El 13 de mayo en Los Olivos, un grupo de delincuentes secuestró a la joven y próspera empresaria Jackeline Salazar. Los criminales iniciaron negociaciones espeluznantes enviando audios crueles a sus familiares, quienes, como es natural, estuvieron invadidos del temor, y por último, tuvieron que pedir que la Policía Nacional no intervenga en las negociaciones. Respecto de las declaraciones de la policía en cuanto a no entorpecer las negociaciones de la familia con el fin de preservar la vida de la víctima, salieron a opinar pseudo “expertos en seguridad”, que jamás han participado en investigaciones tan graves como el secuestro y que no entienden las estrategias policiales. Los “sachaopinólogos” deberían saber que solo tiene derecho a discutir quién ha investigado.
La exitosa liberación de Jackeline Salazar por parte de la Policía Nacional, que cada vez mejora más sus procesos para la administración de las informaciones respecto de los secuestros, demuestra que la capacidad técnica científica de la fuerza policial, está en desarrollo. La víctima no sufrió daños, no se pagó rescate por el secuestro y los criminales fueron capturados para ser puestos a disposición del poder judicial. Algo más que resaltar en esta operación policial, es que no participó el Ministerio Público porque la intervención fue en flagrante delito. La Policía Nacional ha demostrado ampliamente sus capacidades en el combate a este tipo de crimen.
Este hecho es parte de los secuestros en la zona norte y en todo el país que no tienen cuando terminar. Las diferencias estadísticas entre el Ministerio Público, la Policía Nacional, el INEI, las municipalidades y los “observatorios de criminalidad” que existen, debe ser una tarea pendiente para el nuevo Ministro del Interior Juan José Santibañez, para homologar los datos en una sola base manejada por la policía nacional, a fin de reorientar los esfuerzos en esta lucha sin cuartel contra el crimen organizado. La multiplicidad de estadísticas es perniciosa porque distorsiona la realidad.
No debemos olvidar que la macro criminalidad transnacional, aliada y fusionada con bandas criminales locales, están en plena evolución, cuyo objetivo es (por ahora) el 70% de peruanos económicamente activos del PEA, que son informales, que manejan dinero circulante, que no bancarizan o que, en algunos casos como la minería ilegal, es fácil obtener dinero fresco. La finalidad de haber elegido este tipo de blancos, es para evitar ser detectados por el Estado y las entidades encargadas de seguir la ruta del dinero de origen criminal (UIF, Policía de lavado de Activos, Dirandro, Dircote y otros).
El trabajo no será fácil para el Ministro Juan José Santibañez como tampoco lo es para el Comandante General de la PNP Víctor Zanabria Angulo, tanto por la voracidad del fenómeno criminal como por las carencias en infraestructura, la hostigante corrupción en la institución policial y los problemas políticos generados con el Eficcop del Ministerio Público. Con todo, deben saber ambas autoridades que más allá de la exposición mediática legítima de sus resultados, está la correcta medición de estas, porque como todos sabemos, lo que no se mide no se puede controlar, resolver, gestionar o mejorar.
Solo nos queda desearles éxitos en esta gestión, felicitarlos por el rescate de la empresaria Jackeline Salazar, y esperamos que todos esos esfuerzos pongan en retroceso la marea negra del crimen que acecha a todos los peruanos. ¡Sí se puede!