de Compras de las FFAA, creada precisamente para esa función, se ha convertido en un organismo inútil.
Ahora, con toda desvergüenza, FAME pretende decidir también sobre la adquisición de 7,300 fusiles para la policía. Es decir, realizar otro negociado. Y también vehículos blindados para el Ejército, poniendo como condición principal para otorgar el contrato a la empresa “que pueda ofrecer el mayor porcentaje a otorgar a FAME”, es decir, quién le da mayores ganancias, y no cuáles son los mejores al precio más razonable. El colmo.
Ya he presentado a la bancada de Fuerza Popular un proyecto para derogar la ley infame y volver a lo anterior, es decir, que FAME no tenga un absurdo monopolio de compras, sino que compita, en igualdad de condiciones, con otras empresas.
En suma, de lo que se trata es que las FFAA y la PNP tengan el mejor material a los mejores precios y no que un grupo se beneficie con oscuros negociados.