¡Nadie quiere tomar una decisión! El tiempo corre y mientras tanto, a la Presidencia del Perú pueden postular, ladrones, asesinos, terroristas y otros criminales gracias a la inacción de nuestros parlamentarios.
Pese a que el dictamen está aprobado hace cinco meses, el Congreso de la República sigue dilatando el debate de la ley que busca evitar que las personas condenadas por delitos graves puedan postular a cargos de elección popular, tras cumplir su condena.
¿Qué espera el Congreso?
Las próximas elecciones
Mientras la incertidumbre política actual en el país no disminuye, nos seguimos acercando al 2026, año en el que deberán ser las próximas elecciones generales del país. Sin embargo, nos enfrentamos a un gran problema de cara a ello. Actualmente puede postular a la presidencia casi todo el mundo. Incluso aquellos que han cometido crímenes gravísimos contra la sociedad.
Hoy en día, un asesino, un ladrón, un violador o un terrorista, que ya haya cumplido su condena en la cárcel, puede postular a la Presidencia del Perú, o en todo caso al Congreso. Lo que significa que la idoneidad de los candidatos para las próximas elecciones se encuentra comprometida.
Gracias a esta situación, podríamos tener a un asesino de policías, como Antauro Humala como candidato a la presidencia de la República en 2026. Quien, recordemos, ya cuenta con un partido político, el cual cuyas siglas forman su nombre, preparado para impulsarlo en su campaña electoral.
Tras esta situación, en diciembre del 2023 se debatió la iniciativa que unía distintos proyectos de bancadas como Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre para impedir que quienes hayan cometido delitos graves puedan acceder a cargos de elección popular.
No obstante, dicha iniciativa, se habría quedado en la Comisión de Constitución hasta el día de hoy.
¿Qué pasó?
En los primeros días de abril, el congresista Alejandro Muñante envió un oficio al presidente del Congreso, Alejandro Soto, con la intención de que el pleno del legislativo priorice este proyecto de reforma constitucional para impedir que aquellos que hayan cometido delitos graves puedan acceder a cargos de elección pública, hasta por un plazo de 10 años tras salir de prisión. Recalcando el hecho de que esta iniciativa ya habría sido aprobada hace meses por la Comisión de la Constitución.
“Sustento mi pedido en que esta iniciativa de ley [...] busca garantizar que estos cargos sean ocupados solamente por personas con probada trayectoria moral, y no postulantes que amenazan nuestros intereses nacionales y nuestra democracia”, manifestó el legislador.
Sin embargo, nos encontramos a finales de mayo y dicha iniciativa no ha sido debatida en el pleno del Congreso.
Tras este inaudito retraso, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, rechazó cualquier responsabilidad, señalando que no depende de la Mesa Directiva la realización del debate. El más que cuestionado parlamentario, señaló el día de ayer, lunes 20 de mayo, que el proyecto de ley para esta reforma constitucional no ha salido de la Comisión de Constitución, presidida por la legisladora Martha Moyano, pese a que su aprobación se dió hace más de cinco meses.
“Ni el presidente del Congreso, ni la Mesa Directiva, tienen en la agenda de Orden del Día ningún proyecto referido al impedimento en la postulación de sentenciados a cargos de elección popular. Dicho dictamen se encuentra en la Comisión de Constitución hace varios meses, por lo tanto, cuando ellos evalúen la priorización del debate, se le dará el trámite correspondiente”, manifestó Soto.
El presidente del Congreso, Alejandro Soto señala que este proyecto de ley no se debate por culpa de la Comisión de la Constitución.
De igual manera, el congresista Roberto Chiabra se pronunció en contra de que esta iniciativa se encuentre aún desatendida en el legislativo.
“Yo también presenté un proyecto de ley y lo estuvimos viendo en el pleno. Sin embargo, pasó a cuarto intermedio que ya parece cuarto eterno. Es tiempo de que se debata. Habrá que preguntarle a la presidencia de la Comisión de Constitución por qué no se pone en el pleno”, mencionó.
Declaraciones llamativas, considerando que hace unos días, el 14 de mayo, la congresista Moyano manifestó a la prensa que la demora del debate de la iniciativa es responsabilidad de la Mesa Directiva del Congreso.
“Está (la iniciativa) en cuarto intermedio y tenemos que retornar del cuarto intermedio (¿cuándo lo verán en el pleno?) Eso depende de la Mesa Directiva”, sentenció.
No caben dudas que en el Congreso no saben a quién responsabilizar por la inacción de esta medida. Sin embargo, si queremos mejorar las posibilidades para las próximas elecciones, debemos hacer hincapié en esta situación para que el Pleno la debata (y apruebe) lo más pronto posible. Los criminales no deben poder aspirar a la presidencia del país, o al Congreso. Si queremos que la vitalidad de nuestra democracia no se vea aún más en riesgo, la idoneidad de los candidatos debe ser un tema primordial.