El último 28 de julio, nuestra “dinámica” presidente, pronunció el tradicional discurso de fiestas patrias. Entre los tantos anuncios del soporífero mensaje, se anunció la creación del Ministerio de Infraestructura, el cual absorbería entre otras cosas la recientemente creada Autoridad Nacional de la Infraestructura (ANIN).
Teniendo en cuenta que la ANIN fue creada con el objeto de centralizar y destrabar la ejecución de proyectos de gran envergadura de varias entidades -principalmente MTC, MINSA o la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), entre otros-, y que apenas ha logrado empezar a funcionar luego de muchos meses, durante los cuales se produjo una enorme afectación a la cadena de pagos de varios contratistas y sus proveedores, junto a un inevitable retraso en el avance de las obras que estaban asignadas a estos, quisiera entender: ¿Cómo van a evitar que las mismas circunstancias se vuelvan a repetir? Es como si el Estado o el gobierno no fuera consciente del impacto de sus decisiones, y solo buscara probar recetas que impactan seriamente al sector construcción, y aun sin haber visto resultados, intentan con otra.
Si a esto sumamos la reciente aprobación de la nueva ley de contrataciones del Estado, la cual incluye modificaciones absolutamente abusivas y desproporcionadas para limitar los mecanismos de defensa de los contratistas, frente a los posibles excesos del Estado, lo único que nuestros gobernantes generarán es ahuyentar a los posibles inversionistas, nacionales y extranjeros, quienes se abstendrán de participar de las licitaciones públicas, y con ello dar pie al incremento continuo del déficit de infraestructura en el Perú.
Antes de empezar a crear más entidades burocráticas, que se saben afectarán a uno de los motores de la economía, el Estado debería fijarse que el problema no radica en las entidades que manejan las carteras de los proyectos, sino en la calidad de los expedientes técnicos de los proyectos que son materia de licitación, que sumados a la indisposición de aceptar la necesidad de aprobar las correspondientes correcciones, convierten a los proyectos en poco atractivos o inejecutables. En efecto, y aunque el Estado se niegue a aceptarlo, existen enormes desfases económicos/presupuestales contenidos en los expedientes técnicos de los proyectos, lo que genera que una gran parte de las licitaciones queden desiertas. O, peor aún, se traducen en una obra inconclusa cuya terminación (en medio de las correspondientes controversias contra quienes la iniciaron) es todavía más compleja.
Para muestra un botón. El intercambio vial en la avenida Santa Rosa con Morales Duárez (Callao) -indispensable para el correcto ingreso a la nueva terminal del aeropuerto Jorge Chávez-, hasta antes de haber sido dispuesta su ejecución mediante los acuerdos Gobierno a Gobierno (G2G) a través del Gobierno Francés. Estuvo más de 2 años en procesos de licitación por parte del MTC. -de hecho, este año era el N° 001-2024-; sin embargo, en ningún momento obtuvo un ganador, entre otros porque los problemas más saltantes de aquel expediente original, se observaba un desfase de precios que hacía del mismo una obra no atractiva para cualquier postor.
Sin embargo, dado que los acuerdos G2G, y sobre todo los contratos NEC (New Engineering Contract) -que son los que normalmente se aplican para estos casos-, se basan en principios colaborativos, donde se prioriza entre otros, terminar la obra por encima del costo inicialmente previsto, siempre que la variación obedezca a un criterio razonable. Por ello es más que seguro que el proyecto posiblemente se concrete dentro de un plazo cercano al previsto, habida cuenta que hay disponibilidad de los recursos correspondientes.
Ante esto, la pregunta se cae de madura: Si el estado estaba dispuesto a “abrir la billetera” para que se materialice este proyecto, ¿Por qué esperó tanto tiempo para sincerar sus intenciones? En este caso perdieron más de dos años sin avance alguno. En todo caso, ¿Por qué no se abre de una vez la billetera para todos los proyectos? Los contratos NEC no son de uso exclusivo y restringido al G2G, cualquier entidad (con profesionales sin mezquindades) y predisposición para la culminación de las obras puede usar el mismo tipo de contrato. De hecho, algunas de las obras que ejecutaba la ARCC los utilizaban.
Hoy en día, todos estamos de acuerdo en que las obras deben ejecutarse de la mejor manera; sin embargo, si vamos a perder el tiempo ajustando ridículamente los presupuestos para que sean menores a una determinada cantidad, y con ello queden a disposición de una u otra entidad por intereses políticos o de cualquier otra índole, no vamos a llegar a ningún lado.
Está de más que se cree un ministerio o tres organismos autónomos, o cualquier otra fórmula nueva, porque independientemente del tiempo que pueda tomar su implementación, ello no resolverá el origen del problema, dado que este no radica precisamente en las entidades, sino la falta de apertura técnico/económica para mejorar la calidad los proyectos que se busca ejecutar.
Ciertamente, la contratación de obras a través del G2G y los contratos NEC, abren una puerta para que se pueda reducir la brecha de infraestructura que tiene el país, más si existiera la intención del Estado de sincerar los presupuestos y pagar los costos reales de las obras y la elaboración de la ingeniería con la calidad correspondiente, podemos ahorrarnos claramente el proceso del convenio internacional con otro estado.
Claro, esto implica que gran parte de la recientemente aprobada ley de contrataciones y todas sus trabas abusivas e innecesarias sea desechada aun antes de ponerse en vigencia. Imagínense que la norma tiene todo tipo de principios, menos uno en el que no puedan licitarse expedientes con presupuestos desfasados más de 6 meses, o simplemente “a pérdida” (como si los contratistas fueran beneficiencias). La palabra colaborativo aparece solo una vez, para cuando la obra sea de “alta complejidad”, es decir, que el estándar es actuar de manera restrictiva para no reconocer los costos de sus errores.
Finalmente, cuando señalo que el sector construcción está en riesgo, no solo lo hago por la posible paralización que pueda traer la creación del “Ministerio de Infraestructura” al momento de absorber y adjudicarse obras en ejecución o procesos en trámite, sino porque cualquiera que lea la nueva ley de contrataciones, claramente puede apreciar que las condiciones no están parejas para los empresarios nacionales frente a los extranjeros -sobre todo los que provienen de empresas estatales-, dado que estas últimas no son obligadas a traer o acreditar un monto mínimo como inversión de capital real en territorio nacional, pues que al recibir los adelantos cuentan con “líneas de crédito infinitas” para garantizarlos frente al Estado, lo que no solo relega a cualquier inversionista nacional, sino que deja indefensos a sus trabajadores si decidieran cerrar la puerta e irse intempestivamente.
Si a ello sumamos que con los convenios G2G se pueden generar preferencias para las empresas de la nacionalidad del Gobierno que es contraparte, estaremos dejando que las empresas nacionales pierdan oportunidades reales de crecimiento y se vean relegadas a convertirse/mantenerse como subcontratistas. Si el Estado va a abrir el caño, ¡Que lo haga de una vez! Pero para todos y bajo las mismas condiciones, o al menos nivelando un poco la mesa.