El Congreso peruano acaba de convertir en Ley aplicable a los casos de legítima defensa la “doctrina del castillo”, que respalda el derecho natural de toda persona a usar la fuerza, inclusive la fuerza letal, para proteger la vida o la integridad propia o de terceros, ante una agresión, irrupción, ingreso violento o subrepticio ilegítimo dentro del inmueble, vehículo u otro media de transporte en el que se encuentre legítimamente. Dentro de su negocio, empresa, club o lugar de trabajo, o dentro de un inmueble sobre el cual ejerza la legítima propiedad o la legítima posesión con título él o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o tercer grado de afinidad.
Si bien a redacción original del proyecto presentado por la congresista Patricia Chirinos tenía una redacción más clara y más completa en la protección del derecho, resulta irreal esperar perfección legislativa en la producción congresal contemporánea, pero felizmente la esencia se ha rescatado tras el allanamiento congresal a la observación del ejecutivo, que produjo un largo encarpetamiento auspiciado por la izquierda congresal que, por dogmas ideológicos incurables, se siente siempre más inclinada a la protección de la delincuencia que a la protección de la gente honesta.
En todos los estados de Europa y Estados Unidos donde se implementó la doctrina del castillo, las cifras del crimen disminuyeron notablemente, lo que es natural y previsible. Cuando los habitantes honestos de un Estado son respaldados en su derecho a defenderse usando incluso la fuerza letal, suelen bastar algunos casos de ejercicio de ese derecho para que se reduzca el número de delincuentes que se animan a correr el riesgo. Generalmente, muchos delincuentes acaban abandonando la plaza ahora hostil a su accionar delictivo para mudarse hacia Estados donde la legislación es más permisiva con su oficio.
Una ventaja adicional inmediata suele ser que al disminuir la necesidad de accionar policial contra el crimen dentro de los confines de la propiedad privada, por la disminución de incidencia mencionada, la policía puede volverse más eficiente en la protección ciudadana en los espacios públicos.
Sin duda el mayor acierto del Congreso.