Hace unos días, mientras esperaba sentado a que me atendieran en una agencia de un conocido banco, me puse a conversar con el policía y el vigilante del banco. Al ver su revolver, le pregunté al vigilante si en el caso que ingresaran asaltantes al banco, utilizaría su arma para defendernos a todos. Me dijo que no. El vigilante me contestó que estaba prohibido de usar su arma y que, si lo hacía, sería despedido. Entonces le pregunté, ¿para qué diablos tenía un arma que no podía utilizar? Me respondió que él tampoco lo sabía. El policía también me comentó que tenía varios compañeros policías, que al defenderse de los delincuentes o defender a otros de un delincuente y utilizar su arma de reglamento, estaban con procesos penales, algunos detenidos y otros acusados de homicidio, razón por la cual él no creía que utilizaría su arma de presentarse una situación como la de un asalto. ¿En dónde queda entonces la seguridad ciudadana si los que deben protegernos están atados de manos?
Una de las principales obligaciones que tiene todo Estado en el mundo, es la de brindar seguridad a la sociedad civil. Esta es una obligación fundamental como parte del fin principal de todo Estado que es trabajar siempre con miras al bien común de la sociedad civil. Entendemos por bien común a todas aquellas condiciones mínimas objetivas y subjetivas que todo Estado debe procurar lograr otorgar a la sociedad civil, con el objeto que cada individuo logre su realización personal última, esto es, ser feliz. El bien común se divide en objetivo y subjetivo. Por bien común objetivo se entienden aquellas condiciones mínimas de orden material como la construcción de colegios, universidades, hospitales, carreteras, viviendas, alimentación, agua, comunicaciones, salud, educación, etc.; y por bien común subjetivo, entendemos aquellas condiciones mínimas de orden subjetivo como las libertades en general (circulación, opinión, prensa, asociación, religiosa, etc.); así como todos los derechos individuales de la persona, los hoy denominados derechos fundamentales de la persona o derechos humanos. Así mismo, debemos remarcar que el bien común es el fin fundamental de cualquier Estado, su razón de ser y de existir. De allí que un Estado que descuide el bien común o simplemente no lo tome en cuenta o abiertamente lo rechace, está destinado a desaparecer o a convertirse en una dictadura (Venezuela, Cuba, Nicaragua, etc.) o en un Estado anárquico y en crisis permanente, en donde la violencia o los denominados “conflictos sociales” irán imponiéndose, puesto que cualquier sociedad civil y las personas que la conforman, no podrían realizarse como personas, bajo un Estado que no tenga como objetivo fundamental, el bien común de la sociedad civil.
De otro lado, cabe recordar que la seguridad ciudadana es un derecho fundamental dentro del bien común y vital para que una persona pueda realizarse como persona, desde el punto de vista personal, familiar y profesional. En un ambiente de violencia y de inseguridad ciudadana, es muy difícil -por no decir imposible- que una persona pueda realizarse y que, por otro lado, cualquier Estado pueda trabajar por el bien común. Hoy podemos apreciar en diversas partes del Perú, como la violencia e inseguridad se han ido imponiendo por la delincuencia que va, desde la delincuencia común hasta el crimen organizado como pandillas y mafias por solo mencionar algunos grupos. Se ha podido establecer como sólo en el 2023, más de 2,600 bodegas, solo en Lima, han cerrado por encontrarse bajo extorsión y cobro de cupos. A esto hay que añadir el caso de farmacias, shops, restaurantes, grifos y chifas que son asaltados continuamente e inclusive varias veces en el corto plazo. Se trata de negocios de personas emprendedoras, comerciantes que apuestan por el Perú, que dan trabajo y se endeudan con bancos para financiar y sacar adelante sus negocios, asumiendo un importante riesgo, pero que luego son extorsionados y asaltados impunemente, ante la vista y paciencia de las autoridades. Todo ello los lleva a cerrar sus negocios, dejando en el desempleo a miles de trabajadores o a emigrar a otras ciudades o zonas del país en busca de seguridad para poner sus negocios.
Lo más triste de esta situación es que cuando la Policía Nacional (PN) actúa debidamente y detiene a los delincuentes, éstos son llevados a los jueces y fiscales los cuales, al poco tiempo, por diversos tecnicismos legales -o simplemente por cobardía al no asumir sus funciones y hacer lo que se debe hacer- liberan a los delincuentes, por lo que éstos continúan delinquiendo, con la seguridad y tranquilidad que, al ser detenidos, serán nuevamente liberados en el corto o mediano plazo. ¡La impunidad en toda su regla! Para colmo, la misma PN se ve impedida de actuar con todo el rigor de la ley, al no poder utilizar su arma de reglamento, puesto que, si la utiliza, inclusive para defenderse del delincuente que le dispara, el policía termina encarcelado, acusado penalmente y condenado. Actualmente existen más de 120 casos de policías en esa situación. El caso más reciente es el del policía Villegas que, al abatir a un peligroso delincuente con un gran prontuario, acabó detenido, acusado penalmente y condenado nada menos que a quince años de prisión, más al pago de una reparación civil de S/150 mil soles. ¡De Ripley!
Entonces, cabe preguntarse, ¿Existe justicia en el Perú? Ante jueces que no juzgan ni condenan a los delincuentes -todo lo contrario, los liberan-; ante fiscales que no acusan o que acusan bajo criterios políticos bajo ciertos intereses, ¿Dónde quedó la justicia en el Perú? En cuanto a la seguridad ciudadana, ¿Qué puede hacer la sociedad civil para defenderse ante tanta delincuencia impune, si el Estado no lo protege ni le brinda la seguridad debida? Pues, como en la época del terrorismo en los ochenta y noventa, comenzar a armarse para defenderse. Al fin y al cabo, el derecho a la legítima defensa es un derecho fundamental de todo ciudadano peruano, señalado en la Constitución política del Perú (art.2 numeral 23).
Hace unos días renové en la SUCAMEC la licencia de mis armas para defensa personal. Me comentaba el funcionario que me atendió, que cada vez más personas compran armas y tramitan su licencia correspondiente para defensa personal. Nos reíamos imaginando como el Perú se estaba convirtiendo en una especie de “Far West” (lejano o viejo oeste), en donde cada vez más, las personas estarían armadas para defenderse legítimamente de un asalto o robo, o para defender a balazo limpio su restaurante, tienda o negocio de los delincuentes asaltantes o extorsionadores. El detalle es que quien porte un arma, con su licencia para defensa personal, tiene que estar dispuesto a matar al delincuente en defensa propia. ¿Está usted preparado para ello? Esa es la cuestión. No se tiene un arma para asustar o herir al delincuente -si alguna vez ha disparado una pistola o un revólver, le garantizo que no lo va a poder hacer pues no es fácil, solo en las películas ocurre-; de lo contrario mejor no porte arma pues usted será la víctima si el delincuente tiene arma y usted no usa la suya. Esperemos que el Estado cumpla con el bien común y nos brinde verdadera seguridad. De lo contrario, tendremos a émulos de Clint Eastwood, Gary Cooper, el Justiciero o al Vengador Anónimo caminando por las calles de Lima, defendiéndonos y defendiéndose de los delincuentes. ¡El “Far West” versión peruana!