El mundo hoy ya no es un lugar seguro, menos en el Perú donde el crimen campea casi sin control. Cotidianamente la prensa nacional e internacional parece recordarnos que penosamente debemos convivir con asesinatos salvajes en modo “sicariato”, apuñalamientos públicos, atropellos intencionales, golpizas a ciudadanos inocentes como ancianos y niños, “migra-invasiones”, envenenamientos, virus o imposición violenta de la “ideología de género” (todo esto tanto por razones ideológicas como religiosas).
Sin ir muy lejos, ayer en el Perú fueron asesinados dos dirigentes sindicales, entre ellos el secretario general del Sindicato de Construcción Civil Arturo Cárdenas quien fue acribillado por un sicario cuando salía de su local sindical en La Victoria, y contra el dirigente sindical Américo Gonzáles Palomino, quien también fue asesinado en la misma modalidad anterior en San Juan de Lurigancho cuando se dirigía a un mercado de ese distrito. Desde esta columna expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros de trabajo.
Es necesario advertir que si criminales peruanos que están infiltrados en el sindicato de Construcción Civil pensaron que una alianza con la criminalidad transnacional les proporcionaría potencia de fuego, capacidad operativa, recursos económicos y logísticos así como la suficiente ausencia de escrúpulos y sangre fría necesaria para imponer un “dominio” sobre los demás sindicatos, se equivocaron, porque nada de eso será gratis, por el contrario, les será cobrado con sus propias vidas o las de sus inocentes compañeros como los asesinados Arturo Cárdenas y Américo Gonzales. Al final, si la “faitería” peruana se deja, su “exterminio” a manos de criminales extranjeros está “garantizada”.
Una muestra de la gravedad del asunto, entre otras, es el fenómeno de la compra compulsiva de armas por parte de los ciudadanos. Según Infobae del 15 de agosto del presente año, “durante el periodo de enero a julio de este año, el país importó 5,778 unidades de armas por un valor de US$ 1,47 millones, lo que representa un incremento del 18% respecto al mismo periodo del año anterior, según el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam)”. Si en los primeros seis meses se ha comprado tal magnitud de armas, los siguientes meses y años en que aumente la agudización de la criminalidad el número de armas será mayor, y ese será un problema adicional.
Respetamos y apreciamos el esfuerzo del gobierno peruano a través de su Ministro del Interior y del Comando de la Policía Nacional en ejecutar sendos operativos y capturar delincuentes, en su mayoría extranjeros; pero como vemos, no es suficiente esta loable labor si tenemos un Ministerio Público socavando la lucha contra el crimen y un Poder Judicial que toca la “comparsa” con ellos. Como dice el ministro Santivañez, el sistema “está podrido” y necesita una urgente reorganización.
Pese a todo ello, creemos que incluso si la reorganización del sistema judicial tuviera un relativo éxito, fuera totalmente insuficiente para enfrenar este fenómeno mundial de las “migra-invasiones” generadoras de violencia, sino se adoptan medidas radicales para fortalecer el sistema de defensa interior y exterior y el combate al crimen tenga medidas extraordinarias, más allá de los operativos, mas allá de la “resocialización”, como la cárcel perpetua y la pena de muerte, entre otros. Así de duro, así de difícil.
Sigamos bregando por llevar conocimiento a todos los sectores, incluso a nuestros opositores o adversarios políticos, para que sepan que tarde o temprano, si no nos ponemos de acuerdo de cómo vamos a enfrentar este fenómeno que arrasa de manera transversal, ni ellos ni nosotros sacaremos adelante nuestros país. A ponerse de acuerdo en seguridad entonces. ¡Sí se puede!