En el escenario político peruano, la pugna se centra hoy en el Ejecutivo y la Fiscalía de la Nación, conflicto con maniobras, acciones legales y represalias entre bandos que suman nuevos actores. La prisión preventiva es la herramienta usada por la Fiscalía para poner en jaque a sus opositores, para lo cual necesita el aval de la Policía Nacional, jueces en el Poder Judicial y por ende a la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El Ejecutivo por su parte, en uso de sus facultades, disolvió la policía del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (EFICCOP), ataque al que la Fiscalía respondió ejecutando la prisión preventiva a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, y siete personas más acusadas por conformar una red de crimen organizado.
El tema es simple: hay que investigar a todo aquel que deba ser investigado, sin lugar a duda, pero la fiscalía no puede convertir las investigaciones en un “show mediático” con una prensa que difunde su prepotencia. El problema para la opinión pública son los giros constantes, nuevos actores involucrados e innumerables recursos legales con avances y retrocesos. Por ello parece imposible entender esos procesos que se complican y alargan por meses.
La estructura del gobierno peruano, concebida para mantener el equilibrio entre poderes con entidades independientes, como la misma Fiscalía, muestra acciones que ponen en duda su autonomía con la participación de actores externos.
El Poder Ejecutivo, bajo la influencia de la presidenta Dina Boluarte y al parecer su hermano Nicanor, ha intentado evitar las investigaciones, mostrando su autoridad con la disolución del equipo de la policía de Eficoop. Por su parte la Fiscalía y específicamente el equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder sigue creando carpetas con nuevas redes de crimen organizado, pero muchos argumentos en las acusaciones se van desbaratando por insuficientes sustentos.
La Junta Nacional de Justicia, quien nombra a fiscales y jueces, ha sido acusada constitucionalmente y dos de sus siete magistrados separados del cargo. Esa JNJ fue la autora de la suspensión por seis meses de la Fiscal de la Nación Patricia Benavides en menos de seis días, sin investigaciones o mayores argumentos. Pero hoy ad-portas del vencimiento del plazo de la suspensión, la Fiscalía y sus satélites buscan la forma de impedir su retorno al cargo.
Lo que resulta preocupante son los casos fabricados con impresionante agilidad, carpetas, allanamientos y prisiones preventivas para personas que resultan incómodas para el Poder Judicial. Pero otros con más de 26 carpetas como el ex presidente Martin Vizcarra, casos como el de Gustavo Gorriti, miembros del Instituto de Defensa Legal IDL o IDL Reporteros, reciben un trato diferenciado o simplemente sus investigaciones no avanzan. La ley debe ser igual para todos, pero parece no ser así.
Además, en medio de un panorama fragmentado, el sistema electoral necesita ser renovado para enfrentar el desafío de restaurar la fe en nuestras instituciones, garantizando justicia y equidad frente a intereses políticos particulares. Esta guerra de poderes no sólo deja a la ciudadanía desorientada respecto al sistema legal y político, sino que estanca los procesos democráticos en un país que no resuelve serios problemas como la pobreza que sigue en aumento.