Gustavo Petro se ha sumado a la lista de mandatarios de izquierda en Latinoamérica que pretenden convocar una Asamblea Constituyente para poder impulsar su agenda política socialista. De hecho, publicó lo siguiente en la plataforma X: “Bienvenidas las marchas. He convocado el poder constituyente y eso incluye toda la fuerza popular”.
Una vez más, la izquierda latinoamericana, en su infinita predictibilidad, parece que recurre a la convocatoria de una Asamblea Constituyente, como una especie de figura de manual internacional revolucionario.
La realidad es que esta figura en los últimos años ha quedado bastante manoseada y desgastada en toda la región.
Por ejemplo, tenemos el caso de Chile donde la izquierda forzó a través de marchas violentas la convocatoria de un proceso constituyente que ha terminado siendo un gran fiasco. La ciudadanía ha rechazado dos propuestas de textos constitucionales, irónicamente conservando la Constitución de Pinochet.
Después, tenemos el caso de Pedro Castillo, quien, al no ver apoyo en la calle para la convocatoria de una Asamblea Constituyente de corte socialista a través de la recolección de firmas, decidió dar un ilegal golpe de Estado para poder concretar esta propuesta. El rechazo de la sociedad civil fue tan abrumador que ninguna institución del Estado terminó apoyando el golpe de Estado, y Castillo terminó vacado y preso el mismo día.
A pesar de que muchos lo olvidan, una de las principales medidas del golpe de Estado fue la convocatoria de una Asamblea Constituyente a la fuerza, que habría facultado a Castillo a poder disolver e intervenir todos los poderes constituidos, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas, el Congreso de la República, el Tribunal Constitucional, para poder gobernar el país como le plazca sin ningún tipo de control ni oposición.
Este es uno de los atributos absolutos que tiene el poder constituyente y que lo hace tan peligroso.
Sin embargo, el caso más escandaloso sería el de Venezuela, cuando Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente en el año 2017 que operó por tres años como una especie de Poder Legislativo paralelo con superpoderes constituyentes, expidiendo reformas legislativas controversiales, allanando la inmunidad parlamentaria de diputados de oposición, destituyendo al Fiscal General, destituyendo a funcionarios elegidos democráticamente, como el gobernador de Zulia, y que al final del día nunca presentó ningún texto constitucional nuevo a la ciudadanía cuando culminó su mandato en el 2020.
Ahora, Gustavo Petro propone maldecir al pueblo colombiano con la ya agotada y maltrecha figura de la Asamblea Constituyente, ¿tiene razón en recurrir a esta medida?
En la actualidad, el ex guerrillero de izquierda se ve acorralado por diversas denuncias que lo vincularían con haber recibido financiamiento ilícito del narcotráfico. Incluso, su mismo hijo habría declarado en contra de él en una investigación penal en su contra.
Asimismo, se siente políticamente frustrado al no poder impulsar de manera democrática su radical agenda socialista en el Congreso, dado que no tiene mayoría en ambas cámaras del Poder Legislativo, para poder aprobar estas medidas.
Por estos motivos, ve en la Asamblea Constituyente una salida que le puede ayudar a darse un baño de popularidad, aprobar su agenda radical, y si fuese necesario detener las investigaciones en su contra, proponiendo una reforma del sistema de justicia, como previamente lo hizo Maduro, y pretendió hacer Castillo.
Petro alega que su propuesta no es cambiar íntegramente la Constitución del 91, sin embargo, enumera una lista bastante amplia y genérica de temas que desea proponer y que incluyen “una reforma agraria, garantizar en el corto plazo las condiciones básicas de existencia a toda la población colombiana”: Agua potable, salud, y renta para la población más vieja, constitucionalizar la lucha contra el cambio climático y la descarbonización de la economía, hacer un reordenamiento territorial, separar la política de la financiación privada”, entre otros.
Queda claro, que, una vez convocada una Asamblea Constituyente, esta podría abocarse a reformar cualquier tema que considere necesario y no se limitaría a ver los temas propuestos por Petro. De esta manera, Petro miente de manera flagrante al anunciar que no se podría reformar la totalidad de la Constitución del 91.
En la práctica, Petro afronta las mismas limitaciones que Pedro Castillo y Gabriel Boric, dado que Colombia, al igual que Perú y Chile, son países democráticos con instituciones republicanas sólidas, donde existe un Estado de derecho.
De esta manera, a pesar de que la Constitución Colombiana regula de manera explícita la figura de la Constituyente, esta solo puede ser convocada con la aprobación de ambas cámaras legislativas de acuerdo con su artículo 367, cosa que parece sumamente difícil de ocurrir en la actualidad, dado que no existe un verdadero consenso en este país.
Muchos congresistas opositores ya han advertido que la verdadera intención de Petro es romper el orden constitucional de Colombia y llevar a su país al socialismo como Venezuela o Cuba.
También asusta que Petro quiera agitar la calle y afirme que el pueblo es quien debe convocar la Constituyente, saltándose los requisitos legales y diciéndole a la gente que importa más el fondo que las formas.
La realidad es que la figura de la constituyente ha sido abusada al límite por toda la izquierda en nuestra región desde hace muchísimas décadas, y recién en los últimos años los suramericanos nos estamos empezando a volver conscientes de los inminentes riesgos y peligros respecto al poder absoluto de un órgano que busca reformar el contrato social de un país.
Esta figura debería ser utilizada como un mecanismo de última ratio, en los casos donde se esté fundando un nuevo país o un país esté insertándose a la democracia después de un largo periodo de dictadura.
También preocupa que en los últimos años la izquierda haya pretendido quebrar el orden constitucional que ha garantizado el libre mercado en Chile, Colombia y Perú en las últimas décadas. Pareciera que la izquierda está desesperada en destruir el modelo económico de estos tres países, que se enfrenta al intervencionismo económico que se ha visto en los países chavistas, en el kirchnerismo en Argentina, y con Lula en Brasil.
Sin embargo, es necesario que finalmente podamos despojarnos de la nefasta doctrina constituyente, por la cual la izquierda cada vez que llega al poder termina planteando una falsa refundación del país, para impulsar reformas y agendas que perfectamente podrían ser aprobadas en el legislativo a través del consenso parlamentario que representa la voluntad del pueblo.