Una vez más, la Corte IDH pretende entrometerse en los asuntos del Estado peruano. En estos últimos dos años, la entidad internacional con sede en San José, se ha inmiscuido en asuntos internos del gobierno y del legislativo peruano, con el fin de que su agenda se establezca con mayor firmeza en el país. Desde el informe por las protestas subversivas a finales del 2022 e inicios del año pasado, hasta por la liberación de Alberto Fujimori, por la cual nos declaró en desacato.
Y, nuevamente, esta entidad quiere evitar, nuevamente, que los poderes del Estado, cumplan con sus deberes, funciones y responsabilidades, según lo estipulado por la Constitución.
Lo que quiere la CIDH
Como se sabe, en el Poder Legislativo se está debatiendo la posibilidad de aprobar el proyecto de ley N°6589, sobre los crímenes de lesa humanidad, el cual ha sido impulsado principalmente por Fuerza Popular y Perú Libre.
El dictamen, que ya fue aprobado, propone que se prescriban los delitos de lesa humanidad que fueron cometidos a partir de julio de 2002. Los cuales están relacionados con los casos Barrios Altos y La Cantuta, sin que ello excluya que las víctimas afectadas por estos acontecimientos puedan ejercer su derecho al acceso a la justicia. La Comisión Permanente del Congreso de la República incluyó para la agenda de hoy, jueves 4 de julio, la segunda votación de este proyecto de ley.
Sin embargo, esto no le ha gustado nada a la Corte IDH. Este organismo, rechaza que este proyecto de ley tome rumbo y ha “ordenado” al Estado peruano que tome las medidas necesarias para que este proyecto se apruebe. Por lo que ha instado a los tres poderes del Estado peruano a que se comunique a la entidad sobre las acciones que se tomarán, respecto a este proyecto, antes del 9 de agosto de este año.
“Requerir al Estado del Perú que a través de sus tres poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley No. 6951/2023-CR que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad perpetrados en el Perú”, indica el documento.
Asimismo, en dicho documento se requiere al Estado peruano que cada tres meses deberá informar a la CIDH, sobre las medidas provisionales que se adoptarán para seguir los lineamientos exigidos por la corte hasta que el tribunal resuelva el levantamiento de la medida cautelar presentada.
CIDH busca impedir que el Congreso apruebe ley que prescribe los derechos de lesa humanidad.
El rechazo a la orden
El comunicado de la Corte IDH no ha gustado para nada al Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.
Durante una conferencia de prensa, el premier rechazó la orden dispuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Estado peruano, sobre que dejen sin efectos el proyecto de ley sobre los crímenes de lesa humanidad. Ante ello, la mano derecha de la presidente Dina Boluarte, manifestó su indignación con este señalamiento.
“Absolutamente indignado con lo resuelto por la Corte IDH que decide de la manera más insólita, sin precedente alguno en la jurisprudencia de esa corte, dictar una medida cautelar en contra de un proyecto de ley. Ni siquiera se ha convertido en ley y lo que resulta intolerable es que llame a los tres poderes del Estado de un país miembro y soberano para impedir que ejerzan las funciones que constitucionalmente le han sido atribuidas”, precisó Adrianzén.
Asimismo, indicó que el gobierno no se quedará con los brazos cruzados respecto a esta intromisión de la Corte IDH y manifestó que se hará una reunión con representantes del Poder Judicial así como del Poder Legislativo para realizar un pronunciamiento conjunto sobre la orden de la corte internacional.
“Se me ha ordenado tomar contacto con los líderes de los poderes del Estado para coordinar y emitir una respuesta conjunta, manifestando por supuesto el rechazo a este tipo de disposiciones provenientes de la justicia supranacional", sentenció.
Premier rechaza orden de la CIDH.
Ante esto, el reconocido abogado penalista César Nakazaki se pronunció en Willax sobre lo dispuesto por la Corte IDH, señalando que esta parte de una postura sesgada, lo que la conlleva a cometer excesos.
“La Corte IDH, lamentablemente, hace muchos años tiene una balanza de un plato. Hace una justicia tuerta, porque solamente le da la razón a una parte y comete excesos”, señaló. “La Corte Interamericana en este procedimiento de supervisión sólo puede exigir la ejecución de la sentencia, esto es, que haya proceso penal y condena en los casos Barrios Altos y La Cantuta”, agregó.
“Pretender que el Congreso de la República no legisle y corrija un grave error, que es el abuso de la aplicación de la regla de imprescriptibilidad, porque ese es el problema (...) la regla de imprescriptibilidad, que tú puedas perseguir para siempre a ciertas personas, existe en el derecho internacional, lo puedes aplicar en los países, pero bajo ciertos límites y condiciones, y acá se aplica de manera ilimitada, absoluta”, sentenció el penalista.
No caben dudas que otra vez, la voluntad de la Corte IDH es no respetar la soberanía del Estado peruano. Es facultad únicamente del Poder Legislativo que se apruebe o no este proyecto y no compete a ninguna entidad internacional evitar que el proceso legislativo lleve su curso. Esta intromisión, una vez más solo denota que el organismo internacional quiere imponer su agenda en todos los países suscritos, sin importar lo que digan sus constituciones.