Durante más de una década Population Research Institute ha participado del diálogo de la sociedad civil con la OEA. Y nunca ha sido fácil. Bajo el liderazgo de países con una abierta agenda abortista y LGTBIQ, las resoluciones de la OEA han buscado introducir conceptos ideológicos que no forman parte de ningún tratado internacional. Alegando un supuesto consenso, estas propuestas siempre han apuntado a transformar el sistema interamericano de derechos humanos. Bajo la excusa de un proceso evolutivo del derecho internacional, han tratado de imponer nuevas obligaciones a los estados miembros contrarias a su legislación.
Sin embargo, para disgusto de algunos funcionarios de la OEA, el número de organizaciones alertas y opuestas a esta imposición fue aumentando año tras año. Y en lugar de consenso, esta oposición creciente y sólida ha logrado evidenciar el esfuerzo sistemático de la OEA por menoscabar el derecho a la autodeterminación y la democracia de los pueblos de América.
Para contrarrestar esta oposición y acallar las voces disidentes, la OEA comenzó a manipular las reglas de la participación de la sociedad civil. Una de las últimas formas fue dividir a todas las organizaciones en más de 30 coaliciones temáticas. Por supuesto, la mayoría de las temáticas pertenecen a la agenda progresista como son los derechos sexuales y reproductivos, LGTBIQ, étnicas, ambientalistas, etc. Y encapsularon a la mayoría de organizaciones pro vida y pro familia en algunas de estas coaliciones.
Aún con todo ello, la OEA no pudo minimizar el impacto mediático y político de organizaciones que denunciaban los sesgos ideológicos. Así que este año han ido mucho más lejos. Han eliminado de manera unilateral y arbitraria la participación de aquellas coaliciones donde predominan las organizaciones que les resultan incómodas.
El 20 de mayo pasado, cuando muchos líderes ya estaban listos para poder participar nuevamente en el diálogo de la OEA con la Sociedad Civil durante la 54 Asamblea General a celebrarse a fines de junio en Asunción-Paraguay, recibieron un correo electrónico por el cual se anunciaba la desaparición de la coalición “Autodeterminación de los Pueblos vs Corrupción Institucional”. La Secretaría de Relaciones de la Sociedad Civil de la OEA ya había borrado a dicha coalición de la agenda, negando la participación de 73 organizaciones de 14 países de todo el continente, entre ellas Population Research Institute.
Miembros de organizaciones de la censurada coalición alzamos nuestra voz de protesta. Muchos ya tenían boletos de avión y hospedaje para participar en la Asamblea General como en años anteriores. El 7 de junio Pilar Vázquez, en representación de la asociación “Mujeres Libres y Soberanas”, y Kristina Hjelkrem, asesora jurídica de ADF International, se reunieron con Paulina Corominas, Jefa de la Sección de Relaciones con la Sociedad Civil de la OEA, en las instalaciones de la OEA en Washington DC para se respete y se incluya a todas las Coaliciones que han participado y cumplido con los requisitos necesarios para participar en el diálogo de Sociedad Civil y en las demás actividades de la Asamblea General.
El argumento central de Corominas fue un convenio que OEA realizó con la Universidad de Virginia para llevar a cabo una revisión del trabajo de sociedad civil en la OEA. Dicha universidad realizó una consulta a 70 organizaciones y presentó un informe el 16 de abril que determinó que las organizaciones conservadoras estaban “sobre-representadas”, motivo por el cual Corominas tomó la responsabilidad de decidir cuáles coaliciones debían desaparecer. Adicionalmente, Corominas explicó que las coaliciones nunca se presentaron como algo permanente, ni hubo algún reglamento que rigiera las coaliciones.
En resumen, OEA se asesoró con una universidad bastante afín a su pensamiento progresista y decidió la no participación de 73 organizaciones sin ningún respeto al espíritu democrático que pregona la OEA. Resulta irónico que el lema de la OEA sea “Más derechos para más gente” cuando la realidad es que se vienen recortando el derecho a participar y expresarse de la gran mayoría de la gente.
El totalitarismo que vienen ejerciendo algunos funcionarios de la OEA es completamente ajeno al espíritu original de respeto al derecho internacional y a las obligaciones adquiridas por los estados miembros. El Artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana establece que “la participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y fomentar diversas formas de participación fortalece la democracia”.
Pero la auténtica sociedad civil no se ha quedado de brazos cruzados. A través de una petición de CitizenGO ya son miles los ciudadanos que han protestado y quieren poner freno al intento de censura de la OEA.
El mensaje que están recibiendo los delegados de los países miembros de la OEA es contundente: “Lamentablemente, en esta Asamblea General, nuestra libertad de expresión está bajo una grave amenaza. La OEA está limitando la participación de coaliciones de la sociedad civil, y en especial a aquellas que considera ´conservadoras´ bloqueando nuestras voces disidentes y silenciando a miles de ciudadanos preocupados por el futuro de nuestros países. ¡Es inaceptable! Como representantes elegidos por un gobierno que fue votado por los ciudadanos de a pie, le pido que cumpla su promesa y defienda nuestros valores, poniéndole un freno a todo tipo de contenido ideológico en el acuerdo final y haciendo que nuestras voces sean escuchadas”.
La OEA se viene deslegitimando a sí misma porque no practica los derechos humanos que predica.