A priori, parece razonable priorizar la acreditación de grados académicos y certificaciones para acceder a funciones públicas relevantes, pero se olvidan dos cosas: 1) La función pública no es una tarea universitaria, requiere capacidad y experiencia de gestión y 2) Los títulos y diplomas de las distintas universidades no son, en la práctica, equivalentes en calidad formativa recibida.
Ciertamente la exigencia del grado de bachiller es una herramienta de selección básica de personal, pero es un error creer que una acumulación de maestrías, postgrados y/o certificaciones producirán mejor gestión. Si alguien lo duda, lo invito a evaluar la calidad de la gestión pública de cualquier funcionario con nutrida colección de diplomas, rara vez tiene la experiencia suficiente para gestionar, tanto así que muchos de ellos no sobrevivirían más de 30 días en una posición en la actividad privada.
El burócrata debe gestionar presupuesto y/o personal y debe ser capaz de entender la racionalidad del área de la actividad ciudadana cuya administración/supervisión está a su cargo, de lo contrario será incapaz de cumplir con la función encomendada, por la cual cobra puntualmente un sueldo. Se hace por tanto imprescindible incorporar la experiencia de gestión en la selección y calificación para puestos de responsabilidad en el Poder Ejecutivo.
Para nadie es un secreto que la proliferación de universidades ha generado en muchos casos una inmensa cantidad de títulos vacíos del imprescindible conocimiento que los justifique. En otros países es común y aceptado que una o más entidades privadas evalúen la calidad formativa y establezcan un ranking de universidades, algo así sería sin duda muy provechoso para mejorar el proceso de selección, aunque como explico en el punto anterior, no es suficiente.
Un método saludable de reclutamiento podría ser la contratación de genuinamente prestigiosas escuelas de negocios para evaluar mediante pruebas de conocimiento combinada con el método del caso, si es que hay correlato funcional entre los diplomas exhibidos y la capacidad real del futuro ocupante de una plaza burocrática.
Mientras la burocracia sea percibida (con razón) como un estorbo para la actividad productiva legítima, va a ser imposible reducir los niveles de informalidad económica y dado que no existe país alguno en que todos sus ciudadanos tengan formación jurídica, la ilegalidad crecerá inexorablemente, ya que los limites entre ilegalidad e informalidad no suelen ser claros para la mayoría de la población.