El Tribunal Constitucional (TC) dio un golpe a los esfuerzos para que los magistrados
permanezcan en la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
El TC ratificó la inhabilitación de Tello y Vásquez.
En la sentencia N.º 00004-2024-PCC/TC, fechada el 23 de abril de 2024, tras la sesión de Pleno Jurisdiccional, resolvió declarar “fundada en parte” la inhabilitación del Congreso a Tello y Vásquez y validaron el reclamo del Congreso contra la intromisión del Poder Judicial, quienes el pasado 22 de marzo, a través de la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, repusieron a los dos magistrados en sus cargos al declarar fundada la solicitud cautelar interpuesta por ambos.
Recordemos que el 7 de marzo, tras un intenso debate, el Parlamento destituyó e inhabilitó por 10 años a los dos magistrados de la JNJ. Las acusaciones eran la violación del artículo 156, inciso 3 de la Constitución,al mantener a Inés Tello de Ñecco en el cargo pese a superar los 75 años de edad establecidos; y la infracción de los artículos 156, inciso 3 y el 139 inciso 3 de la Carta Magna por parte de Aldo Vásquez.
Transgresión de poderes
En el documento, el TC aclaró que la forma de proceder del Poder Judicial respecto a los dos magistrados del JNJ ha sido menoscabar las competencias constitucionales del Congreso y que transgrede la separación de poderes.
“Este Tribunal Constitucional advierte que el cuestionamiento de la Resolución 1, de fecha 22 de marzo de 2024, no se dirige a impugnar la resolución judicial aludida, sino que esta evidenciaría un inadecuado ejercicio de la competencia del Poder Judicial que afectaría las atribuciones que corresponden al Congreso de la República de forma exclusiva y excluyente”, indicaron en el primer pronunciamiento respecto a la intromisión del PJ.
Además, destacaron que el hecho de que el PJ haya rehabilitado a Tello y a Vásquez sabiendo que el Parlamento ya los había inhabilitado, afecta a las funciones del Legislativo como uno de los tres poderes del Estado.
“Resulta necesario evitar el grave e irreparable riesgo que sufriría la potestad de ejercer control político del Congreso de la República ―con incidencia en la correcta administración de justicia― en el supuesto de que se permita que mediante un proceso de amparo viciado de incompetencia jueces con ratificaciones pendientes puedan decidir qué funcionarios inhabilitados en sede parlamentaria sean quienes deben ratificarlos.”, explicaron en el segundo pronunciamiento.
¿Justicia en parte?
El magistrado del TC, César Ochoa, declaró a RPP que la decisión está respetando la independencia de los poderes del Estado y porque aún quedan asuntos legales por resolver respecto al caso.
"Se ha determinado declarar fundada en parte la solicitud de medida cautelar del Congreso de la República y suspender los efectos de la resolución 1; es decir, aquella resolución de la sala de la Corte Superior que había repuesto a los dos miembros de la Junta [Nacional de Justicia] hasta que la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de apelación sobre esa medida cautelar, porque existe en el proceso de amparo un recurso de apelación del Congreso", indicó.
Por su parte, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, expresó en redes sociales su aprobación al dictamen del TC respecto a Tello y Vásquez y destacó la importancia de la separación de los poderes del Estado.
“El pronunciamiento del Tribunal Constitucional ratifica la decisión legal y constitucional del Pleno de inhabilitar a los señores Inés Tello y Aldo Vásquez en la JNJ. Seguiré defendiendo al Congreso en pleno respeto a la separación de poderes”, escribió el legislador en su cuenta de X.
La semana pasada, por iniciativa de Soto, el Parlamento aprobó con 82 votos a favor una medida cautelar al TC donde alegaban que el Poder Judicial no puede ir en contra de resoluciones tomadas por el Poder Legislativo. En este caso, respecto a la reposición de los dos magistrados de la JNJ pese a que habían sido destituidos.
¿Descaro?
El adjetivo “descaro” no cubre la magnitud de la conducta de la magistrada Inés Tello tras su reposición, gracias al Poder Judicial, ya que esta tomó acciones en contra de la suspendida Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, buscando destituirla por medio de un informe que señala que presuntamente habría cometido cuatro faltas graves.
Benavides acudió el 18 de abril a la audiencia ante el Pleno de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) donde manifestó que el informe presentado por Tello era una arbitrariedad.
“(Está) hecho a la medida de los intereses políticos que lograron mi suspensión y quieren mi muerte funcional. El informe de la instructora Tello expresa la venganza y el odio de quienes encontraron en mí el obstáculo para controlar el Ministerio Público. No fui, ni soy y ni seré un peón de nadie", se defendió y aclaró que no ha cambiado fiscales ni favorecido a nadie buscando impunidad.
Otro “descaro” de Tello fue afirmar públicamente que su inhabilitación fue un “atropello” a sus derechos y que por ende acudirá a todas las vías legales necesarias para denunciar la situación. Incluso dijo que la ONU y la CIDH conocían su caso y que había una preocupación internacional por la independencia de la JNJ.
“En el ámbito internacional, yo ya había el año pasado puesto en conocimiento del comisionado de las Naciones Unidas para defensa de los derechos humanos que estaba siendo objeto de discriminación. Yo tengo que seguir ese proceso, no solo por mí, sino porque no se puede atropellar a las personas”, señaló Tello.
Por su parte, el programa “Beto a Saber” en Willax reveló que otra de las razones descaradas por las que la magistrada se aferraba a su cargo, serían que habría cobrado un faraónico sueldo el mes de enero por ser jubilada y por ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. Según Ortiz, habría cobrado casi 100 mil soles, 97 mil para ser exactos, por tener un doble sueldo.
Los intentos desesperados de Tello y Vásquez por conservar sus puestos y privilegios se han detenido gracias a algo llamado “justicia”. Sin embargo, teniendo en cuenta los últimos sucesos, quizás podrían apelar al fallo del TC. Por ahora, no han logrado salirse con la suya.
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