En el presente mes se aprobaron normas cruciales para enfrentar el avasallador fenómeno criminal que amenaza a todos los peruanos. La primera fue la Ley contra el Crimen Organizado, y la segunda, la ley que modifica diversos artículos del Código Procesal Penal (CPP). Esta segunda requirió de dos votaciones en el Pleno del Congreso: la primera, con 72 votos, y la segunda, con 80 votos, lo que le devolvió a la Policía Nacional la capacidad de intervenir con mayor autonomía en la investigación preliminar, precisando que el fiscal conduce jurídicamente (y no operativamente) dicha investigación. Gracias a los congresistas Fernando Rospigliosi, José Cueto y Alfredo Azurín, quienes se esforzaron para que este proyecto de ley llegue a ser aprobado, les damos nuestro eterno reconocimiento.
Sin embargo, no todo es felicidad, porque la promulgación de estas normas ha puesto de muy mal humor al sector "caviar" de la política peruana. Estos han "saltado hasta el techo" y desarrollado diversas estrategias de desinformación para oponerse a ellas (durante el periodo de sustentación en el Congreso y hasta antes de las votaciones), y luego para sabotearlas durante su ejecución. Esto se evidencia en cada presentación de ellos en los medios adictos al caviarismo, tratando de "demostrar" que las decisiones congresales han sido erróneas o que existe "complicidad" y favorecimiento al crimen. ¡Alucinante!
En el caso de la Ley contra el Crimen Organizado, los "caviares" tratan de demostrar que no se puede aplicar porque "no se puede intervenir ni terminar las diligencias", en alusión a una intervención con orden judicial en la que los abogados de oficio no llegaban. Pues bien, la norma no dice que si no está el abogado no se realiza la intervención, como quieren hacernos creer. Al contrario, se ejecuta y se puede asignar abogados de oficio. Que los fiscales no hayan previsto esto, y que los horarios de atención de abogados de oficio y fiscales coincidan con los horarios de oficina y no con el 24/7 policial, es un problema de los fiscales y no de la ley y su aplicación.
Por otro lado, respecto de la ley que modifica el CPP, tratan de sostener que es inconstitucional, refiriéndose sólo al artículo 154, inciso B, que habla de las funciones del Ministerio Público. Sin embargo, si hicieran un análisis de conjunto de la Constitución, incluyendo el artículo 166, que manda que la Policía “previene, investiga y combate el crimen”, fácilmente se darían cuenta de que uno se refiere a la acción operativa detectivesca o de pesquisa, y el otro es el orientador jurídico de la misma. Pero no, prefieren gritar a viva voz "inconstitucional" para darle gravedad a sus insulsas propuestas.
Entendemos esta desesperación enfermiza de los "caviares" por estar perdiendo el manejo y control del sistema de justicia, desde la investigación policial hasta las resoluciones que les favorezcan en el Tribunal Constitucional o en la Junta Nacional de Justicia. Aparte de su intromisión perniciosa en mandos medios de la Fiscalía por parte del IDL, como han informado todos los medios de comunicación. Pero ello no significa que tengan la razón, ni mucho menos. Las nuevas leyes deben cumplirse, muy a su pesar.
Este triunfo de la sensatez en favor de todos los ciudadanos es parte de esta batalla cultural que venimos enfrentando para frenar el avance incontenible del progresismo y sus variantes: los enquistados en centros superiores de estudios, medios de comunicación o en el plano internacional, y sus fenómenos criminales (Tren de Aragua y las masivas migraciones), entre otros. Por eso, la unidad de una derecha racional y organizada es lo que se necesita para nivelar el terreno y no permitir que el país se sumerja en las turbias aguas del globalismo salvaje. ¡Sí se puede!