Pese a todos los intentos de la cúpula caviar para vulnerar la Constitución peruana y adjudicarse el poder entre ellos, las cosas parece que no se les ha dado como querían. En un pronunciamiento más que necesario, el Tribunal Constitucional optó por la vía correcta al confirmar la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia Aldo Vásquez e Inés Tello. Dejando así sin efectos la irrupción del Poder Judicial que había repuesto a ambos magistrados pese a que el Congreso los había inhabilitado.
El pronunciamiento de la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia del pasado 22 de marzo, que ordenó reponer a los dos magistrados inhabilitados, fue más que invasiva con las competencias del Congreso, atentando así con la división de poderes.
La separación de poderes, planteada por Montesquieu durante el siglo XVIII, precisó que cada uno de los tres poderes del Estado, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo deben de tener atribuciones definidas y delimitadas de forma tal que entre ellos puedan mantener un equilibrio y ejercer un control del Estado. Esto de forma tal que no exista una concentración excesiva de poder.
Aquello significa que si bien los poderes pueden realizarse un control entre ellos, como puede ser la figura de la vacancia o del cierre del Congreso tras dos denegaciones -expresas- de confianza, no pueden interceder arbitrariamente dentro de las competencias de otro poder. Situación que se dio cuando el Poder Judicial ordenó que se repusiera tanto a Vásquez como a Tello, pese a que el Congreso, ejerciendo sus facultades únicas, concluyera que ambos magistrados habían trasgredido nuestra Constitución.
No caben dudas que la Junta Nacional de Justicia intentó usar su poder para favorecerse, incumpliendo con el mandato constitucional. Es por ello que sigue siendo ilógico que el Congreso haya inhabilitado únicamente a dos magistrados. Debían caer todos.
Aún así, después de que el Congreso votara por la inhabilitación no correspondía acto de control alguno por parte de ningún otro poder del Estado, y así, señalaron que cuando el legislativo realiza un acto dentro de sus competencias de carácter exclusivo y excluyente “materializan los mandatos de la Constitución Política, de manera que gozan de presunción de constitucionalidad” por lo que la decisión del Poder Judicial habría sido “completamente ajeno al control constitucional que es posible realizar respecto de actos políticos no justiciables del Congreso”. De tal manera que el TC señaló en la sentencia que la sala constitucional incurrió en manifiesto desacato a lo decidido por este Tribunal Constitucional (…) sobre los efectos vinculantes de las sentencias competenciales”.
Esto es un claro golpe para el sector de la rectitud moral de la que se vanaglorian los caviares, quienes pese a transgredirla “siempre se encuentran del lado de la ley”.
La confirmación de la inhabilitación de estos dos magistrados deja muy mal parada las intenciones de la JNJ. La cual, si bien pretendía destituir a la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides, los rumores señalaban que no contaban con los votos necesarios para hacerlo, y ahora sin Inés Tello ni Aldo Vásquez, parece que sus chances de ahogar a Benavides quedarán solo en una espantosa tentativa.
Situación que sería más que desfavorable para los amigos de la justicia social, IDL, Lo Justo y Gorriti dado que perderían uno de los hilos más importantes de su telaraña que sería la Fiscalía de la Nación. Si la JNJ no logra destituir a Patricia Benavides, su abanderado Juan Carlos Villena, quien no tengo dudas de que es el principal protector caviar dentro del Ministerio Público, abandonaría el cargo, para que se reincorpore la suspendida fiscal.
Y mientras sucede este gran desaire para la izquierda bien acomodada peruana, Jaime Villanueva, en condición de colaborador eficaz, estaría por declarar el día de hoy frente al fiscal Alcides Chinchay para detallar sobre sus declaraciones en las cuales señaló que Gustavo Gorriti dirigía investigaciones del Equipo Especial Lava Jato de Domingo Pérez y Rafael Vela, los perros de Napoleón, contra Keiko Fujimori y el difunto expresidente Alan García.
Los indicios de una invasión de Gorriti e IDL dentro del Ministerio Público son notables. Desde declaraciones de como Gustavo Gorriti con una sola llamada a Pablo Sánchez, exfiscal de la nación, (al cual podría tener amenazado según informes) pudo detener un operativo en las oficinas de IDL, a como el mismo periodista coordinaba con los fiscales de Lava Jato, hasta un escritorio del Instituto de Defensa Legal dentro del Ministerio Público.
Todo el bastión caviar puede ir desplomándose. Un efecto dominó que puede desestructurar todo el plan de la izquierda para perpetuarse en los organismos del Estado. Esperemos que esta sea la pieza necesaria para que todas las otras piezas desencadenen en el fin de esta parasitación caviar.