La semana pasada se aprobó la ley que presentamos con José Cueto para precisar que el criterio de lesa humanidad solo está vigente a partir de su aprobación por el Congreso en 2002 y 2003. Es decir, no se puede aplicar retroactivamente.
Esto es algo obvio. Pero nada es evidente en el Perú dominado por los caviares, donde las leyes se retuercen y desnaturalizan para perseguir a sus adversarios -en este caso, militares y policías que derrotaron al terrorismo- y proteger a sus amigos. La irretroactividad de las leyes fue establecida como un principio inamovible en el derecho romano hace más de dos milenios, y así ha permanecido a lo largo de los siglos en Occidente. Menos en el Perú de los caviares.
Se ha utilizado la lesa humanidad abusivamente para perseguir a militares y policías por sucesos ocurridos hace 30 o 40 años, cuando en el momento de cometidos los supuestos delitos, la ley establecía que prescribían a los 20 años.
Además, nunca ningún fiscal ni juez que usó ilegalmente ese criterio se dio jamás el trabajo de precisar por qué un supuesto delito era de lesa humanidad. Un homicidio, un secuestro o cualquier otro crimen, no califica como lesa humanidad, que se utiliza para definir transgresiones sistemáticas, generalizadas, monstruosas. Simplemente les dio la gana de calificar cualquier supuesto delito como lesa humanidad y eso bastó para perseguir y encarcelar a policías y militares.
La lesa humanidad no está definida en el código penal, por tanto, nadie podría usarla para procesar y sentenciar a alguien. Pero eso no importa si quienes la utilizan son los caviares y los herederos del terrorismo para perseguir y encarcelar a quienes derrotaron a esas hordas asesinas que pretendían esclavizar a los peruanos.
Hay que esperar que el Gobierno promulgue la ley lo más pronto posible. Pero ahí no terminará esto. Magistrados influidos o sometidos al poder de la mafia caviar se negarán a aplicar la ley, amparándose en las ilegales resoluciones de la CIDH o con cualquier otro pretexto. Deben establecerse normas claras para sancionar a magistrados prevaricadores que desacaten las leyes.
Otrosí digo. Ahora resulta que el Poder Judicial ha revocado el acuerdo de colaboración eficaz de Jorge Barata. Toda la farsa montada por los fiscales Rafael Vela y José Pérez se montó sobre las declaraciones de Jorge Barata, a quien se le permitió liquidar sus propiedades y llevarse hasta el último centavo de la fortuna que amasó aquí.
Demás está decir que no pasó un día en la cárcel, jamás allanaron su casa rompiéndole la puerta de madrugada. Ni a él ni a ningún funcionario de Odebrecht. Peor aún, esa empresa vendió sus activos y se llevó el dinero, pagando una suma irrisoria de reparación civil, mientras sus cómplices oenegeros tendían cortinas de humo en los medios amigos diciendo que era una “empresa reformada”.
Todos los magistrados que perpetraron esa gigantesca estafa al país, y sus cómplices mediáticos y oenegeros, siguen libres y activos.