Abraham Siles y Mónica Rosell rechazaron asumir las vacantes disponibles dentro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debido a que consideraron la inhabilitación tanto de Inés Tello y Aldo Vásquez fue arbitraria e inconstitucional. Esto provoca que no haya el quórum suficiente en la JNJ, lo que resulta preocupante pues entorpece el ejercicio de sus funciones.
Recordemos que el pasado 23 de abril, el TC dio un golpe a los esfuerzos para que los dos magistrados permanezcan en la JNJ al declarar “fundada en parte” la inhabilitación del Congreso a Tello y Vásquez y validaron el reclamo del Congreso contra la intromisión del Poder Judicial, que el pasado 22 de marzo, repuso a los dos magistrados en sus cargos al declarar fundada la solicitud cautelar interpuesta por ambos.
El rechazo de Siles y Rosell deja un vacío de poder preocupante en la JNJ.
¿Excusas?
Según el diario El Comercio, la excusa de Rosell para no asumir el cargo en la JNJ es que no podría dejar sus responsabilidades como presidenta del Tribunal de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría General de la República, del cual es vocal desde octubre del año 2022.
Por su parte, Siles expresó en un comunicado que no quiere ocupar una vacante generada de manera tan arbitraria e inconstitucional, en un contexto de grave deterioro democrático.
"No estoy disponible para ocupar una vacante generada de manera tan arbitraria e inconstitucional, en un contexto de grave deterioro democrático y cuando parece estar en curso un plan de sometimiento de las instituciones constitucionales autónomas que deben velar por la independencia, imparcialidad y eficiencia del sistema de justicia", afirmó Siles en el oficio un oficio dirigido al presidente de la JNJ, Antonio de la Haza.
Un vacío preocupante
Sobre un posible reemplazo ante esta negativa, El Comercio señaló que sus fuentes le indicaron que la JNJ podría convocar por segunda vez al último suplente: Jaime de la Puente Parodi. Sin embargo, De la Puente también conforma el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, en calidad de vocal, y en marzo, tras la inhabilitación por parte del Congreso de Tello y Vásquez, había rechazado el cargo. Además, el resto de los tres suplentes ya superan el umbral de los 75 años, por lo que no se podría convocar y no habría quién pueda asumir para completar los siete miembros que, por ley orgánica, deberían conformar el pleno de la JNJ.
El problema al que se enfrenta la JNJ es que con apenas cinco miembros, habría un quorum mínimo y no se podrían tomar como nombrar, ratificar y destituir a jueces y fiscales a nivel nacional. Tampoco debemos olvidar el proceso de ratificación en curso para los titulares de la ONPE y el RENIEC, Piero Corvetto y Carmen Velarde Koechlin, respectivamente, pues el vencimiento de su gestión está fechada para el 31 de agosto.
“Para las principales acciones que puede llevar a cabo la Junta Nacional de Justicia como es la ratificación, nombramiento o destitución de jueces y fiscales, se requieren cinco integrantes como mínimo para que se compute el quórum necesario. Si hay menos de cinco no pueden sesionar, y aquí están en un problema porque ahora mismo hay cinco, pero puede uno tener licencia o no pertenecer a la junta por equis motivo como, por ejemplo, una renuncia, y eso perjudicaría”, explicó a El Comercio el abogado constitucionalista Erick Urbina.
En ese sentido, Urbina propuso que desde la Defensoría del Pueblo se debería convocar a la comisión para elegir a los nuevos integrantes de la JNJ para que no se detenga el proceso de nombramiento, evaluación, de los jueces y fiscales del Perú.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, presentó el 30 de abril un proyecto de ley al Congreso para modificar la Ley Orgánica de la JNJ respecto a lo referido de los suplentes y que de manera excepcional puedan asumir el cargo como reemplazos aquellos que figuren en el cuadro final de méritos del proceso con el que se eligió a la actual JNJ.
“La actual coyuntura por la que atraviesa la institución de la JNJ nos pone en escenarios excepcionales, los cuales no están previstos en la ley orgánica vigente, tal como la posibilidad legal de poder contar con miembros suplentes en caso los que han sido elegidos no quieran asumir el cargo o no se cuente con miembros suplentes aptos”, expresó Gutiérrez en un comunicado.
No sabe aceptar ¿la derrota?
La inhabilitada magistrada de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello de Ñecco, presentó este martes un recurso de reposición ante el Tribunal Constitucional para recuperar su puesto en el organismo de justicia.
Tello señaló que el auto impugnado del TC, al que calificó de “exprés”, afecta su “derecho constitucional” a ejercer el cargo de magistrada de la JNJ y a tener un debido proceso, debido a que ella no “es parte ni tercera”, es decir que no es ni el demandante ni el denunciado en el proceso que inició el Parlamento en contra del PJ.
"El proceso de este expediente es un proceso competencial y las partes son el Congreso, como demandante, y el Poder Judicial, como demandado. Por consiguiente, todas las resoluciones que se expidan pueden incidir únicamente en la esfera jurídica del Congreso y del Poder Judicial. El hecho de contener una afectación a mi derecho a ejercer mi cargo de miembro de la JNJ, sin que yo sea parte ni tercera en este proceso, convierte en nulo al auto impugnado”, expresó en un comunicado la magistrada inhabilitada.
El 7 de marzo, tras un intenso debate, el Parlamento destituyó e inhabilitó por 10 años a los dos magistrados de la JNJ, al mantener a Inés Tello de Ñecco en el cargo pese a superar los 75 años de edad establecidos; y la infracción de los artículos 156, inciso 3 y el 139 inciso 3 de la Carta Magna por parte de Aldo Vásquez.
La situación con el rechazo y falta de suplentes adecuados es grave, pues hay decisiones que no pueden mantenerse en espera durante mucho tiempo, como la ratificación de los titulares de la ONPE y el RENIEC, especialmente faltando dos años para las elecciones generales. Urge una solución sensata, práctica e inmediata que garantice lo mejor para el país.