Gracias a la invitación de la congresista Martha Moyano, presidenta de la Comisión de Constitución, el 26 de abril asistí a la Mesa Técnica de dicha comisión sobre el Proyecto de Ley 6663/2023-CR (PL) del congresista Alfredo Azurín Loayza, que plantea la reforma constitucional que modifica el Artículo 166 de la Constitución Política del Perú, que crea la Guardia Nacional y la Policía de Investigación Criminal. Menudo desafío que enfrenta el congresista Azurin y sus asesores, así como de los oficiales de la ex PIP que vienen promoviendo dicho proyecto. Mis respetos.
En la Mesa de trabajo participaron representantes del Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Defensoría del Pueblo, Ministerio del Interior y de la PNP, con una férrea posición institucional contraria al proyecto de Ley, como un “muro de contención”. Según nuestra perspectiva, la firmeza que mostraron solo ocultaba lo frágil e insulso de sus argumentos. La postura coherente y realista de los autores de la norma, dejó en claro que esta proviene de un ejercicio filosófico amalgamado por la experiencia policial de pesquisas, sostenidas en la incalculable cantidad de investigaciones que permitieron contribuir con la pacificación nacional. Reciban nuestra felicitación los señores Rómulo Zevallos, Vicente Álvarez, Clodomiro Diaz Marín, Dioscoro Gómez y Juan Carlos Liendo, cuyas participaciones enriquecieron el debate.
Mi postura está a favor de este proyecto de Ley por diversas razones, entre ellas, el hecho que tanto la prevención como la investigación son dos corrientes estratégicas que son aplicadas en muchos países del mundo, debido a que los fenómenos criminales en todas sus intensidades y modalidades han llevado a que naturalmente sean la única forma de combatirlas. En el Perú desde 1990 a la fecha, pese a la unificación policial decretada en los noventa en el que desapareció la investigación, estas dos actividades, la preventiva y la investigativa, se han ido dando naturalmente en la organización policial por el imperio de la realidad de los hechos. No hay forma de salvar una sociedad de las garras de la criminalidad si el binomio perfecto de la prevención y la investigación, con los nuevos matices de modernización, no se ponen en práctica.
Así, primero se crearon los Departamentos de investigación en las comisarías, luego las Divisiones de investigación para los distritos, la Dirección de investigación en el ámbito nacional, y hoy una Dirección Nacional que abarca nuevas unidades especialidades que se han dado con el tiempo y por necesidad. Por eso decimos que el proceso no ha terminado, y el PL culminará con este desarrollo cuando se haya dado la reforma constitucional planteada. Lo importante es que hoy será dentro de la PNP, pero con autonomía administrativa, operativa, logística y económica, lo que hará del combate contra el crimen una actividad eficiente y eficaz.
Desde esta columna alentamos al Congresista Alfredo Azurin y a los autores del proyecto a no dejar de bregar por el noble objetivo de hacer la reforma constitucional. Solo así se puede concebir una refundación de la policía nacional, con una reforma que siente los dos pilares de la seguridad, que son la prevención y la investigación, pero como parte de una sola fuerza, la PNP.
Sin embargo, también deben saber que habrá mucha oposición por múltiples intereses, que van desde la ignorancia, pasando por la mezquindad o por la simple vieja política del “de qué se trata para oponerme”. Debemos estar preparados para encarar espíritus perversos que piensan en sus intereses y no los del país. Y podemos decir que aunque hayan trabas, tarde o temprano, de una u otra manera (legal), el cambio se dará porque es necesidad histórica del pueblo peruano en favor de su seguridad. ¡Sí se puede!