Los meses pasan y nuestra democracia sigue en riesgo. El Congreso sigue teniendo en sus manos la posibilidad de evitar que, en próximas elecciones, criminales, terroristas, asesinos, violadores y otros criminales, puedan ser elegidos como congresistas o como presidente de la República.
Desde el año pasado se presentó un proyecto de reforma constitucional para evitar que los condenados por delitos graves puedan ser candidatos a las elecciones populares en el 2026. Un proyecto de vital importancia, viendo quiénes pueden ser los futuros candidatos para el nuevo gobierno. Sin embargo, el Congreso se está haciendo de la vista gorda.
Pasan los días, y más nos acercamos a la distópica posibilidad de que un asesino de policías como Antauro Humala pueda ser elegido como presidente. Y nuestros parlamentarios siguen persistiendo en otros debates en vez de enfocarse en cómo esto puede poner en riesgo el futuro del país.
Ya todos sabemos quién es Antauro Humala, y qué pretende. Un gobierno suyo no solo intentaría regresar a la Constitución del 79, sino que buscaría darle poder a los reservistas, nuestros derechos se verían violados, no habría libertad de prensa, ni tampoco, probablemente, libertad de credo. Nos veríamos encaminados a una dictadura como la de Venezuela, que, por vías constitucionales, como las elecciones, terminó siendo sometida por el autoritarismo y el fraude.
Es por ello que diversos parlamentarios, como Alejandro Muñante, han intentado que este debate se dé próximamente. Sin embargo, hace unos días, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, señaló que no es culpa de la Mesa Directiva que este proyecto no llegue al Pleno del Congreso. Según Soto, la responsabilidad recae en la Comisión de la Constitución, presidida por Martha Moyano.
Al inicio uno podría pensar: ¿Por qué la fujimorista no querría que este proyecto se mande?
No obstante, la respuesta podría estar justo en el apellido de su partido.
Alberto Fujimori fue puesto en libertad este año, gracias al Tribunal Constitucional, que declaró constitucionalmente válido su indulto. Y desde que el expresidente se encuentra libre, las especulaciones sobre una posible candidatura suya solo aumentan.
Por más que su círculo lo pueda negar, es más que factible presumir que Alberto Fujimori podría ser una ficha clave para el 2026. Los albertistas son muchos, y no hay dudas que preferirían que sea Alberto el candidato de Fuerza Popular antes que Keiko.
Y debemos reconocer que el éxito de Keiko es mérito del padre y de su apellido. Así como sus anticuerpos.
Fujimori podría ser candidato a la presidencia, o en todo caso, ser miembro de la lista y apoyar en campaña, siendo capaz el empujón necesario que Fuerza Popular ha necesitado en los últimos 15 años.
Sin embargo, de aprobarse esta norma, Fujimori podría verse impedido a postular a un cargo público en el 2026, sentenciando los anhelos de los fujimoristas.
He podido conversar del tema con diversos constitucionalistas en las últimas semanas, y ciertamente hay mucho que definir. A Alberto Fujimori se le indultó, lo que significa que su condena fue perdonada. ¿Eso significa que se “rehabilitó”?
Pero más allá de ello, lo interesante es que el proyecto de reforma constitucional señala que tienen que pasar 10 años en libertad (por más que debiese ser de por vida la limitación), quienes hayan cometido un delito grave para poder postular a un cargo de elección popular. Plazo que Fujimori no ha cumplido, al igual que Antauro Humala.
¿Será que Moyano y Fuerza Popular están poniendo en riesgo nuestra democracia y nuestro país, aplazando este proyecto, para que Fujimori pueda postular?
Honestamente, de nuestros políticos uno debe de esperarse todo. Más aún si es con tal de obtener el poder. En lo personal, no vale el riesgo. Me suena una jugada contraproducente, y si los fujimoristas de verdad están arriesgando el país por ese plan, pendiendo el Perú en un hilo, solo demostraría su narcisismo y su falta de compromiso con el futuro de la nación. El Este ideológico necesita un cambio urgente, porque así, siempre nos ganan los zurdos.