Recientemente, tuve el privilegio de participar en un programa en Rionegro, Colombia, gracias a una beca otorgada por el Instituto Cato y Libertank, dos instituciones clave en la difusión de las ideas de libertad y en la construcción de una Latinoamérica más libre. Agradezco enormemente a estas instituciones por las atenciones y la oportunidad brindadas, realmente excelentes anfitriones. Esta experiencia no solo profundizó mis conocimientos sobre las ideas de libertad y el papel crucial de las instituciones, sino que también me permitió conocer a jóvenes liberales brillantes de diversas nacionalidades—colombianos, hondureños, ecuatorianos, venezolanos, chilenos así como compatriotas peruanos, quienes representan el presente y el futuro de la política liberal en Latinoamérica. Conocerlos fue tanto inspirador como fundamental para entender el impacto de las nuevas generaciones en la promoción de las ideas de la libertad.
Entre los momentos más reveladores estuvo la intervención del Dr. Enrique Ghersi, quien ofreció una conferencia incisiva sobre la corrupción. Su análisis detallado y su enfoque sobre el impacto de las instituciones en la promoción de la transparencia y la justicia fueron fundamentales para desarrollar una reflexión más profunda sobre cómo las fallas en el diseño legal y en los incentivos estructurales pueden fomentar la corrupción y cómo es posible abordar estas cuestiones de manera más efectiva.
La corrupción, desde la perspectiva del análisis económico del derecho, no solo es un problema moral, sino una consecuencia estructural de las fallas en el diseño de incentivos y en la aplicación de las leyes. El enfoque de la economía del derecho utiliza conceptos económicos para comprender cómo las leyes afectan el comportamiento humano y cómo se pueden diseñar para mejorar la eficiencia y el bienestar social.
Ronald Coase, en su trabajo seminal sobre la naturaleza de la empresa y los costos de transacción, proporciona una base teórica fundamental para entender la corrupción. Según Coase, los costos de transacción son los costos de hacer cumplir contratos y operar dentro de un sistema económico. En un entorno donde estos costos son elevados debido a la corrupción, las empresas y los individuos incurren en gastos adicionales que distorsionan la eficiencia del mercado. La corrupción aumenta los costos de transacción al añadir incertidumbre y gastos adicionales (sobornos), lo que desalienta la actividad económica legítima y reduce la eficiencia del mercado.
James M. Buchanan, otro prominente economista liberal, enfatizó la importancia de las instituciones en la configuración del comportamiento económico. Buchanan argumentó que las instituciones deben estar diseñadas para alinearse con los incentivos personales, promoviendo así el comportamiento cooperativo y honesto. En muchos países, la corrupción surge como una consecuencia de la debilidad institucional, donde las leyes y regulaciones no se aplican de manera consistente ni efectiva. La ineficiencia judicial y la falta de transparencia permiten que los actos corruptos queden impunes, creando un entorno donde la corrupción es una elección racional.
Además, Gary Becker postuló que los individuos tomarán decisiones corruptas si el beneficio esperado de la corrupción supera el costo esperado de ser atrapado y sancionado. En contextos donde las sanciones son bajas, la probabilidad de detección es mínima y los beneficios de los actos corruptos son altos, la corrupción florece como una elección racional. Así, las leyes deficientemente implementadas y la debilidad del estado de derecho no solo permiten la corrupción, sino que la fomentan.
Milton Friedman, conocido por su defensa del libre mercado y la mínima intervención gubernamental, también proporciona una perspectiva relevante. Friedman argumentó que la intervención excesiva del gobierno en la economía crea oportunidades para la corrupción. Cuando el gobierno tiene un control significativo sobre los recursos y la regulación, se incrementan las oportunidades para que los funcionarios exijan sobornos a cambio de permisos, contratos o favores. La simplificación de regulaciones y la reducción de la burocracia, por tanto, son esenciales para disminuir las oportunidades de corrupción.
La estructura salarial en el sector público también desempeña un papel crucial en la dinámica de la corrupción. Funcionarios mal pagados, enfrentados a tentaciones económicas diarias y a la percepción de que sus esfuerzos honestos no son recompensados adecuadamente, pueden considerar la corrupción como una forma de complementar sus ingresos. Di Tella y Schargrodsky encontraron que un aumento en los salarios de los policías en Buenos Aires resultó en una reducción significativa de la corrupción. Este hallazgo se alinea con la teoría de incentivos de Becker, que sugiere que para reducir la corrupción es esencial aumentar los costos asociados a la actividad corrupta mediante una mayor eficiencia en la detección y sanción de estos actos.
Además de las fallas estructurales y económicas, la corrupción también puede ser comprendida desde una perspectiva psiquiátrica. Según el psicólogo y psiquiatra Michael M. Caldwell, la corrupción puede estar asociada con trastornos de personalidad que implican una falta de empatía y una disposición a manipular a otros sin remordimientos, como el trastorno de personalidad antisocial. Las personas con estos rasgos tienden a ver la corrupción como una forma de obtener beneficios personales sin considerar las consecuencias para los demás.
Asimismo, el estudio de la psicología del comportamiento y la teoría de la disonancia cognitiva, como lo explica Leon Festinger, sugiere que cuando los individuos actúan de manera corrupta, pueden justificar sus acciones mediante racionalizaciones que disminuyen la disonancia entre su conducta y sus valores éticos. Este fenómeno se observa en contextos donde las normas sociales permiten o incluso fomentan la corrupción, permitiendo a los individuos percibir sus actos como aceptables o necesarios.
Desde una perspectiva sociológica, la corrupción puede ser vista como un reflejo de normas sociales y valores disfuncionales. La teoría del capital social de Robert Putnam sugiere que en comunidades donde la confianza en las instituciones es baja y las redes sociales están fragmentadas, la corrupción puede proliferar como una norma aceptada en lugar de una excepción. En tales contextos, la corrupción no solo se convierte en una respuesta racional a un sistema fallido, sino que también se perpetúa a través de prácticas y expectativas sociales arraigadas.
El positivismo legal, con su enfoque en la aplicación estricta de la ley sin consideración de factores morales o contextuales, ha sido criticado por su incapacidad para abordar adecuadamente la corrupción. Este enfoque, al centrarse en la interpretación literal de la ley, puede pasar por alto las realidades sociales y económicas que facilitan los comportamientos corruptos. Ignorar estos contextos puede perpetuar un sistema legal ineficaz y desconectado de la realidad.
Para combatir la corrupción de manera efectiva, necesitamos un enfoque que vaya más allá del positivismo legal. Es fundamental que nuestras leyes no solo sean claras y justas, sino que también se implementen y se adapten a las realidades sociales y económicas, así como a las complejidades de la naturaleza humana. Mejorar la eficiencia judicial, ajustar los incentivos económicos y reducir la burocracia son pasos esenciales en este proceso. Además, abordar las raíces psicológicas y sociológicas del comportamiento corrupto puede proporcionar una comprensión más completa y soluciones más efectivas.
Solo así podremos construir una sociedad donde la honestidad sea la elección lógica y el comportamiento corrupto sea la excepción. Es hora de actuar con decisión y transformar nuestras instituciones, considerando tanto la estructura de nuestras leyes como su aplicación práctica, y los aspectos inherentes de la naturaleza humana, para garantizar un futuro más justo y próspero.
Para concluir y como me recordó alguna vez mi querido y brillante amigo, el ilustre economista Carlos Alejandro Dávila Núñez: "La verdadera constitución es aquella que se escribe en el corazón de las personas con letras de oro". Esta observación subraya que, más allá de las reformas legales y estructurales, el cambio real y duradero en la lucha contra la corrupción requiere una transformación en los incentivos y valores que guían el comportamiento humano.