En la década del 60 del siglo pasado, hubo un notable desarrollo en el campo de la economía. La disciplina se estaba tornando más abstracta y cuantitativa. En macroeconomía, los monetaristas desafiaron la visión keynesiana, llevando a un debate que equiparó la política monetaria con la fiscal. Simultáneamente, la teoría de la función de producción de Robert Solow estaba transformando el entendimiento del crecimiento económico, estableciendo los fundamentos de la teoría moderna en este ámbito. Además, la integración de la teoría de las fallas del mercado en las finanzas públicas subrayó la justificación de una intervención gubernamental más activa. En este contexto, James Buchanan y Gordon Tullock publicaron "El cálculo del consenso" en 1962.
Este libro se enfocó en cómo las estructuras políticas y las normas de toma de decisiones colectivas influyen en el funcionamiento y resultados del proceso político democrático. Con el tiempo, esta literatura se conocería como la “Teoría de la elección pública".
El trabajo de Buchanan y Tullock fue fundamental para esta nueva corriente de pensamiento, y en 1986, Buchanan fue galardonado con el Premio Nobel de Economía principalmente por su contribución pionera al desarrollo del análisis de la elección pública.
En esencia, la Teoría de la elección pública aplica los métodos de la economía tanto al mercado como a los procesos políticos. Sin comprender cómo funcionan ambos, es imposible entender cómo diferentes instituciones y políticas afectarán los resultados.
I
La mayoría de los libros de texto actuales abordan tres aspectos principales: explicar a los estudiantes cómo debería funcionar una economía de mercado ideal (Modelo de competencia perfecta), analizar por qué los mercados reales difieren de este ideal hipotético, y discutir cómo una política pública óptima podría corregir las fallas del mercado.
Los economistas de la elección pública utilizan herramientas económicas para mostrar por qué lo que se considera "buena política" puede entrar en conflicto a veces con lo que se considera "buena economía" (es decir, la eficiencia económica). Es crucial entender cómo el gobierno puede fomentar un uso más eficiente de nuestros recursos. Sin embargo, estas herramientas también nos permiten explicar por qué existen razones válidas para preocuparse de que las acciones del sector público puedan tener efectos contraproducentes en ciertos tipos de problemas.
En lugar de analizar cómo los mercados y la toma de decisiones colectivas manejan los problemas económicos, la corriente principal de la economía sigue modelando al gobierno como si fuera un planificador social omnisciente y benévolo disponible para imponer soluciones ideales. Greg Mankiw ilustra este punto; introduce su discusión sobre el papel del gobierno y la corrección de las deficiencias del mercado de la siguiente manera: “Para evaluar los resultados del mercado, introduciremos en nuestro análisis un nuevo personaje hipotético llamado el planificador social benevolente. Este planificador social benevolente es un dictador todopoderoso, omnisapiente y bien intencionado. El planificador social benévolo es un dictador omnisciente, todopoderoso y bien intencionado. El planificador quiere maximizar el bienestar económico de todos en la sociedad” (Mankiw, 2012).
Mankiw pregunta entonces qué debe hacer el planificador social benévolo y pasa a considerar las soluciones ideales que podrían imponerse mediante el proceso político. Los demás autores de textos principales de la corriente principal siguen este mismo enfoque. Implícitamente, esta metodología trata al proceso político como si fuera un mecanismo correctivo disponible para imponer resultados sociales ideales, algo así como un delantero suplente que marca el gol del triunfo; pero esto es una fantasía. Una elección entre el mundo real de los mercados y el ideal hipotético de la intervención gubernamental no es una opción. La elección relevante es siempre entre el funcionamiento del mundo real de los mercados y el funcionamiento del proceso político en el mundo real.
II
La importancia de la elección pública radica en varias razones fundamentales, todas derivadas de las limitaciones y realidades del proceso político en contraste con los modelos ideales utilizados en la economía convencional.
El desconocimiento y omisión de la Teoría de la elección pública en la economía predominante promueve una mentalidad estatista, de planificación centralizada. Los economistas derivan soluciones óptimas dentro de modelos matemáticos complejos bajo supuestos irreales, como información perfecta sobre preferencias, costos y efectos indirectos. Sin embargo, en la realidad, esta información no está disponible para ninguna autoridad central. Además, los responsables políticos están más motivados por consideraciones electorales que por la adopción de soluciones ideales. Por lo tanto, existe un conflicto entre lo que se considera una "buena política" y la eficiencia económica.
Así mismo, el proceso político democrático tiende a ser cortoplacista y puede llevar a un endeudamiento excesivo si no se establecen restricciones adecuadas. Los políticos tienen un incentivo para favorecer políticas que generen beneficios visibles a corto plazo, como aumentar el gasto, aunque esto implique costos futuros menos visibles, como el aumento de la deuda pública. Los economistas de la elección pública han demostrado que esto puede conducir a déficits presupuestarios persistentes y al crecimiento insostenible de la deuda pública, fenómenos observables en muchas economías.
Finalmente, al igual que los mercados, la democracia sin restricciones tiene sus propias deficiencias, como los efectos de los intereses especiales y la búsqueda de rentas. Los grupos de interés bien organizados influyen en los políticos para obtener favores gubernamentales que beneficien a unos pocos a expensas de la mayoría. Esto puede llevar a políticas que son contraproducentes desde una perspectiva económica más amplia, como aranceles, subsidios selectivos y regulaciones que privilegien a ciertas industrias.
III
Las instituciones mercantilistas ofrecen a los políticos una moneda de cambio para obtener apoyo político. A cambio, las empresas y otros grupos de interés buscarán obtener favores del gobierno a través del cabildeo, las contribuciones a campañas y otras formas de influencia sobre los responsables políticos. Los economistas usan el término "búsqueda de rentas" para describir estas acciones destinadas a asegurar ganancias inesperadas y beneficios superiores a los normales derivados del privilegio gubernamental. La búsqueda de rentas surge naturalmente cuando el gobierno interviene significativamente en la concesión de subsidios, créditos fiscales, préstamos a bajo interés y otras formas de intervención. Empresas, sindicatos y otros grupos bien organizados compiten por obtener estos beneficios gubernamentales.
Este proceso resulta en un desplazamiento de recursos desde actividades productivas hacia la búsqueda de rentas. Como consecuencia, aumenta la ineficiencia económica y se desacelera el crecimiento y la prosperidad. En lugar de los resultados ideales propuestos por los modelos simplistas dominantes, surgen la búsqueda de rentas, el capitalismo mercantilista y la corrupción política como características del panorama económico y político.
IV
La Teoría de la elección pública, a pesar de su capacidad para iluminar las sombras del proceso político y abordar problemas económicos críticos como el déficit presupuestario, el crecimiento insostenible de la deuda pública, la gestión de programas de pensiones y transferencias, así como identificar el favoritismo político, el gasto ineficiente de intereses especiales y el desvío de recursos hacia la búsqueda de rentas, ha tenido una acogida limitada entre los economistas.
En contraste, la corriente principal de la economía no ofrece una comprensión profunda ni orientación sobre cómo prevenir estos problemas emergentes. Esto perpetúa una visión idealizada y engañosa sobre el gobierno y el proceso político democrático.