El Estado debe dar respuestas. Tras el escándalo de la semana pasada generado por la película “La piel más temida”, a la cual se acusa de romantizar el terrorismo y que ha sido financiada por el Estado, le han llovido críticas al Ministerio de Cultura por el criterio que han utilizado para asignar los recursos públicos destinado a la producción de cintas cinematográficas.
Ante ello, en el Congreso ya estarían exigiendo respuestas a la ministra de Cultura, Leslie Urteaga.
La moción
Después de la ola de críticas generadas por la cinta “La piel más temida”, desde el Congreso se intenta tomar acción. El congresista Alejandro Muñante, de la bancada de Renovación Popular, presentó ayer 6 de mayo una propuesta para impulsar la creación de una comisión multipartidaria que tenga el propósito de investigar todas las producciones audiovisuales que hayan recibido financiamiento del Estado peruano.
Según el parlamentario, dicha comisión investigaría el uso de de estímulos económicos por parte del Estado peruano que fueron asignados a la actividad cinematográfica y audiovisual entre los años 2011 y 2023, en un plazo de 60 días. De tal forma, que se analizaría si es que cumplieron o no con el objetivo de la ley.
“No solamente se financian, promueven y distribuyen producciones que tergiversan nuestra historia sino también, aquellas que contienen una carga ideológica contraria a los principios del pueblo peruano y al fin propio de los incentivos económicos que se crearon para estimular la educación en el Perú”, sentenció el congresista.
De igual manera, Muñante indicó que entre el 2011 y el 2022 el Estado ha entregado más de 109 millones de soles para la Actividad Cinematográfica y Audiovisual. Asimismo, precisa que la ministra de Cultura, Leslie Urteaga habría anunciado que se asignarían 36 millones de soles para este año.
El congresista Alejandro Muñante propone investigar las producciones cinematográficas financiadas por el Estado peruano.
Exigen un reporte
Por su parte, la congresista de Fuerza Popular, Rosangela Barbarán, envió un documento al Ministerio de Cultura en el que demanda un reporte de los procesos y de los criterios con los que se asignan presupuestos para el financiamiento de cintas cinematográficas en el país.
Barbarán también ha solicitado que se presente un informe que contenga el presupuesto asignado por el Mincul a esas producciones durante los últimos 5 años.
“He enviado con carácter de urgente un oficio al Ministerio de Cultura del Perú solicitando información y trasladando la preocupación de miles de peruanos por el tipo de películas financiadas por el Estado que estarían distorsionando lo que significó el terrorismo en el Perú,” precisó la fujimorista.
Presión en el Mincul
Ante la controvertida situación, la ministra de Cultura, Leslie Urteaga anunció cambios dentro de la estructura del otorgamiento de financiamiento para el fomento de la Actividad Cinematográfica y Audiovisual. Esto debido a que, según el ministerio, se debe seguir fomentando la producción de películas dentro del país.
“Se ha decidido reestructurar los procedimientos de los Estímulos Económicos para el cine. Será un proceso participativo, escuchando a todos, con la finalidad de promover a cabalidad el desarrollo de la industria’’, indicó la ministra Urteaga.
Llueven críticas contra la ministra de Cultura, Leslie Urteaga, por los criterios usados para la designación de recursos públicos para películas.
No obstante, señaló que seguirá “respetando” la libertad artística de los productores.
“Respetando, para ello, la libertad artística, en base a una política pública clara, promoviendo una cultura de paz, la democracia y la memoria histórica de nuestra nación, que permitan una reflexión integradora de nuestro desarrollo como país”, agregó Urteaga.
Aún así, las críticas contra la ministra no han cesado después de que el Ministerio de Cultura, a través de sus redes sociales, rindiera homenaje al antropólogo, Fernando Ríos. Este personaje habría calificado a Abímael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, como alguien “resiliente y que luchó por una sociedad más justa”.
Indudablemente, el Ministerio de Cultura deberá dar explicaciones al Congreso sobre los criterios que se utilizan para asignar el presupuesto a las producciones cinematográficas. Asimismo, no puede ser posible que este tipo de mensajes o narrativas puedan estar dándose con el dinero público, cuya función es la promoción cultural, no ideológica, ni mucho menos, la reivindicación o la humanización del terrorismo.