El Congreso promulgó la ley que precisa los alcances de la lesa humanidad, norma que restablece la legalidad y repara la injusticia cometida con militares y policías que derrotaron al terrorismo.
En aplicación de esta ley, que reitera lo que dice la Constitución, el Código Penal y otras normas –las leyes no son retroactivas–, deben salir libres militares y policías sentenciados injustamente con el criterio de lesa humanidad y anularse los procesos en curso.
No obstante, es posible que algunos jueces caviarizados y prevaricadores se nieguen a aplicar la ley, violando un principio esencial de la república, la división de poderes: el Congreso aprueba las leyes y el sistema judicial las aplica. Y si alguien tiene algún cuestionamiento, puede acudir al Tribunal Constitucional, que para eso existe.
Ya la mafia caviar ha movido sus tentáculos internacionales, incluyendo a la CIDH, para darles pretexto a los magistrados prevaricadores para burlarse de la ley. Un problema adicional es que gobiernos extranjeros mueven sus influencias para respaldar ese absurdo.
Pero nadie toma en cuenta lo que hacen otros países democráticos. Por ejemplo, Estados Unidos estableció tribunales militares secretos para juzgar terroristas después de los atentados del 11 de septiembre de 2001. Hace pocos días, un tribunal militar norteamericano sentenció a cadena perpetua a Khalid Sheik Mohammed (KSM), el cerebro del atentado, y a otros dos cómplices, después de llegar a un acuerdo con ellos, que se declararon culpables para evitar la pena de muerte (Wall Street Journal, 31/7/24).
Pero, al parecer por razones políticas, el secretario de Defensa Lloyd Austin revocó el acuerdo del tribunal militar (CBS, 3/8/24).
KSM fue capturado por la CIA en 2003 en Pakistán, luego llevado a prisiones clandestinas en Afganistán y Polonia, donde fue torturado –torturas permitidas también por las normas emitidas en 2001 por el gobierno de EEUU–, y llevado en 2006 a Guantánamo, donde está ahora.
Al jefe de Al Qaeda, Osama Bin Laden –y a varios de sus secuaces–, los ejecutó extrajudicialmente un comando SEAL de la Marina norteamericana, que entró ilegalmente en Pakistán en mayo de 2011, mientras Barack Obama –Premio Nobel de la Paz–, Joe Biden, Hillary Clinton y otros altos cargos observaban la operación desde la Sala de Situaciones de la Casa Blanca.
Si alguien arguye que los tribunales militares, las torturas y las ejecuciones extrajudiciales se aplican a extranjeros y no a norteamericanos, habría que replicar que eso no viene al caso, porque se trata de derechos humanos. Y esos terroristas, por más que sean criminales sanguinarios, son humanos.
Debo aclarar –porque la incomprensión lectora en el Perú es abrumadora– que no estoy haciendo un juicio de valor ante los hechos que he descrito. Creo que ante amenazas gravísimas, los Estados deben defenderse y tomar medidas excepcionales.
Pero es obvio que hay un descarado doble rasero. EEUU hace lo que hace porque es fuerte y poderoso. Pero a los débiles, ellos mismos pretenden imponerles otros estándares. Es inaceptable.