No es posible que la sociedad peruana esté en jaque permanente por la delincuencia y nuestra PNP no haga o no pueda hacer nada para defendernos. No es posible que maten y extorsionen a los ciudadanos a diario en nuestras calles y la población sólo permanezca indefensa, pues aun cuando trate de alcaldes, empresarios, o representantes de agrupaciones de comerciantes, ambulantes o simples transeúntes; todos estamos sumamente expuestos a ser víctimas de la delincuencia.
Hoy, la falta de seguridad ciudadana es probablemente el mayor de los problemas a nivel nacional. La falta de liderazgo y la permanente precariedad con la que se ha manejado el ministerio del interior desde el gobierno de Humala, -peor aún desde los tiempos de Sagasti-; solo generó una debacle que no solo nos está costando mucho dinero, también está cobrando demasiadas vidas inocentes, junto a un inmerecido deterioro de la moral colectiva.
Nadie se siente realmente seguro en las calles, una gran mayoría desconfiamos de las personas que viajan en motos, o de los autos que tienen las lunas oscuras (últimamente hasta en los parabrisas); a tal punto, que hasta la policía tiene miedo de intervenir a los vehículos sospechosos. Al final, si las sospechas son ciertas, ¡Es posible que el agente policial pierda la vida!
No es justo, viable, ni mucho menos razonable que la población viva con miedo, o en permanente desconfianza; si antes nos encerraba el COVID, ahora parece que lo hará la delincuencia. Hoy tenemos una empresaria secuestrada y torturada, cuyos familiares son advertidos cínicamente por los criminales de que son víctimas de una banda que actúa en coordinación desde los penales, y que conocen además a los policías que les brindan apoyo. Con esto podemos deducir que “vivimos en tierra de nadie”.
Resulta indispensable que los ciudadanos recuperemos los espacios públicos, para de alguna manera poder sentirnos más seguros al circular por la vía pública; pues justificados en nuestra “protección” empezamos a ponernos más agresivos, y con ello nos volvemos parte del caos que buscamos evitar. Un ejemplo claro son las lunas polarizadas – casi negras-, mientras haya quienes no quieran que los vean, y las utilizan para ocultarse, sintiéndose así más seguros, habrá más malhechores escondidos con el mismo método, aprovechando la situación para cometer fechorías y huir impunemente.
Siendo tan selectos los vehículos del parque automotor que son robados para usarlos en asaltos, ¡se desconfía igual del honesto que de los ladrones! Y no necesitamos incrementar la dosis, ¿o sí?
En el más breve plazo, deben implementarse las políticas y acciones necesarias para combatir directa y eficazmente la delincuencia, circunstancia que implica dejar de lado las palabras para dar paso a las acciones; pues si dejamos pasar más tiempo, la situación se tornará más crítica, originando que los costos sociales para el retorno de la paz sean cada vez más altos.
Atrás deben quedar los discursos licenciosos y permisivos con relación al tratamiento de los delincuentes, sicarios, secuestradores, extorsionadores (ahora último también torturadores); para dar inicio a una fase de respaldo y protección de los agentes del orden que se juegan la vida en aras de la continuidad de las nuestras. En adelante, la premisa debe ser que la Policía siempre actúa en el marco de la Ley y en ejercicio de su obligación/derecho de utilizar legítimamente la fuerza para restablecer el Orden.
Más aún, la PNP debería tener un tratamiento especial por el que se asume que siempre cumplieron con sus procedimientos, salvo que se demuestre lo contrario, más allá de los alegatos de una parte; solamente así recuperaremos algo de la dignidad que tanto les fue mancillada. Las autoridades deben tener la convicción suficiente de que cuando sea necesario actuar y luego preguntar tendrán el apoyo de su población y los demás operadores del sistema de justicia.
Asimismo, no debe ser menos importante que el sector privado empiece a plantearse la creación de una ONG o Fundación dirigida a la defensa gratuita de nuestra PNP y/o de aquellos ciudadanos que actúan en el ejercicio de la legítima defensa. Hay que dar la pelea a las numerosas entidades infaustas como el IDL. Se debe crear una Fundación de Defensa Civil y Policial que evite la suspensión o reclusión de los buenos policías y ciudadanos, a la par que presiona a los malos jueces y fiscales que liberan tantos delincuentes, manteniendo la consigna “¡NI UNO MÁS!”.
No queremos más ciudadanos torturados, secuestrados, extorsionados o asaltados; no queremos más autoridades pusilánimes que lleguen a los cargos para calentar el asiento cobrando favores o tapando forados institucionales, ni mucho menos periodistas sensacionalistas que relativicen el accionar de los delincuentes, pues ya poco les falta para decir que roban porque no hay trabajo y deben llevar un pan a su casa.
A diario se habla de exigir la salida de la presidente, o de hacer presión contra algunas autoridades politizadas, como si eso de alguna manera fuera a solucionar en corto o mediano plazo los severos problemas de inseguridad que vivimos. Esta situación solamente genera el efecto contrario, y promueve resentimientos, pues la prioridad del ciudadano de a pie está más enfocada en su tranquilidad que en cualquier novela política y sostener estas “novelas” debilita los liderazgos internos dentro de las fuerzas armadas y policiales, puesto que indirecta e inconscientemente se les coloca en condición de defensores de un régimen que la mayoría de sus críticos ayudó a colocar en esa posición.